Mientras usan las sanciones como excusa para intentar justificar la negligencia con la que gobiernan, la Nomenclatura madurista nos restriega en la cara el despilfarro de fortunas inexplicables.
Vemos un Ferrari con un lazo enorme estacionado a las puertas de una clínica; la inauguración de otro bodegón con todo tipo de productos importados; fiestas fabulosas desde despedidas de solteras, pasando por bautizos, bodas, piñatas, cumpleaños, graduaciones de bachilleres y hasta cumple meses de los bebés. Encontramos decenas de cuentas que piden dinero para pagar tratamientos médicos, solicitudes de medicinas, profesionales que anuncian que perdieron sus empleos, más noticias tristes de venezolanos que mueren fuera del país, prácticamente solos, caminantes que son rescatados en lejanos parajes del Continente, familias enteras siguen llegando a los Estados Unidos por la frontera con México, a riesgo de sus vidas, sin ninguna garantía de conseguir asilo y no ser deportados; y otros salen en precarias embarcaciones hacia Aruba, Curazao o Trinidad. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más evidente y eso es una muestra más del fracaso de “la Revolución del Siglo XXI”.
Invierten recursos en propaganda, pero la realidad no se puede esconder. Mientras unos derrochan, la mayoría no disfruta ni siquiera de los servicios básicos. Enfermarse, por ejemplo, es la peor calamidad, tal como lo refleja el más reciente informe de Codevida y Amigos Trasplantados de Venezuela. Los enfermos crónicos se llevan la peor parte, meses de agonía e incertidumbre, se suman al padecimiento. Los enfermos renales que esperan por trasplantes viven la impotencia de no saber si van a sobrevivir. Este 2021, doce niños han fallecido esperando ser trasplantados. Las unidades de diálisis en los hospitales públicos muchas veces suspenden las sesiones porque no hay agua, por ejemplo, y la salud de los pacientes se deteriora.
En el informe final que presenta Codevida y Amigos Trasplantados de Venezuela, las ONG que se encargan de apoyar, hacer seguimiento e informar de la situación de las personas con enfermedades crónicas, destaca que: “Durante las últimas dos décadas, el Gobierno revirtió la descentralización de los centros de salud pública en 17 de los 24 estados, y en la actualidad más de 70% ha perdido gran parte de sus capacidades operativas debido al masivo retiro de personal de salud, la severa y permanente escasez de insumos y medicamentos, y la paralización de servicios, unidades y equipos esenciales para la atención de las personas usuarias. En particular, el MPPS es responsable del Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (PNDT) y del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT). Ambos se encuentran suspendidos desde 2017”.
Francisco Valencia, Presidente deAmigos Trasplantados de Venezuela, es tajante a la hora de desmentir las vocerías que insisten en que ha sido la aplicación de las sanciones económicas, el origen de los problemas en el sistema de salud en Venezuela: “Quien dé una declaración alegando que la suspensión de los programas de trasplantes en Venezuela se debe a las sanciones, no tiene idea de la situación y la historia de los trasplantes en Venezuela. Esa decisión se originó por la crisis que se venía acentuando desde el año 2015, con la escasez de medicamentos y la crisis hospitalaria. Fue mucho después cuando llegaron a sanciones, muchas de ellas sanciones individuales; recientemente es que hay sanciones al régimen de Maduro, pero la situación se debe simplemente a la voluntad de hacer las cosas. Cómo hay recursos para vender una refinería y utilizar el dinero para pagar bonos o vez que se gasta en compra de armamento, no hay excusas. Ninguna sanción internacional ha bloqueado la ayuda de medicamentos, insumos o la posibilidad de reactivar el programa de trasplantes. Quiénes hablan del bloqueo que ha ocasionado el Gobierno interino de Guaidó con Citgo, no dicen la verdad; Citgo dejó de pagar los trasplantes de médula, que no son los otros trasplantes, para ayudar a los niños, en la época que estaba Rafael Ramírezcomo presidente de PDVSA, no tiene nada que ver con el Gobierno interino o con la actual situación de Citgo. Es una deuda que se viene acumulando de muchísimos años atrás, sólo para trasplantes de médula, porque también desmontaron ese programa que se llevaba en Venezuela, PDVSA decidió hacer un convenio internacional, en la época de Rafael Ramírez, para enviar niños pacientes a Italia, para que se les hiciera el trasplante y mantenerlos mientras se recuperaban, pero todo esto se dejó de pagar en esa época, no hay justificación alguna de que digan, hoy en día, que se eliminó como consecuencia de las sanciones y mucho menos por el Gobierno interino o por la oposición, absurdo”. Explica.
