El pasado 7 de junio un grupo de jóvenes activistas de Voluntad Popular conmemoraba, en la Avenida Libertador, a Neomar Lander. Ese día se cumplían 5 años de su asesinato en el contexto de las manifestaciones de 2017. Los jóvenes, como tantos otros a su edad, pintaban un grafiti en la obra limpia de la rampa hacia el oeste de la ciudad en homenaje al compañero muerto en ese mismo lugar. Jholbert Godoy, Argelia Rovaina, Carlos Maneiro y Luis Martínez fueron detenidos por la Policía de Chacao y luego presuntamente trasladados al Helicoide.
De acuerdo con las declaraciones de Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, los jóvenes habían sido trasladados a la sede de PoliChacao por cometer actos vandálicos, y allí esperaban que se realizara la charla correspondiente al tipo de falta que habían cometido. En ese lugar se habría presentado una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quien se hizo cargo del caso y procedió al traslado de los jóvenes.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que fueron detenidos otros cinco jóvenes: Greisbe López, Julio Pérez, Armando Gale, Ronaldo Macho y Yosmar Rodríguez. Estos jóvenes no participaban en la protesta, fueron detenidos en una unidad de transporte público a la que habían subido los manifestantes. Luego de 30 horas de reclusión, el 8 de junio estos cinco jóvenes fueron liberados. En la noche del 9 de junio los cuatro jóvenes que protestaban están siendo presentados en tribunales imputados por instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública. Al momento de escribir estas líneas aun no se sabe el resultado de la audiencia de presentación, en la que podrían dictarles una medida privativa de libertad.
“Si los derechos de uno se vulneran, los derechos de todos los demás están también en riesgo”
Aun cuando el alcalde de Chacao ha rechazado que el motivo de la detención fuera el contenido del grafiti, que hayan pasado casi 48 horas de la detención de los jóvenes y aun no se tengan noticias suyas podría desmentir su alegato, sin importar que hable sobre “detenciones injustas” después del escándalo desatado en las redes sociales con la noticia.
Toca entonces hablar del mensaje que causó la detención y que ya fue borrado de las paredes de la Avenida Libertador. Los venezolanos no hemos sido muy proclives a cultivar la memoria. Caracas ha derrumbado casi por completo su centro histórico, los nuevos proyectos y usos son más importantes que conservar nuestro legado. Y no solo en el centro, también pasa con la arquitectura modernista de diversas urbanizaciones de la ciudad, una edificación tras otra cae en nombre del “progreso”, incluso aunque hayan sido declaradas obras patrimoniales. Quizás deberíamos hacer un monumento a nuestro desapego, tratar de encontrar en esa tendencia una virtud cercana a las propuestas del budismo.
En nuestra cultura política tampoco hemos dado mayor importancia a la memoria. Las historias de prisión, tortura y exilio del siglo XX, tanto en tiempos de Juan Vicente Gómez como de Marcos Pérez Jiménez, están presentes en la historia oral, en nuestra literatura y hasta en las telenovelas ambientadas en esas épocas. Sin embargo, nuestro sistema político no ha tramitado institucionalmente una memoria de la represión. No solo no tenemos espacios físicos dedicados a la memoria, estos crímenes tampoco fueron juzgados luego de los cambios políticos. Estos temas tampoco forman parte de lo que estudia cualquier niño cuando cursa Historia de Venezuela en nuestro sistema educativo.
“Los detenidos, torturados y asesinados en el marco de las protestas de 2014 y 2017 son aún muy recientes”
Las descripciones de nuestro sistema político democrático solían resaltar la tendencia a evitar el conflicto abierto y la conformación de un sistema populista de conciliación, como diría Juan Carlos Rey. En el marco de las alianzas necesarias para el mantenimiento de la democracia, me imagino que se decidió no juzgar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Los juicios a los altos mandos del gobierno militar se concentraron en casos de corrupción y yo no recuerdo historias de generales detenidos y solo muy pocos nombres de exiliados. Podría pensarse que esta impunidad era el precio a pagar por la paz y la estabilidad de la democracia naciente. Probablemente así fue. Pero el costo terminó siendo demasiado alto. Estos cuerpos de seguridad, a los que probablemente solo se les cambió el nombre y los más altos responsables, antes dedicados a perseguir adecos y comunistas, constituían una máquina útil también para perseguir guerrilleros. O secuestradores de empresarios extranjeros. O supuestos guerrilleros colombianos, que luego resultaron ser sencillos pescadores de El Amparo.
Y aunque el chavismo se haya ocupado de proclamar a los cuatro vientos el carácter represivo de los gobiernos que lo precedieron, tampoco los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han cumplido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso con casos que son efemérides de la revolución, como el 27 de Febrero. Allí la memoria de lo ocurrido se instrumentalizó para obtener apoyo político, pero no se adelantó ni un milímetro en el reconocimiento y la reparación a las víctimas.
No cultivar la memoria supone ese riesgo: no prevenir las atrocidades futuras. Desde mi punto de vista, es un costo demasiado alto para lograr la paz y no necesariamente permite la reconciliación. Borrón y cuenta nueva, solo significa que habrá nuevas atrocidades qué contar.
“Aunque el chavismo se haya ocupado de proclamar a los cuatro vientos el carácter represivo de los gobiernos que lo precedieron, tampoco los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han cumplido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
Los detenidos, torturados y asesinados en el marco de las protestas de 2014 y 2017 son aún muy recientes. Además, siguen gobernando esos mismos victimarios. Es de esperar que el Gobierno nacional no quiera que recordemos lo ocurrido, pensando que la desmovilización de los años recientes es una paz que podría lograr mantenerse si el pueblo olvida aquellas víctimas. Pero a diferencia de 1936 y 1958, los partidos de un bando y otro ya no son los únicos actores políticos: no solo ahora existen organizaciones de derechos humanos, también las propias víctimas se han organizado. Olvidar ahora no va a ser tan sencillo como lo fue en el pasado.
El papel de la Alcaldía de Chacao, cooperando con la Policía Nacional (o llamándola, quién sabe) nos ilustra cómo serán las voces que creerán favorecer una democratización prometiendo, entre otras cosas, olvido. No toman en cuenta que si los derechos de uno se vulneran, los derechos de todos los demás están también en riesgo. Creerán que la impunidad no les afectará, que están a salvo.
Pero hace cinco años murió Neomar por protestar y hoy 7 jóvenes desaparecen dos días por un grafiti. A lo mejor mañana puede ser perseguido un político por decir que una detención es ilegal o por querer ser presidente. La verdad es que nada lo impide. Quizás por eso tantos partidos y dirigentes han decidido que es mejor callar.
*Socióloga, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea.