Londres.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 designó el 26 de abril tiene poco de nuevo. Pero no solo porque 12 de sus miembros ya venían desempeñándose como magistrados; es decir el 60%, sino porque el 90% de los 20 integrantes del máximo juzgado simpatizan con el chavismo, bien sea porque militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), porque ocuparon cargos en el Gobierno o en otros poderes del Estado o porque tienen algún nexo afectivo o familiar con otros funcionarios. Sin embargo, ¿a quién responde la mayoría de los recién designados?, ¿a Nicolás Maduro o a alguien más?
La remodelación del organismo rector del Poder Judicial no solo probó que eran falsos los anuncios y las promesas de “reinstitucionalización profunda” lanzadas desde el poder, y en las que al parecer creyó esa parte de la oposición agrupada en el Foro Cívico, sino que exhibió las luchas internas existentes entre las distintas facciones del oficialismo.
La designación de los magistrados debió producirse el 25 de marzo, de acuerdo con los lapsos previstos en la reforma de la Ley Orgánica del TSJ que el Parlamento aprobó en enero pasado y que abrió las puertas a estos nombramientos. No obstante, cuando parecía que se iban a comenzar a presentar los nombres de los funcionarios, el presidente de Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, solicitó que el asunto fuera aplazado para “profundizar”.
“Miraflores sigue teniendo bajo su egida a la Sala Constitucional, lo cual no es poca cosa porque esta instancia ha dejado en claro que no le tiembla el pulso hasta para reescribir la Constitución”
“La decisión que tomemos va a afectar positiva o negativamente el futuro de la nación y, es por ello, por lo que quiero unas reflexiones finales: Ese listado que vino del Poder Ciudadano no tiene ni siquiera 72 horas de análisis. Producto de la importancia del trabajo que debemos llevar adelante creo que debemos seguir trabajando la propuesta para que todos y cada uno de nosotros se empape sobre estos ciudadanos”, justificó.
La petición fue respaldada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pese a que aseguró que “nos hemos reunido con todos y todas. Con los sectores políticos, los económicos, los sociales, con organizaciones gremiales, con exmagistrados y con los magistrados del TSJ”. Aunque Rodríguez aseguró que el tema solo sería pospuesto por “unas horas”, pasaron los días y las semanas sin que hubiera nombramientos. No fue sino hasta un mes después que el tema se abordó con el resultado ya conocido. ¿Pero cuál era el problema? “En el chavismo no se ponían de acuerdo en los nombres”, aseguraron fuentes del máximo juzgado.
Un frágil equilibrio
La labor de repartir las sillas en el TSJ nunca ha sido tarea sencilla, pues es un organismo muy deseado debido a las altas remuneraciones que solían cobrar los magistrados, y lo largo de su mandato (12 años). Sin embargo, en esta ocasión la misión resultó más complicada debido a la decisión del chavismo de reducir el número de miembros de la instancia desde los 32 que venía teniendo desde 2004 a 20.
“Eso fue un error”, afirmó una de las magistradas que aspiró sin éxito a ser reelecta. “Este es un Gobierno clientelar y necesita pagarles favores a los suyos, pero no los puedes pagar si tú mismo rebajas las cuotas de cargos”, razonó.
“La flamante nueva presidenta del máximo juzgado ha logrado lo que nadie hasta ahora en la V República, recuperar las riendas del organismo rector del Poder Judicial después de haberlas perdido”
No obstante, tras duras negociaciones, al final el grupo encabezado por Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, parece haberse impuesto. Al menos eso es lo que aseguraron a La Gran Aldea dos fuentes conocedoras del Poder Judicial y quienes coincidieron en señalar que los ocupantes del Palacio de Miraflores tienen la mayoría de los magistrados y, sobre todo, controlan la todopoderosa Sala Constitucional, así como la Penal y la Social.
“Gladys Gutiérrez, Calixto Ortega, Luis Damiani (todos ellos magistrados de la Sala Constitucional) responden a Maduro y a su esposa. Diosdado Cabello solo tiene a Lourdes Suárez, y Jorge Rodríguez logró hacerse con una ficha al colocar a Tania D’Amelio”, afirmaron las fuentes, quienes agregaron: “En las salas Penal y Social dos de los tres magistrados que las integran también están alineados con Miraflores (Elsa Gómez y Maikel Moreno, en el caso de la Penal y Edgar Gavidia y Carlos Castillo Ascanio)”.
