Uno de los desarrollos políticos más visibles y novedosos de los meses recientes en Venezuela han sido las diversas iniciativas y actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil con miras a encontrar soluciones puntuales y no tan puntuales a problemas urgentes de nuestra sociedad. Esta es una buena noticia para todos quienes estamos comprometidos con la lucha por superar la Emergencia Humanitaria Compleja y aspiramos a la vuelta a la democracia en Venezuela.
Las organizaciones que conforman el muy variado y complejo mundo de la sociedad civil tienen características y objetivos por lo general bastante distintos entre sí y con las organizaciones políticas. Los propósitos de estas estructuras son diversos. Defienden derechos de la ciudadanía, y en ese sentido se organizan para atender problemas sectoriales, puntuales, derechos particulares. Organizaciones comunitarias y vecinales, por ejemplo, se centran en los problemas de sus vecinos; los sindicatos y gremios en luchar por los derechos del trabajador; las feministas, por el derecho de las mujeres; las indígenas por los derechos de comunidades indígenas; las empresariales por los derechos de los productores agropecuarios, manufactureros y comerciales; las ONG electorales, por el derecho al voto, y así.
Las organizaciones sociales son bastante distintas a los partidos políticos. Empezando porque no aspiran a gobernar a la sociedad. La vocación por el poder no es la finalidad de ellas. Tampoco están concebidas para construir programas políticos, pues cada organización más bien se ocupa de un aspecto, derecho o dimensión de la realidad. Están especializadas. Son los actores políticos quienes escuchando estas voces están llamados a tener una visión global, y así articular las complejas y diversas dimensiones de la vida en sociedad en proyectos de país. Los partidos oyen a las bases de la sociedad y a sus estructuras organizativas y con las propuestas tienen el desafío de diseñar apegados a ellos, un proyecto de futuro que garantice la paz y el disfrute de condiciones de dignidad y desarrollo para todos.
La disputa por el poder en Venezuela desde 1999 ha sido en torno a dos proyectos o modelos de futuro para el país, que se han percibido como antagónicos y excluyentes. El chavismo, como derivado de la izquierda radical latinoamericana, ha querido imponer un modelo donde las organizaciones sociales no son independientes sino parte del Estado socialista. En su modelo de futuro estas estructuras manejan políticas decididas por el Estado centralizado. Por ello, el gobierno de Nicolás Maduro -como también los de Chávez- rechaza a la sociedad civil, no la reconoce ni tolera su autonomía, y la criminaliza. El modelo democrático liberal, en contraste, concibe una sociedad que funciona gracias a que lo organizativo social primario es autónomo y desde esa posición demanda y controla a quienes ejercen el poder. Este desencuentro es muy relevante y explica las contradicciones y paradojas que sufren nuestras organizaciones sociales. Hoy en día la mayoría de estos grupos comunitarios de base están subordinadas al PSUV y al Gobierno. Su capacidad de autonomía es escasa y su dependencia a dádivas estatales muy importante. Sin embargo, existen organizaciones como las vecinales, o las ONG, o cristianas de base, que defienden su autonomía y luchan por la reinstitucionalización democrática del Estado, como el mejor camino para superar la crisis y volver a una vida cotidiana de paz y bienestar para todos.
Les ha resultado difícil a los partidos políticos, que han liderado las luchas por la redemocratización en Venezuela en estos últimos años, entender la importante sinergia que debe existir entre ellos y las organizaciones de la sociedad civil. Nuestros partidos y sus dirigentes en una porción relevante se formaron dentro de un modelo de sociedad donde el petroestado con sus recursos le permitió a los partidos tener una influencia predominante sobre las organizaciones de la sociedad. Muchos sindicatos, asociaciones vecinales en los barrios populares, cámaras empresariales, organizaciones estudiantiles, consolidaron una relación subordinada a las directrices y necesidades no de sus afiliados, sino de los partidos a los cuales pertenecían. El atractivo de ser recompensados por su pasividad por el papá Estado o el partido, sin mayor esfuerzo o sacrificio, fue demasiado tentador. Nuestra sociedad estructuró su tejido social desde arriba. Y, hasta hoy, muchos dirigentes políticos no aciertan a comprender que, para construir una sociedad democrática robusta, la dinámica debe cambiar. Ahora toca a los ciudadanos esforzarse por incentivar organizaciones desde abajo, desde lo micro y lo local, que sean autónomas para ir dándole fortaleza a una ciudadanía responsable, con valores de solidaridad y tolerancia, y con organizaciones capaces de perdurar sin dádivas estatales. Ahora el tejido social necesario para sostener un proceso de cambio político para todos debe traer una dinámica desde abajo.
El cambio de esta dinámica implica la construcción de unas relaciones entre partidos y organizaciones de la sociedad civil donde se respeten en su diversidad, se reconozcan en su complementariedad y se respeten en sus autonomías. Para ello, debieran incentivarse espacios para conversar, pero también para una deliberación compartida en aras de dibujar nuevas estrategias para esta nueva etapa de la lucha. Los partidos han estado enfrascados en un juego suma cero con el Gobierno, que ha fracasado. A partir de este 2021, debilitados y fragmentados, necesitan descender a tierra, reconocer los errores, aprender de ellos, contactar a sus bases y a las bases de la sociedad para traer nuevas ideas que alimenten una estrategia más compleja y de diversos carriles, menos inmediatista, idealista y radical. Se trata de recuperarse de la derrota y acumular fuerzas, para volver a ganar la confianza del ciudadano. Las organizaciones civiles, focalizadas en derechos y problemas puntuales, conectados de muchas maneras con la población pobre y necesitada, con experiencias en los más diversos campos, son compañeros especialmente dotados para esta etapa.
Es un camino difícil, complejo y posiblemente lento, con pasos secuenciales y acumulación creciente de fuerzas. Creo que si la dirigencia política logra entender esta nueva realidad y reconoce la necesidad de ampliar las bases sociales y políticas que concurren para establecer y desarrollar las nuevas estrategias, el camino se irá aclarando y podría recuperar la confianza de la población, que bastante falta que hace para reemprender los esfuerzos de redemocratización. En un contexto de trabajo desde las bases, se crearían condiciones favorables a la recuperación de la confianza de la población hacia ellos, pudiendo reconquistar la representación y legitimidad necesarias para concurrir con fuerza y solidez sociopolíticas a procesos de negociación, imprescindibles para superar nuestras severas precariedades.