Lo ocurrido este martes 22 de junio durante la sesión de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2020, evidencia el talante de quienes ejercen el poder en Venezuela. No importa cuántas capas de barniz democrático se echen porque las circunstancias los obligan, ya que su esencia siempre aflora, incluso ante la oposición hecha a su medida.
Así, mientras parecen hacer guiños con una bandera blanca de paz, llamando al diálogo y hasta diciéndose dispuestos a negociar con quienes disienten de su manera de obrar para así tomarse la foto requerida e intentar librarse de sanciones y otras limitaciones, en verdad parece que montan la mesa para seguir adelante bajo sus reglas y condiciones hasta el “dos mil siempre”, como auguraba Hugo Chávez.
De allí la importancia de las escenas del hemiciclo con la aplanadora roja empujando la aprobación -en segunda discusión- de la Ley de Ciudades Comunales con la que se terminarán desviando potestades de alcaldías y hasta de las gobernaciones hacia una nueva estructura aupada por el chavismo. A quienes tenían opiniones contrarias a la Ley en “discusión” se les suprimía de la transmisión pública de la sesión o simplemente se les retiraba el derecho de palabra en una manifestación clara de la posición de dominio del chavismo.
Aunque siguen abriendo espacios a una oposición raquítica para decir que existe pluralidad, en la práctica lo que hacen es cerrarle opciones.
Basta ver el impulso que el régimen le dio de pronto a la Ley de Ciudades Comunales, pues frente a eventuales debilidades propias y dada la mirada crítica del mundo ante su autoritarismo, materializado claramente en este segundo mandato presidencial forzado, parece haber llegado la hora de la excusa comunal para seguir garantizándose el control del poder.
El sistema comunal va y viene a utilidad del chavismo desde 2010, tomando la velocidad de las circunstancias, dejándolo dormir de tanto en tanto, hasta blandirlo cuando se convierte en fórmula para garantizar su continuidad y nada más, como ahora.
Ese supuesto protagonismo del pueblo a través del sistema comunal no es más que una nueva concentración del poder en pocas manos, las de un Estado secuestrado durante cuatro lustros por gente que cree en todo menos en la democracia.
Lo ocurrido en la Asamblea Nacional, en todo sentido, es una muestra en microscopio de un fenómeno que por dos décadas ha carcomido la institucionalidad del país y vulnerado hasta los principios fundamentales de nuestra sociedad.
Queda claro que no se trata de “ganar espacios”, como esgrimen algunos, se trata de realmente intentar que se produzca un cambio en el país blindándose ante los retruques y carambolas de quienes estimulan la anemia moral como su ecosistema más propicio. Un reto inmenso para el que parece que los venezolanos todavía no tenemos respuestas.