Marys Andreina Colmenares y Rita Virginia Pérez, caficultoras detenidas en Lara: “Es un castigo ejemplarizante”

“No puedo llevar a mis hijos al colegio ni ir a las reuniones de padres, no puedo ir a la comunión de uno de ellos ni a acto del que va para primer año, no los puedo acompañar en sus chequeos médicos, no puedo ir a la iglesia ni a la finca, no he podido sembrar más, ni siquiera los semilleros. Estoy entre cuatro paredes cuando yo soy profesional de la agricultura, mujer de campo”.

Así son los días de arresto domiciliario de Marys Andreina Colmenares, una de las cuatro caficultoras de Sanare. También son los días de las caficultoras Rita Virginia Pérez y Yulianny Alvarado, y de la comerciante Alexandra Carolina Rojas, quienes, como Marys, están presas en sus casas.

Este relato no comienza el 24 febrero de este año, cuando se supo que las cuatro mujeres fueron detenidas. Este relato más bien comienza en 2022, luego de que la Unión Nacional de Caficultores de Venezuela (Unacafev) tuviera dos reuniones con el coronel Alfredo Mora, presidente de la Corporación Venezolana del Café (CVC), y una reunión con el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Las reuniones se dieron para acordar un nuevo precio del quintal de café, es decir, para aumentarlo de 140 dólares a un rango entre 190 y 240 dólares. Se logró el acuerdo, pero no el aumento.

Así que, en la mañana del 1 de noviembre de 2022, más de quinientos campesinos de la Unacafev manifestaron en la vía Quíbor-Sanare para exigir el cumplimiento del acuerdo. En la tarde de ese mismo día se supo que, en una reunión en Biscucuy, la CVC estableció el precio entre los 220 y los 250 dólares. Pero el 4 de noviembre, la misma CVC derogó el aumento tras una orden del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras.

Nada más pasó y el 20 de diciembre el Tribunal de Control N°3 de la Circunscripción Judicial de Lara emitió las órdenes de captura de las caficultoras. Pero ellas se enteraron de esa orden en febrero, justo cuando detuvieron a dos caficultores. A ninguna le notificaron que estaba siendo investigada por cuatro crímenes: asociación para delinquir, instigación al odio, obstaculización y cierre de vías de comunicación, y violencia privada.

Rita aclara: “Esa manifestación pacífica no tuvo muertos ni caucho quema’o. Además, hubo piquetes de la Guardia Nacional, hubo policías. Si se hubiese cometido algún delito, hubiese presos de ese mismo día”.

Entonces, ¿de dónde salen estos cuatro delitos?

Marys explica: “Es que la directora del Hospital de Sanare y dos personas más nos denunciaron por haber violentado un precinto de seguridad de un camión container de medicamentos que estaba llegando al municipio en ese momento. Pero hay un video que se le mostró a la juez en donde sale la directora del Hospital abriendo el precinto sin problemas. No fuimos los manifestantes”.

“Además, en otro video, se ve la ambulancia, el camión y un grupo de motorizados que son los mismos manifestantes acompañando y resguardando hasta el Hospital para asegurarse de que esa gandola llegara en óptimas condiciones”, agrega Rita.

Las tres denunciantes son: Yenny Hernández, directora del Hospital José María Bengoa de Sanare, responsable parroquial de asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, de acuerdo con las caficultoras, “mano derecha” del gobernador Adolfo Pereira; Arianna García, prefecto del municipio y director político del PSUV en el municipio, y Yarenny Colmenarez, quien, de acuerdo con las caficultoras, es militante del PSUV y se desempeña en la directiva del Hospital de Sanare.

Ya detenidas las cuatro caficultoras y los cuatro caficultores, el comunicado de la Unacafev emitido el 24 de febrero dejó claro que las detenciones son un “caso político [para] continuar la opresión, evitar nuevas protestas, silenciar al campesino humilde y amparar la ganancia del poderoso”. Y agrega el abogado Abraham Cantillo, de la ONG Foro Penal, encargado de la defensa de Marys y Rita: “Esta privativa de libertad tiene el fin de evitar cualquier situación parecida en la zona, es un castigo ejemplarizante”.

Y si no abrieron el camión container, ¿cuál es el delito que se castiga?

Rita ni siquiera estuvo en la manifestación, pero: “Dijeron que yo fui la líder… Yo creo que estábamos fichadas y nos venían haciendo seguimiento desde antes del 1 de noviembre. Creo que ya estaban buscando cómo hacer para apresarnos”.

Ocurre que tres de las cuatro caficultoras son conocidas por ser líderes opositoras en el municipio Andrés Eloy Blanco. La ingeniera agroindustrial Marys es conocida por defender los derechos de los campesinos, sobre todo el del acceso a los servicios básicos. Además, es militante de un partido de oposición que prefiere no mencionar.

Por su parte, la profesora Rita fue concejal principal por la coalición de los partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el período 2013-2018. Luego apoyó al partido Avanzada Progresista y ahora es militante de Vente Venezuela. Desde hace diecisiete años, es una de los seis mil campesinos organizados de la Brigada de Seguridad Comunal para erradicar la inseguridad en los caseríos. Rita, además, es hija de Ramón Pérez González, alcalde entre 1992 y 1995 por el partido COPEI y concejal por el mismo partido en cuatro períodos.

Para Marys: “Esto es una factura política que nos están pasando para callarnos e intimidarnos, para que no podamos trabajar. Hay muchos objetivos detrás de esta detención”.

Mientras que para Rita: “Esto es para tratar de silenciarnos, claro, y han hecho más: en abril, se hizo la Expo Sanare Muestra Café 2023 con grandes empresas, intermediarios, comerciantes, el ministro y hasta la periodista conocida que habla de los parajes turísticos de Venezuela. Los pasearon por las mejores zonas de Sanare, los llevaron a los mejores hoteles y a los productores campesinos de café ni los invitaron a participar. Nadie habló del precio del café, a lo mejor pensaron que quien hablara de eso allí podía quedar preso como nosotras”.

Para el cierre de esta nota, habían pasado tres meses desde la detención de las caficultoras de Lara, es decir, tres meses sin que Marys y Rita montaran los semilleros que iban a ser sembrados en mayo, y sin que pudieran limpiar y abonar sus cafetales para la cosecha de octubre. Aunque están en arresto domiciliario, esto es una medida de privación de libertad en la que solo cambia el sitio de reclusión.

El abogado Cantillo agrega: “Pasados los cuarenta y cinco días, el Ministerio Público no exculpó ni acusó como corresponde, tampoco hizo sobreseimiento de la acción penal en contra de Rita y Marys. Interpuse el decaimiento y fue declarado sin lugar. Espero la notificación. No hemos tenido acceso al expediente hasta ahora”.

Entre tanto, el quintal de café sigue costando entre los 130 y 180 dólares, cuando el abono cuesta entre 80 y 90 dólares, y el día de mano de obra 10 dólares. Así es casi imposible mantener cultivos, cosechas y a los mismos caficultores. El objetivo que denunció Henry Pérez, caficultor de Humocaro Alto, parece cumplirse: buscar a los líderes de las zonas, porque “al no haber un líder, nadie se pronuncia y al no pronunciarse nadie hacen lo que les da la gana con la caficultura”.