En la aldea
24 mayo 2024

¿Se va a perder CITGO?

“En 2024, CITGO sigue siendo filial de PDVSA. El acuerdo político es una condición necesaria, pero no suficiente. La situación de CITGO y de la deuda pública mejoraría notablemente si en lugar de hacer la autopsia, las partes del Acuerdo de Barbados se dedicaran a trabajar constructivamente para -finalmente- ofrecer una solución al problema de la deuda, que de una u otra manera va a tener que enfrentar el gobierno que tome posesión en 2025”.

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La “pérdida” de CITGO se ha venido anunciando desde al menos 2015. Cada cierto tiempo, ante cualquier noticia relacionada con los complejos litigios que afectan a la empresa, los análisis sobre la pérdida de CITGO salen a la opinión pública. Recientemente, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar los nuevos embargos declarados por la Corte de Distrito de Delaware, y un simple auto procesal dictado por esa Corte, dieron paso -de nuevo- a enrevesados análisis que intentan hacer la autopsia de CITGO.

Pero no puede hacerse tal autopsia pues CITGO, si bien en gravísima situación, no está “muerta”. Por ello, en lugar de hacer la autopsia antes de la muerte, me parece más útil explicar qué cabe esperar en el litigio que sigue la Corte de Delaware, y bajo cuáles condiciones podría retrasarse o evitarse el escenario que considero más probable, y es que la Corte de Distrito de Delaware ordenará la venta judicial de las acciones de PDV Holding (filial de CITGO) hacia el segundo semestre de 2024.

¿Crónica de una muerte anunciada?

En 2024, CITGO sigue siendo filial de PDVSA. Y ello, en realidad, debería ser la noticia. A fines de 2018, los efectos acumulados del sobreendeudamiento irresponsable promovido durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, más la decisión adoptada en 2017 de incumplir la deuda sin asumir su restructuración, habían aumentado notablemente los riesgos sobre CITGO, al punto que en foros especializados se estimaba que la empresa sería liquidada en el corto plazo. Entonces, el primer riesgo derivaba de la decisión del gobierno de Maduro de ceder -de manera inconstitucional- la totalidad de las acciones de CITGO Holding a favor de los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 y Rosneft.

“Lo que está en juego no es la ‘pérdida’ de CITGO, sino la posible venta judicial de acciones de PDV Holding para pagar deudas contraídas entre 2002 y 2016”

Lo que muchos pensaron que era imposible en 2018, se logró. Como explico en uno de mis libros, el reconocimiento del presidente encargado, la estrategia de defensa judicial y la política de sanciones, permitieron preservar CITGO, en espera a que se lograra la transición política. Es bueno recordar que el -así llamado- Gobierno interino no tenía ni la capacidad ni la legitimidad para renegociar la deuda pública externa. Su rol, en torno a los activos, era mucho más concreto: preservar esos activos externos en espera de que el legítimo Gobierno de Venezuela pudiese emprender la renegociación, luego de la transición.

Pero esa transición nunca llegó. Con el tiempo, las defensas judiciales comenzaron a agotarse, en especial, debido a severas fallas de gobernanza entre el llamado Gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015.

Además, a partir de abril de 2023, el Gobierno de Estados Unidos decidió cambiar su política de sanciones, reduciendo el grado de protección sobre CITGO. Así, el Departamento de Justicia y la OFAC consideraron que proteger a CITGO ya no era estratégico, y que por ello se permitiría el remate judicial de las acciones de PDV Holding, filial de PDVSA, por la Corte de Delaware. Ese drástico cambio de política era lo que la Corte y los acreedores habían esperado. Desde abril de 2023, las reclamaciones pendientes de decisión en la Corte de Delaware pueden superar los 25.000 millones de dólares.

El aumento de las demandas ante la Corte de Delaware ha generado una gran confusión sobre el origen de esas reclamaciones. Se ha querido hacer ver, así, que la gran mayoría de esa deuda es atribuible al llamado Gobierno interino -hoy encarnado en la Asamblea Nacional de 2015-. Vale aclarar que todas las reclamaciones de las cuales conoce la Corte de Delaware tienen su origen en la deuda pública externa contraída por Chávez y Maduro, no solo a través de bonos sino, además, por incumplimientos contractuales y, notablemente, expropiaciones. Así lo he explicado en La Gran Aldea.

La deuda externa de Venezuela es de no menos de 140.000 millones de dólares, repartida -más o menos- en partes iguales entre la República y PDVSA. Toda esa deuda está vencida, lo que ha elevado los ligios -en Estados Unidos y otros países-, pues en 2017 se tomó la decisión de incumplir esa deuda sin renegociarla. La noticia, por ello, es que CITGO se ha preservado a pesar de las decenas de reclamaciones de acreedores legados, que han logrado con éxito embargar algunos activos de PDVSA fuera de Estados Unidos, por ejemplo en el Caribe.

En todo caso, esta no es la crónica de una muerte anunciada pues CITGO no se ha “perdido”, como algunos sugieren. La propia expresión es técnicamente incorrecta: lo que está en juego no es la “pérdida” de CITGO, sino la posible venta judicial de acciones de PDV Holding para pagar deudas contraídas entre 2002 y 2016. Podríamos hablar de activos perdidos, por ejemplo, en el caso de corrupción PDVSA-Cripto, que ha resultado en el desvío de miles de millones de dólares. O quizás podríamos hablar de cómo la refinería Nynas de PDVSA se “perdió” en condiciones opacas, o de cómo se “perdieron” las acciones de PDVSA en la refinería Cienfuegos en Cuba. CITGO ni se ha perdido ni se va a perder. Lo que podría pasar, de nuevo, es que las acciones de PDV Holding sean subastadas en un proceso tan transparente que todos pueden seguirlo aquí.

