El ascenso político de Pedro Maldonado, desde sus inicios, ha estado directamente relacionado con el del exministro y exvicepresidente Tareck El Aissami, hasta hace poco uno de los hombres más poderosos del chavismo. Esa cercanía y los recientes hechos de corrupción en PDVSA parecen ser la prueba de aquel dicho popular sobre las malas amistades: “dime con quién andas y te diré quién eres”.
Maldonado, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fue detenido y acusado de participar en la trama de corrupción y malversación de fondos de la petrolera estatal, mismo escándalo por el que El Aissami tuvo que renunciar al Ministerio del Petróleo, pero por el que aún no recibe imputación ni ningún llamado oficial a declarar.
Aunque desde el pasado 17 de marzo ya se escuchaba el nombre de Maldonado entre los posibles capturados en la operación “Caiga quien Caiga”, impulsada por la Policía Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General para desenmarañar la red de corrupción del país, no fue sino hasta el 30 de marzo que se dio su captura en las oficinas de la CVG, en el estado Bolívar. En un primer momento, la información de la captura de Maldonado fue desmentida en la cuenta de Twitter de la entidad, al mostrarse fotos del funcionario en reuniones dentro de las instalaciones de la empresa.
“Según dijo Saab, la campaña anticorrupción suma más de 262 personas procesadas y asociadas a la industria petrolera de Venezuela. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre cuánto dinero se perdió”
El anuncio de la captura de Maldonado lo dio un medio local a través de su cuenta de Twitter, donde informaron la llegada de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Anticorrupción a la sede de la CVG en la mañana del jueves 30 de marzo. Desde ese momento nadie pudo entrar ni salir de las oficinas hasta terminadas las capturas.
En la sede principal de la corporación, desde donde se administran las empresas públicas encargadas de la cadena productiva de aluminio y acero, los recursos mineros, forestales y también los servicios eléctricos del país, no solo cayó Maldonado. El 2 de abril Tarek William Saab, fiscal de Nicolás Maduro, comunicó en su cuenta de Twitter que junto al presidente de la CVG también fueron detenidos Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación; Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero; Lino Mora, vicepresidente ejecutivo; Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas, y Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas.
La lista la completan Johan Sequera, director de Despacho; Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales, y Néstor Astudillo, presidente de Sidor (empresa del conglomerado). Según dijo Saab, la campaña anticorrupción suma más de 262 personas procesadas y asociadas a la industria petrolera de Venezuela. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre cuánto dinero se perdió y se rumora que algunos detenidos podrían quedar en libertad.
Por medio de un comunicado, la Policía Anticorrupción oficializó la captura de Maldonado y advirtió que los funcionarios arrestados “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en clara acción lesiva en contra del patrimonio de la Nación”. En menos de 24 horas, la misma institución solicitó a la Fiscalía procesar judicialmente al conjunto de funcionarios de la CVG por estos delitos.
Pese a que la captura es reciente, en el historial de Maldonado como funcionario público ya había denuncias de corrupción, acoso a la prensa y hasta explotación laboral.
Pedro Maldonado y Tareck El Aissami, amigos de antaño
No se puede hablar de la carrera política de Pedro Maldonado ni de su historial como funcionario sin mencionar su cercana relación con el exministro El Aissami. Maldonado es abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), al igual que El Aissami. Durante su paso por la academia, de acuerdo con el medio Runrunes, en la década de los ‘90, ambos hicieron parte del grupo estudiantil “Utopía 78”, en el que también estuvieron Christian Tyrone Zerpa, José Javier Morales, entre otros.
Ahí empezó el camino compartido para los dos funcionarios quienes, además, en esa época también se empezaron a relacionar con dirigentes estudiantiles de izquierda que posteriormente formarían parte de los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; tales como Fabricio Pérez Morón, exdirector del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); Luis López, exministro de Salud; y Hugbel Roa, exministro de Educación Universitaria.
Años más tarde, en 2008, ya dentro del gobierno de Hugo Chávez, El Aissami ejercía como ministro del Interior y Justicia cuando puso a Maldonado al frente de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio. En su gestión se destacó en las filas del oficialismo por su defensa del entonces presidente Chávez. De hecho, cuando el entonces director para América de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó un informe criticando al presidente y al sistema político y judicial venezolano, fue el mismo Maldonado quien se encargó de expulsar a Vivanco del país.
Luego, como documentó Poderopedia, entre 2009 y 2010, Maldonado estuvo encargado del Sistema Autónomo de Registros y Notarías (Saren), “donde participó en un rediseño con asesores del gobierno cubano”. Su siguiente cargo fue como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entre 2010 y 2014. Durante su gestión, en octubre de 2011, impuso una multa de 2,2 millones de dólares al canal Globovisión, por la cobertura periodística de los sucesos violentos en la cárcel de El Rodeo. Una multa desproporcionada que representaba el 7,5% de los ingresos del medio en el año anterior y que no pasó por alto frente a defensores de la libertad de prensa.
La organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que “esta suma astronómica no es más que un pretexto para que Globovisión, canal privado que ya ha sido víctima de varias suspensiones y amenazas de cierre, cese sus actividades y cierre sus oficinas de una buena vez por todas”. Mientras Maldonado fue presidente de Conatel, Globovisión tuvo cierres, sanciones y restricciones en sus transmisiones, además de más de ocho procesos administrativos. En entrevista con la emisora colombiana W Radio, María Fernanda Flores, entonces vicepresidenta del canal, denunció la persecución que sufrían.
