En la aldea
14 junio 2024

El apartheid político contra la Plataforma Unitaria: un crimen de lesa humanidad

Esta persecución política ha sido sistemática, y por ello, reúne todas las condiciones del crimen de lesa humanidad

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Venezuela registra una larga experiencia de malas prácticas electorales, que en los últimos tiempos, se han traducido en ilegítimas restricciones que impiden a líderes de la oposición democrática participar como candidatos en elecciones.

Para ello, el Gobierno -en control de las instituciones como la Contraloría General o el Tribunal Supremo- dicta inhabilitaciones administrativas que impiden postularse a cargos de elección popular, lo que además de inconstitucional, viola la Convención Americana.

Por ello, todos los esfuerzos recientes para rescatar las condiciones de integridad electoral -como la declaración de Bogotá y el acuerdo de Barbados– han destacado la necesidad de permitir a todos los candidatos ejercer sus derechos políticos. 

Pero durante la noche del 25 de marzo de 2024, el Gobierno de Nicolás Maduro, por medio del Consejo Nacional Electoral (CNE), implementó una táctica hasta ahora inédita. Impedir, por la vía de los hechos, que la Plataforma Unitaria inscribiera a su candidato, sin siquiera molestarse en crear una supuesta inhabilitación o traba legal. 

Los hechos son los siguientes:

  • El 22 de marzo la Plataforma Unitaria anunció que el candidato unitario es la profesora Corina Yoris, visto que el Gobierno de Maduro creó una inconstitucional inhabilitación en contra de María Corina Machado, ganadora de las primarias.  Como la Plataforma no puede postular candidatos, pues no es organización política, las organizaciones Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) anunciaron que postularían a Yoris. Que solo dos partidos políticos de la Plataforma puedan postular candidatos, refleja las ilegítimas restricciones que se han impuesto en contra de los partidos de la oposición.  
  • La postulación de Yoris no fue posible pues el CNE, en los hechos, bloqueó tal postulación. Una de las violaciones a la ley electoral que ha cometido el CNE es que, formalmente, no existe cronograma electoral. El cronograma es un reglamento que debe ser publicado en Gaceta y como regla, no puede ser modificado. Pero el CNE lo que hizo fue colgar en su página web un documento PDF que modifica a su antojo, creando o eliminando etapas y requisitos. Fue así como, pese a que otros candidatos pudieron inscribirse, la candidatura de Yoris era vetada en los hechos por el CNE. 
  • El 25 de marzo, la MUD pidió la extensión del plazo de postulación. A decir verdad, en términos jurídicos, no había plazo alguno pues, como expliqué, no hay cronograma electoral. En todo caso, el CNE negó cualquier posible extensión. De manera pública, Yoris insistió en que, por los hechos, el CNE no permitía su inscripción. Esto último es muy importante, pues es un hecho notorio que la candidata unitaria expresó su voluntad de inscribirse, todo lo cual satisface el propósito de las postulaciones, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, interpretado de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos. Si la inscripción no se logró, fue por cuanto el CNE lo impidió. 
  • En los últimos minutos del 25 de marzo, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inscribió su candidatura por el partido UNT. No queda claro por qué UNT sí pudo postular a Rosales y no a Yoris, pero en todo caso, ello refleja una política en contra del candidato de la Plataforma Unitaria: el problema no era UNT, era la candidata.                                                                                     
  • En la mañana del 26 de marzo, María Corina Machado reiteró que la candidata unitaria, Yoris, no pudo inscribirse por razones ajenas a su voluntad. Machado hizo esa declaración en su carácter de candidata de la Plataforma Unitaria. Esto, de nuevo, ratifica que la MUD cumplió con el propósito del citado artículo 43. 
  • En la tarde del 26, la Plataforma, por medio de la MUD, logró inscribir a Edmundo González como candidato. Con lo cual, el problema no era la MUD, sino el candidato que esa organización quiso postular. 

Esta es la primera vez que se acude a una vía de hecho para bloquear el ejercicio de derechos políticos, de la manera tan descarada como actúo el CNE. Al menos en Barinas acudieron a la simulación de una sentencia y una inhabilitación. Pero en el caso del candidato unitario, se optó por abandonar el legalismo autocrático y actuar por la vía de los hechos. 

El apartheid político

Estos hechos demuestran la abierta violación a una de las condiciones electorales más básicas: la existencia de una ley electoral clara estable y predecible.  El CNE, de manera arbitraria, crea y elimina trámites, crea y modifica lapsos, y en suma, decide quién puede postularse y quien no. No hay, así, cronograma electoral, sino la arbitrariedad del CNE. 

Pero la mayor violación es lo que considero como el “apartheid político”, esto es, la deliberada discriminación en la que el CNE incurrió al decidir por vías de hecho y con base en motivos políticos, quién podía postularse, ventando a cualquier representante que contase con el aval de la Plataforma Unitaria y de Machado. Esto es, el CNE vetó al candidato unitario, sin importar quién fuese, al punto que solo permitió a UNT y la MUD postular cuando éstas optaron por alternativas diferentes. 

Esta discriminación viola el derecho humano y constitucional a participar en elecciones. Pero además, esa violación se enmarca en una política de persecución en contra de la unidad democrática, con el claro propósito de socavar esa unidad y así, reducir más todavía la ya menguada participación en el evento convocado para el 28 de julio. 

