En la aldea
24 julio 2024

Tres temas que requieren atención

Las demandas que cursan, por parte de víctimas de las FARC y el ELN, contra PDVSA, cuyo argumento central se basa en el apoyo del régimen de Chávez-Maduro a estas organizaciones terroristas, usando a PDVSA como instrumento de financiamiento. Por otra parte, desde el régimen insisten en una reestructuración de la Industria Venezolana de los Hidrocarburos; quedan pocas dudas sobre que el objetivo último de esta propuesta es distraer, con el deliberado propósito de ganar tiempo para mantenerse el poder. Y también para dejarlo claro, sobre la compraventa de instrumentos de valor, un inversionista institucional calificado es aquel que tiene bajo su control inversiones discrecionales en exceso e incluye, obviamente, grandes firmas de capital privado y de gestión de cartera de activos.

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Horacio Medina | 17 febrero 2021

Inmersos en la vorágine de acontecimientos que se suceden, uno tras otro, relacionados con nuestro país y los movimientos del régimen forajido que detenta el poder en Venezuela, no hemos descuidado un instante nuestra responsabilidad primordial desde la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. Por eso compartimos con ustedes tres asuntos importantes.

Demandas de víctimas de las FARC contra PDVSA

Sin duda, las consecuencias por las irresponsables decisiones y acciones que, desde el régimen Chávez-Maduro, se han tomado contra Venezuela y en beneficio del régimen para mantenerse en el poder, se hacen presentes de manera inocultable, especialmente en lo concerniente al patrimonio nacional. Lo sentimos y lo sufrimos en cada una de las demandas que cursan, de manera creciente, contra Citgo, muchas de las cuales se derivan de demandas contra la República que, por artilugios legales, terminan en PDVSA y en consecuencia van contra Citgo. Ahora estamos viendo unos casos inauditos, realmente alucinantes, pero que ponen en serio riesgo una parte del patrimonio nacional.

Nos referimos, en concreto, a las demandas que cursan, por parte de víctimas de las FARC y el ELN, contra PDVSA (al momento son diez), cuyo argumento central se basa en el apoyo del régimen de Chávez-Maduro a las FARC y al ELN, usando a PDVSA como instrumento de financiamiento a estas organizaciones terroristas y que, por lo tanto, los activos bloqueados de PDVSA, en los Estados Unidos, pueden embargarse basándose en la Ley Antiterrorista (ATA) y en la Ley de Seguros contra el Riesgos de Terrorismo (TRIA) de los Estados Unidos.

Los demandantes han citado con éxito, al propio gobierno de los EE.UU. para obtener una lista de algunas de las cuentas bloqueadas que se mantienen a nombre de PDVSA y sus filiales. Como consecuencia de dichas demandas se han logrado identificar cuentas bancarias y cuentas por cobrar, a favor de PDVSA, que superan los 130 millones de dólares estadounidenses. De hecho, tribunales en el Sur de la Florida, ya han ejecutado cuentas por cobrar, en favor de PDVSA, por montos que alcanzan los 19 millones de dólares. Debemos resaltar que, en estos casos, PDVSA no fue notificada oportunamente, y que, por lo tanto, se debe actuar a posteriori para tratar de recuperar los montos embargados.

En todos los casos se requiere la representación judicial de PDVSA para intervenir y cumplir con el propósito superior de proteger los intereses patrimoniales de los venezolanos que están seriamente amenazados, como consecuencia de las actuaciones irresponsables e irreconciliables con los intereses nacionales, y la seguridad regional, por parte de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Propuesta del régimen sobre reestructuración de la Industria de los Hidrocarburos: ¿Carnada para pescar o trapo rojo para distraer?

Desde el régimen insisten en una reestructuración de la Industria Venezolana de los Hidrocarburos. Algo importante, pero sin duda imposible de lograr mientras no cambie el régimen mismo. Quedan pocas dudas sobre que el objetivo último de esta propuesta es distraer, por una parte y, por la otra,  atraer incautos, con el deliberado propósito de ganar tiempo y espacio, para que el régimen continúe manejando al país con el solo propósito de mantenerse el poder.

Esta propuesta de Reestructuración ha sido presentada ante la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, estableciendo como única prioridad:

La recuperación en el menor tiempo posible de al menos 1 millón de barriles en la producción de petróleo crudo y gas. La propuesta está basada en la reorganización del sector de exploración, producción, transporte, almacenamiento, transformación y comercialización de hidrocarburos de Petroleros de Venezuela, S.A. y la simplificación de su estructura, eliminando su participación en negocios no petroleros”.