Terminado este ciclo, cuando Tareck El Aissami asumió como gobernador del estado Aragua (2012-2016), tampoco dejó a un lado al que sería llamado por los medios nacionales “su mano derecha”. Le encargó la presidencia de la empresa Aragua Minas y Cantera (Aramica) y posteriormente lo nombró director de la empresa Vías de Aragua.
En 2017, El Aissami fungía como vicepresidente en el gobierno de Maduro, y justo en mayo de ese año, Maldonado fue nombrado presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Mientras estuvo en el cargo, también presidió el Comité de Subastas de Divisas del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), donde esta vez, las denuncias serían por corrupción.
De acuerdo con las investigaciones, “en su informe sobre corrupción del año 2017, Transparencia Venezuela insistía en que el sistema Dicom nació condenado al fracaso, porque mientras se limitara la participación en el mercado y no se cubriera con la demanda, iban a existir ‘todos los estímulos para la existencia de mercados paralelos que comercialicen las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía’”.
Maldonado en la CVG
Una vez El Aissami ocupó el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, en 2018, designó a Maldonado Marín como viceministro de Industrias Básicas y presidente de la CVG. Llegó con el reto de dirigir una industria en decadencia. Según El País, el colapso del sistema eléctrico nacional produjo un grave trastorno en el funcionamiento de las empresas de la CVG, en parte, golpeadas también por la corrupción. “Fue necesario cerrar varias celdas productivas para poder ahorrar voltaje y agravar los apagones nacionales”.
Entre el 6 de julio de 2018 y el 30 de marzo de 2023, Maldonado estuvo al frente de la CVG y las catorce empresas que la componen. Fundada en 1960, esta organización también dirige la operación de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, Sidor, la que alguna vez fue la acería más grande de la región Andina. Los primeros y principales afectados con la llegada de Maldonado en 2018 fueron los más de 20.000 trabajadores. Como documentó el Correo de Caroní, en octubre de ese año “se firmó el memorándum 2792, un documento promulgado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, que alega ‘proteger’ la fuente de trabajo por encima de los beneficios laborales”. Con esa decisión se flexibilizaron las alternativas para reducir los beneficios y derechos de los trabajadores, como acceso a salud, vacaciones y prestaciones sociales.
En 2019 las condiciones no mejoraron y en palabras de Pedro Acuña, exgerente de Sidor, “es una empresa quebrada cuyo valor patrimonial es menor que el nivel de endeudamiento de los pasivos que tiene la empresa”. Así lo dijo a France 24, medio que registró la decadencia de la corporación y sus empresas ese año.
En el mismo reporte se habla del cese de actividades de Venalum y Alcasa, encargadas de la industria del aluminio. Una situación que empezó a mermar las actividades e ingresos de miles de trabajadores. “Estamos hablando aproximadamente de 5.000 trabajadores activos que están cobrando sin trabajar. También han suspendido a otros, incluso tenemos a damas embarazadas, madres de familias que son padre y madre, trabajadoras que las sacaron porque a los que están dirigiendo la empresa se les ocurrió eliminar el sistema de transporte”, denunció un extrabajador en ese momento.
La falta de garantías para los trabajadores desencadenó protestas y reclamos por parte de ellos que no fueron tenidos en cuenta por Maldonado, quien se rehusó a reunirse para negociar con los empleados. Por el contrario, líderes sindicales que se opusieron al 2792 fueron perseguidos y desde 2019 se registraron despidos masivos. “Desde el año pasado que hubo la reconversión monetaria, lo que han hecho es llevarnos a la ruina. Hay momentos en que mi hijo no va a la escuela porque no tiene qué desayunar, y muchas veces comemos arroz solo”, dijo otro de los trabajadores en 2019 a Crónica uno.
Este era el panorama, grave y precario para los trabajadores que no divisaban la exacerbación de la crisis con la pandemia de la COVID-19 al año siguiente. Se estima que cerca de nueve mil trabajadores cesaron actividades durante la pandemia; fueron catalogados en dos grupos “requeridos” y “no requeridos” para trabajar. Maldonado argumentó los desempleos a la falta de operatividad en las plantas y a la “guerra económica”, sin ofrecer alternativas.
Apenas el mes pasado el gobernador Ángel Marcano anunció la reincorporación progresiva de los empleados: “Hay un grupo de compañeros, están cerca de los 9 mil, que inician un programa de incorporación a su área de trabajo, pero también se le van a incorporar algunos beneficios sociales. Nosotros estamos conscientes de que es necesario dar respuestas desde el punto de vista del ingreso para nuestra gente, y por eso hoy se comienza a dar pasos desde una mesa de diálogo que es la mejor forma de resolver los problemas”. Actualmente, denuncian que la cifra de “no requeridos” ronda las seis mil personas que, bajo esta condición, apenas reciben el 30% de sus salarios.
Antes de la captura de Maldonado, el 22 de marzo, los trabajadores protestaron y pidieron una investigación contra él. “Le pedimos (a Nicolás Maduro) que mande una comisión presidencial y un fiscal con competencia nacional a la CVG, porque presumimos que está ocurriendo lo mismo que con la estatal PDVSA. Están saliendo ganancias en dólares de Sidor, Ferrominera y empresas del aluminio y ¿dónde está ese dinero?”, dijo el secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), Leonardo Azócar.
Con la salida polémica, pero no sorprendente de Maldonado de la CVG, los trabajadores exigen la reincorporación y reactivación de actividades a la junta interventora de la Corporación que administrará la organización hasta por un año y que está conformada por Héctor José Silva Hernández, como presidente, y Alexis José Rodríguez Cabello, como vicepresidente.