El remate judicial de CITGO es altamente probable, pero no es inevitable

Quienes trabajamos en litigios internacionales sabemos que no existe ningún resultado inevitable. Siempre es posible -en especial, a última hora- que algún cambio de circunstancias logre torcer el rumbo.

El proceso de venta judicial de las acciones de PDV Holding inició el pasado octubre. El 15 de julio de 2024 está pautada la audiencia en la Corte de Delaware para decidir sobre el comprador de esas acciones. Debido a lo complejo de este litigio -en cierto modo, único- es posible que esa audiencia se retrase. En todo caso, bajo las condiciones actuales,el escenario más probable es que la Corte ordene el remate en el segundo semestre de 2024.

Una vez que la Corte adjudique la venta de las acciones al oferente ganador, OFAC deberá emitir una licencia para autorizar la venta. De hecho, las sanciones serían la última protección a favor de CITGO. Pero luego del cambio de política, OFAC anunció que favorecerá el otorgamiento de la licencia para rematar CITGO. De allí que es probable que OFAC autorice la venta dentro del segundo semestre.

“CITGO ni se ha perdido ni se va a perder”

Una vez la venta sea autorizada por la OFAC, el comprobador que gane la licitación depositará el precio de la venta en una cuenta judicial y el juez ordenará la transferencia de las acciones de PDV Holding. Con el producto de la venta, se pagarán las acreencias pendientes en la Corte de Delaware. Como el monto de las acreencias podría superar el monto de la venta, es posible que PDVSA no obtenga ningún excedente por el remate judicial. Ello no sorprende, si consideramos que solo PDVSA debe más de 70.000 millones de dólares.

Sin embargo, hay tres eventos que podrían cambiar ese escenario:

  • Defensas judiciales.Venezuela, PDVSA, CITGO y los acreedores pueden ejercer defensas que retrasen el remate judicial. Sin embargo, este retraso, de lograrse, podría ser más bien breve. Precisamente por ello, estimamos que la audiencia para decidir sobre el remate no se hará en julio sino más tarde.
  • Negociación con los acreedores.Según informan las autoridades de PDVSA reconocidas en EE.UU. (la junta ad hoc), las negociaciones con los acreedores se han mantenido. Incluso, podría explorarse como opción el pago de la deuda externa con activos recuperados de la corrupción. Sin embargo, hay dos limitantes: una de capacidad, y la otra asociada al monto de las reclamaciones privadas. Así, la junta ad hoc de PDVSA no tiene capacidad para renegociar toda la deuda, pues no maneja el flujo de caja (este flujo es controlado por Maduro, quien, por cierto, está recibiendo mayores ingresos como resultado de la flexibilización de la política de sanciones sobre el gas y el petróleo). Además, luego de las reformas de 2023, el marco institucional del llamado Gobierno interno se debilitó notablemente. Esta capacidad se ha disminuido más todavía, luego de que el Gobierno de Maduro aprobó una legislación en la cual amenaza con retaliaciones en contra de los acreedores que negocien con el Gobierno interno, lo que desincentiva cualquier negociación. En todo caso, la República y PDVSA -por medio de las autoridades reconocidas por el Gobierno de Estados Unidos- podrían intentar cerrar la negociación de las reclamaciones más urgentes, lo que eventualmente podría diferir el remate judicial. Esta negociación hoy es mucho más probable que en 2019, pues entonces la situación financiera de CITGO era muy precaria, debido a la mala administración y endeudamiento promovido desde el Gobierno de Maduro.
  • Acuerdo político.En los acuerdos de Barbados, Maduro y la Plataforma Unitaria concretaron realizar esfuerzos conjuntos para proteger CITGO. Pero casi dos meses después no se ha avanzado en este objetivo. De lograrse un acuerdo político en el marco de las negociaciones de México sobre la protección de CITGO y los aspectos básicos de la renegociación de la deuda externa, como parte de las condiciones necesarias para lograr la transición democrática en Venezuela, la situación de CITGO (y de los acreedores) podría mejorar. En especial, pues la crisis de la deuda pública venezolana -que ya tiene diez años- debería ser el mejor ejemplo de cómo el endeudamiento externo insostenible está afectando el desarrollo del llamado Global Sur. Crisis de deuda como la de Sri Lanka están recibiendo mucha atención, por su magnitud e impacto humanitario. La crisis de la deuda Venezuela, mucho más grave, es simplemente ignorada.

El acuerdo político es una condición necesaria, pero no suficiente. La situación de CITGO y de la deuda pública mejoraría notablemente si en lugar de hacer la autopsia, las partes del Acuerdo de Barbados se dedicaran a trabajar constructivamente para -finalmente- ofrecer una solución al problema de la deuda, que de una u otra manera va a tener que enfrentar el gobierno que tome posesión en 2025. En este sentido, la negociación en México comenzó con mal pie, pues en el memorando de entendimiento se incluyó como punto restablecer los derechos sobre los activos externos. Pero en el neto, Venezuela no tiene activos externos: tiene solo pasivos.

Por ello, si ese acuerdo no se alcanza el remate judicial de CITGO, probablemente, sea acordado hacia el segundo semestre de 2024.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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