En el informe se detalla que: “Prácticamente todo el sistema sanitario del país y el referido a la atención de las personas con insuficiencia renal, se desplomó a partir de 2015 y se ha mantenido así hasta la fecha. El gran colapso del sistema ha sido consecuencia de varios años de desmantelamiento institucional y deterioro de las capacidades del país para proporcionar bienes y servicios sanitarios esenciales en todo el territorio nacional. Esto ocurrió pese a la existencia de un claro mandato constitucional y de autoridades nacionales e instituciones con responsabilidades y estructuras definidas para garantizar los derechos a la salud y la vida”.
Continúan utilizando las sanciones como excusa de la ineficiencia y la corrupción que han ocasionado el menoscabo de la salud de los venezolanos. El informe que presentan Amigos Trasplantados de Venezuela y Codevida, recuerda que: “Los servicios de trasplante de riñón en Venezuela se expandieron progresivamente entre 1997 y 2014, alcanzando un promedio de 220 trasplantes por año en 2014 (56% de donantes fallecidos). Sin embargo, entre 2015 y 2018, el número de trasplantes disminuyó a 102 por año”.
También el informe explica que: “El 1 de junio de 2021 se cumplieron cuatro años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) que impide realizar trasplantes con donantes fallecidos, un retroceso médico a 54 años de que se realizara el primer trasplante de este tipo en Venezuela, sin que haya expectativas de la reactivación del mismo. De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) más de 960 personas no pudieron ser trasplantadas desde 2017 como consecuencia directa de la paralización del programa, 150 de los afectados serían niños de la Unidad de Nefrología del Hospital JM de los Ríos y el Hospital Militar Carlos Arvelo, ambos ubicados en la ciudad capital, representando 15,6% del universo de personas que esperan por un trasplante renal”.
A todo esto hay que sumar las fallas en el suministro eléctrico, de agua potable y la escasez de combustible, elementos que se suman a la angustia de los enfermos y sus familias. “Las 38 personas con enfermedad renal entrevistadas para este informe destacaron que la escasez de combustible les afecta no solo su rutina de vida, sino la posibilidad de acudir a las unidades de diálisis para recibir sus tratamientos (hemodiálisis e inmunosupresores, según corresponda)”, se explica en el informe que detalla con datos verificables, la real situación de los enfermos renales.
Hemos visto como, mientras miles hacen largas colas para surtir gasolina, zarpan barcos con destino a Cuba, para proveer a la Isla del combustible que escasea en nuestro país.
“Hasta el momento, 5.636.986 venezolanos han emigrado de Venezuela como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que sufre el país. De acuerdo con datos publicados por ACNUR/OIM en 2018, al menos 54% de estas personas se vieron obligadas a abandonar el país por razones de salud, relacionadas con falta de medicinas o servicios. Debido a la desestructuración del sistema público nacional, es posible que aumente el número de venezolanos que deberán huir por nuestras fronteras para buscar atención médica oportuna”. El documento finaliza con una serie de recomendaciones para garantizar el derecho a la salud de las personas con problemas renales. Destaco una que parece básica, reconocer y decir la verdad: “Desistir de conductas de negación, omisión y manipulación sobre el grave abatimiento del sistema sanitario a nivel nacional, lo cual compromete responsabilidades nacionales e internacionales del Estado con el derecho a la salud y la vida de la población venezolana, entre ellas miles de personas con problemas renales crónicos y millones con diabetes e hipertensión arterial por causa de la escasez de medicinas y la inutilización de los servicios y programas sanitarios, incapacitados para prestar una atención mínima adecuada”.
El contenido del informe es un alerta, se han perdido vidas y otras están amenazadas si no se toman los correctivos de forma inmediata. Es preciso multiplicar la información, las coartadas oficiales son inaceptables.
Esconder la realidad no la elimina, destacar el derroche de unos pocos como síntoma de que la situación de los venezolanos ha mejorado, es mentir.
informe sobre la privación de los derechos a la salud y a la vida de personas con enfermedad renal crónica… by La Gran Aldea on Scribd