Esta propuesta tiene puntos acertados, pero luce absolutamente utópica, mientras se mantenga el régimen de Maduro, en el poder. De hecho, ya se han filtrado algunos supuestos acuerdos, donde PDVSA queda casi vendida en 8 bloques de negocio, donde se integra la petroquímica a cada Bloque y desaparece Pequiven. PDVSA solo quedará para las ventas internacionales que existan y se elimina su participación en negocios no petroleros. También se indica la intención de vender la participación en compañías de PDVSA América; modificaciones en las Empresas Mixtas; recuperación de las refinerías del país bajo un nuevo modelo de negocio; reducción progresiva del subsidio en el precio de los combustibles y algunas modificaciones del marco legal y fiscal.

Más allá de esta propuesta utópica, subyace, sin duda, una serie de negociones bajo el manto de la corrupción transversal que existe en el país, a lo cual debemos prestar mucha atención. Se trata de la entrega final de las cenizas de PDVSA, algo que compromete gravemente cualquier posibilidad futura de recuperación de la nación.

Citgo: Renegociación parcial de su deuda, y una aclaratoria contra malas intenciones

A pesar de las distintas informaciones y aclaratorias que hemos hecho públicas, todavía ruedan por las redes sociales muchos comentarios irresponsables y tendenciosos que sugieren “guisos” en la selección de los bonistas participantes en la renegociación de 650 millones dólares de Citgo, cuyo vencimiento estaba acordado para junio de 2022, lo que necesariamente implica que la negociación debía hacerse antes de junio de 2021, es decir este año. 

Algunos especialistas en sembrar dudas y levantar falsas acusaciones, afirman querer saber quiénes compraron los bonos y sugieren que se trata de personas inescrupulosamente favorecidas. Ignorancia supina y mala intención por delante. Sin embargo, hacemos el esfuerzo por aclarar, al máximo, que la nuestra ha sido una gestión transparente. Para decepción de los intrigantes de oficio, la Regla 144-A, adoptada para la negociación, en cumplimiento con la Ley de Títulos de Valores de Estados Unidos de 1933, ofrece una forma segura para el registro de determinadas reventas privadas de valores restringidos y provee una excepción a los requerimientos de registro de instrumentos de valor.

“Desde el régimen insisten en una reestructuración de la Industria Venezolana de los Hidrocarburos. Algo importante, pero sin duda imposible de lograr mientras no cambie el régimen mismo”

Esta excepción se hace para permitir que la compraventa de estos instrumentos de valor ocurra entre inversionistas institucionales calificados, lo cual permite crear un mercado que, en general, es tan líquido como el de los bonos registrados ante la Security and Exchange Commission (SEC). Para dejarlo claro en términos simples, un inversionista institucional calificado es aquel que tiene bajo su control inversiones discrecionales en exceso de 100 millones de dólares e incluye, obviamente, grandes firmas de capital privado como Blackstone, Carlyle, Blackrock, etc., y firmas de gestión de cartera de activos, tales como Fidelity, State Street, Vanguard, Eaton, etc.

Agregaremos que las ofertas bajo la Regla 144-A, se han convertido en los instrumentos de preferencia para los bonos de alto riesgo (“high yield”) el cual, es el caso de las emisiones de Citgo Petroleum Corporation (CPC) y Citgo Holding, Inc. dado su alto nivel de endeudamiento, producto de las irresponsables y negligentes gestiones ocurridas, a lo largo del régimen Chávez-Maduro. La velocidad a la que los emisores pueden acceder al mercado es mucho mayor para las emisiones bajo la Regla 144-A vs. las emisiones registradas ante la SEC. Ello permite a las compañías emisoras actuar de manera expedita y así asegurar términos favorables cuando estos son ofrecidos por el mercado.  Este fue el caso de la última emisión de CPC.

Finalmente, reiteramos nuestro firme compromiso de cumplir de manera responsable, con nuestras obligaciones establecidas en el Estatuto que rige la Transición y en el Decreto Presidencial No.3 sobre PDVSA ad hoc del 4 de abril de 2019. Ello además de ocuparnos del seguimiento de todos los temas inherentes a la Industria Venezolana de los Hidrocarburos, para optimizar nuestra propuesta para ese sector, clave de nuestra economía, cónsona con la realidad nacional, y en preparación para el momento de producirse el anhelado cambio en el modelo político de conducción del país.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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