Esta persecución política ha sido sistemática, y por ello, reúne todas las condiciones del crimen de lesa humanidad, según el artículo 7, literal h del Estatuto de Roma. 

Así, la judicialización de las primarias, las arbitrarias decisiones de la Sala Político-Administrativa ratificando inconstitucionales “inhabilitaciones”, las detenciones arbitrarias, el anuncio de investigaciones criminales claramente sesgadas, y la negativa a inscribir al candidato unitario, demuestran que existe un patrón por el cual el Gobierno de Maduro -por medio de una élite más bien reducida- ataca, persigue, detiene y confisca derechos políticos de la unidad democrática. 

Hasta ahora, esta persecución se simulaba tras procedimientos legales de la Contraloría y del Tribunal Supremo, esto es, el legalismo autocrático. Pero esa simulación se abandonó en la noche del 24. Sin posibilidad de fabricar inhabilitaciones, de anular judicialmente a partidos, o de aplicar la anunciada ley contra el fascismo, el Gobierno de Maduro decidió actuar por los hechos e impedir la inscripción del candidato unitario, logrando de esa manera una elección a su medida. 

Además, el “apartheid político”, al fracturar la unidad, hace más sencillo el fraude electoral. La división de la oposición por medio de la violación de derechos políticos y otras graves violaciones tiene un fin práctico: asegurar una elección a la medida de Maduro, que a su vez, reduzca el poder de la oposición. 

¿Es posible simular el apartheid político?

Estas violaciones fueron tan evidentes -pues de nuevo, ni siquiera se tomaron la molestia de disfrazarlas de legalidad- que países como Brasil y Colombia alertaron de la gravedad de la situación en Venezuela. 

Además, el Gobierno de Maduro viola el espíritu y la letra del acuerdo de Barbados. No me refiero solo a todas las violaciones que llevaron a escoger a un candidato unitario sustituto, sino en especial, a la arbitraria vía de hecho en la que incurrió el CNE al decidir qué candidato podía postular la MUD. Ni más ni menos, ese “apartheid político” viola el punto primero del acuerdo: la MUD no pudo escoger libremente a su candidato, pues Machado fue vetada por formas legales abusivas y Yoris fue vetada por los hechos. La MUD no escogió libremente a su candidato; apenas pudo inscribir a quien el CNE consideró políticamente admisible, al menos por ahora. Pues en suma, el CNE siempre podrá negar esa postulación. 

Un escenario probable es que el CNE pretenda sustituir al candidato de la MUD por un candidato previamente seleccionado por el Gobierno de Maduro, y dar así la apariencia de que hay un candidato unitario. Quizás alguien se preste para esa puesta en escena. Esto no solo no va a funcionar, sino que va a colocar más en evidencia el apartheid político que se está implementando para diezmar, más todavía, a la unidad democrática.

No basta con aparentar ser un candidato de unidad. Existe suficiente literatura sobre cooptación política como para distinguir al candidato unitario de aquel preseleccionado por el régimen de Maduro para aparentar ser de unidad. Además, la contundencia de las primarias fue tal, que ningún disfraz de candidato unitario servirá. El candidato unitario, o es libremente escogido -como reza el acuerdo de Barbados- o no es candidato unitario. 

Las consecuencias

El apartheid político genera responsabilidad personal en quienes, directa e indirectamente, están contribuyendo a la persecución política. Esta responsabilidad alcanza a los cinco rectores del CNE, salvo que hayan salvado su voto. Ello es especialmente pertinente si recordamos la investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Esa justicia tardará en llegar, pero va a llegar. 

La abierta violación al acuerdo de Barbados podrá llevar al Gobierno de Estados Unidos no solo a no renovar la licencia número 44, sino a considerar otras medidas, incluyendo sanciones personales, que pueden jugar un rol decisivo.

Cualquier discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de no renovar esa licencia, no debe distraernos de lo esencial: fue Maduro quien optó por cerrar la puerta que él mismo abrió con Barbados, e incluso, de rechazar la oportunidad de tolerar a Yoris. 

La consecuencia más importante es que se va a agravar la crisis de gobernabilidad, lo que fracturará más todavía al Estado y aislará más todavía a Venezuela. Cualquier expectativa de crecimiento económico en el marco de este “apartheid político” es una mera ilusión. Y no por el efecto de las sanciones, sino por algo mucho más grave y perdurable: sin instituciones democráticas, la crisis en Venezuela va a empeorar y con ella, sus consecuencias regionales. 

La pequeña élite de Maduro ha decidido dejar las apariencias, y actuar por las vías de los hechos, sin importar las consecuencias. Creo que subestimaron su situación, y con ello, arrastran a otros al área de los crímenes de lesa humanidad, donde nadie quisiera estar. 

¿Puede evitarse esta catástrofe? Todavía hay una oportunidad, en la medida en que se permita libremente sustituir a los candidatos postulados por las organizaciones dentro de la Plataforma Unitaria con Corina Yoris, que fue libremente seleccionada para tal fin, como dispone el punto primero del acuerdo de Barbados. Ello pudiera ser el primer paso para avanzar en un sistema de justicia transicional que asegure la coexistencia democrática. Si esta oportunidad se ignora, puede que ya no haya vuelta atrás. 

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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