Por su parte, Cabello habría logrado hacerse con la Sala Político Administrativa, instancia que tiene la capacidad de conocer asuntos como expropiaciones, demandas patrimoniales contra el Estado y revisar la nulidad de decretos y demás normativas de rango sublegal. “Barbara César y Juan Carlos Paladares responden al diputado, mientras que el reelecto Malaquías Gil está alineado con Maduro”, apuntaron los informantes.
“La remodelación del organismo rector del Poder Judicial no solo probó que eran falsos los anuncios y las promesas de ‘reinstitucionalización profunda’ lanzadas desde el poder”
En la Sala Electoral la situación es más complicada. ¿El motivo? La posición del también reelecto Inocencio Figueroa. El exdecano de Derecho de la Universidad Santa María llegó al máximo juzgado en 2014 con el respaldo de Primero Justicia. Sin embargo, durante los casi ocho años que tiene en el organismo ha dejado en claro su alineación con el chavismo, al votar con sus colegas “rojos” y no cuestionar prácticamente ninguna decisión.
“Figueroa está alineado con Diosdado Cabello, aunque también hay quienes dicen que es muy cercano a (el contralor) Elvis Amoroso, quien a su vez responde a Maduro”, apuntó uno de los informantes. “La reelecta Fanny Márquez es cercana a Cabello, mientras que la nueva Caryslia Rodríguez es considerada del grupo cercano a Miraflores”.
En la Sala Civil, por su parte, el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), habría sido el impulsor del desembarco del expresidente de la Corte Marcial, Henry Timaure.
El gran derrotado y la sorpresa
Pero en la distribución de las 20 sillas del TSJ no todos los grupos del oficialismo salieron bien parados. El gran perdedor es la facción que encabezaba el expresidente de la Asamblea Nacional y exgobernador de Carabobo, Francisco Ameliach. Las dos magistradas vinculadas a él. María Carolina Ameliach, hasta el mes pasado presidenta de la Sala Político Administrativa; e Indira Alfonzo, quien encabezó la Sala Electoral y también el Consejo Nacional Electoral (CNE), perdieron sus puestos y ni siquiera quedaron relegadas al nivel de suplentes.
La vuelta de Gladys Gutiérrez al TSJ fue toda una sorpresa. La flamante nueva presidenta del máximo juzgado ha logrado lo que nadie hasta ahora en la V República, recuperar las riendas del organismo rector del Poder Judicial después de haberlas perdido, algo que sucesores suyos como el fallecido Omar Mora Díaz intentó sin éxito. Gutiérrez, además, regresa colocando sus fichas. Así la magistrada tiene al menos dos magistrados suplentes muy cercanos a ella: Francia Coello y Silio Sánchez. Este último fue director general de Administración y Servicios del TSJ durante su primera presidencia (2013-2017).
Siguiendo el mal ejemplo
Algo llamativo de esta remodelación, la sexta que sufre el máximo juzgado desde el año 2000, es que la oposición, tanto la parlamentaria como la que no está en el Hemiciclo, parece haber copiado algunas mañas del chavismo, como la de impulsar las candidaturas de personas con nexos familiares con otros funcionarios o a quienes han ocupado otros puestos en otros poderes del Estado. Al menos ese es el sabor de boca que dejan las designaciones de José Luis Gutiérrez Parra y de Luis Emilio Rodón, como magistrado principal de la Sala Civil y suplente de la Político Administrativa, respectivamente. Gutiérrez es hermano del secretario general de la Acción Democrática (AD) intervenida por la Sala Constitucional; mientras que Rondón es hijo del exdirigente y exdiputado Luis Emilio Rondón y además fue rector del CNE.
Lo arriba descrito deja entrever que Miraflores sigue teniendo bajo su egida a la Sala Constitucional, lo cual no es poca cosa porque esta instancia ha dejado en claro que no le tiembla el pulso hasta para reescribir la Constitución. No obstante, si la correlación de fuerzas es como la dibujan las fuentes consultadas la Sala Plena, instancia donde se dicen asuntos como los antejuicios de mérito contra las altas autoridades del Estado, no están bajo el control de ningún grupo en particular del oficialismo y, por lo tanto, las negociaciones deberán imperar.