A propósito del caos vial en la ciudad, que motivó la realización del Simposio El Caos vial de Caracas de 2007 y su reedición en 2012, como iniciativa de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, he venido comentando los signos observados en la red vial principal de la trama urbana:
-Congestionamientos frecuentes;
-Baja velocidad de operación;
-Ineficiencia del sistema de transporte público, superficial y subterráneo;
-Alta sensibilidad de la trama vial ante cualquier eventualidad;
-Uso intenso de vías secundarias por parte del tránsito de paso, entre otros;
Algunos efectos:
-Pérdida de tiempo en horas-hombre;
-Incremento en el consumo de combustibles;
-Aumento en los niveles de contaminación;
-Agresividad de los usuarios víctimas del estrés.
En entregas previas, se abordaron los temas del desarrollo urbano y la planificación, así como la congestión del tránsito, para llegar en esta oportunidad a las consideraciones sobre los aspectos legales, producto de la discusión entre expertos, quedando pendiente los aspectos económicos de significación.
En cuanto a la legislación, vale recordar que entre 1962 y 2001 las regulaciones nacionales no observaban el transporte terrestre desde una visión sistémica; de hecho, el transporte de pasajeros, carga, entre otros temas, fueron regulados mediante instrumentos complementarios, como decretos y resoluciones. Fue en 2006 cuando la Asamblea Nacional comenzó a trabajar en la reforma de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de 2001, que llevó a la Ley de Transporte Terrestre, vigente desde 2008 y hasta ahora. Es oportuno señalar que el Reglamento correspondiente no se desarrolló, quedando vigente el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre de 1998, mas se publicó en Gaceta Oficial Nº 39.771 de octubre de 2011 el Decreto Nº 8.495, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial de la Ley de Transporte Terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas en la red vial nacional y el transporte público de personas en la modalidad individual mototaxis. Aunque estos instrumentos legales se hubiesen realizado correctamente, respondiendo a un proceso de planificación y proyecto integral del sistema de transporte terrestre, contando con toda la información básica necesaria, el esfuerzo se diluye y todo queda en letra muerta cuando no existe esencialmente un sistema coercitivo que obligue a todos los actores a cumplir con las disposiciones de ley.
“El tema legal en Caracas pasa por hablar de la institucionalidad y gobernabilidad de la ciudad”
Aunado a lo expuesto, en la edición del Simposio en 2012, refería el experto legal del evento, las dificultades que generaba la superposición de atribuciones en diversos instrumentos legales sobre la regulación del transporte terrestre. Mencionaba además la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que contemplaba la integración del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, así como de las policías de circulación municipales a la Policía Nacional Bolivariana. A este respecto, se ha señalado en reiteradas oportunidades, la importancia de contar con una policía de tránsito debidamente preparada, suficientemente pagada, controlada e incentivada en el cumplimiento de su deber, como requisito indispensable para que la aplicación del marco legal pueda dar el resultado esperado.
El tema legal en Caracas pasa por hablar de la institucionalidad y gobernabilidad de la ciudad. La gestión del transporte terrestre, la supervisión y el control de la circulación, debían tener una instancia metropolitana para gerenciar la hoy Región Metropolitana de Caracas con una visión integral del territorio, cuya dinámica urbana supone claras líneas de interconexión en actividades rutinarias. A los pensadores de ciudad, nos queda el compromiso de propiciar la sustentación de una autoridad de transporte para Caracas.
Reducir la congestión del tránsito supone actuaciones estructurales, entre ellas:
-Mayor inversión en mantenimiento y conservación de la infraestructura;
-Ajuste en los precios de los combustibles fósiles;
-Mejorar el sistema de transporte público;
-Invertir en el capital humano del sector transporte;
-Regular el transporte de carga;
-Agenciar una verdadera planificación y gestión del sector transporte;
-Y, por supuesto, aplicar las leyes y reglamentos.