Todo indicaría que el régimen cubano debería estar negociando con los Estados Unidos. La campaña del gobierno de Donald Trump para forzar un cambio en la isla llegó en lo que parecía el momento ideal. Con Nicolás Maduro en una celda, el petróleo venezolano cortado, la economía cubana en ruinas y una acusación penal federal pendiente sobre el expresidente Raúl Castro, cabía esperar que La Habana comprendiera la gravedad de su situación. Más aún cuando el gobierno estadounidense no exige el fin de la revolución cubana, sino reformas. Un gobierno atento a su propia supervivencia se sentaría a negociar.
No lo ha hecho. Aun cuando ha recibido a altos funcionarios estadounidenses y ha participado en conversaciones extraoficiales, el régimen de Miguel Díaz-Canel se ha negado a ceder terreno y continúa deteniendo a opositores. Ha anunciado un conjunto de reformas económicas, pero las ha caracterizado como un “perfeccionamiento de la construcción del socialismo” y, en todo caso, arrastra un largo historial de revertir ese tipo de aperturas en cuanto la presión disminuye.
Washington ha calificado esas reformas de “superficiales”, y en todo caso sus exigencias van mucho más allá de lo económico: reclama la liberación de los presos políticos, el cese de las operaciones de inteligencia rusas y chinas, y avances en las reclamaciones pendientes por propiedades confiscadas.
Varios factores pueden estar alimentando esta resistencia. El régimen teme, sin duda, que cualquier reforma erosione el poder del Partido Comunista, y puede creer que Trump ya ha decidido actuar contra él. Por otra parte, la pugna entre facciones dentro del aparato seguramente genera parálisis.
Pero hay un factor, a menudo pasado por alto, que resulta fundamental en su negativa a negociar: la profunda ideología antiestadounidense que constituye el núcleo del régimen. El antiamericanismo de la revolución cubana ejerce una poderosa influencia, tanto a nivel individual como institucional, para situar cualquier cooperación con Washington fuera de los límites de lo aceptable.
Esta es la diferencia más significativa entre los regímenes de Cuba y Venezuela. El chavismo era un movimiento apenas de una generación, cimentado en los ingresos petroleros y en la lealtad a un líder carismático. La revolución cubana, en cambio, ha tenido 67 años para institucionalizarse y fundirse con la identidad nacional. La resistencia al “Coloso del Norte” es un elemento fundacional de cómo los comunistas cubanos narran su historia y su lugar en el mundo, y figura entre las últimas fuentes de legitimidad que le quedan al régimen.
El “bloqueo” estadounidense ocupa un lugar central en ese relato. Como propaganda dirigida al cubano de a pie funciona solo a medias: casi todos saben perfectamente que el embargo no es el origen de su miseria, sino la propia incompetencia del régimen. Pero presentar el embargo como “la causa principal” de los problemas de Cuba le ofrece al régimen una coartada permanente para el fracaso e instaura una lógica en la que cualquier entendimiento con Washington no es pragmatismo, sino capitulación ante el enemigo. No hace falta que ni un solo miembro de la élite crea sinceramente en esta doctrina para que esta los vincule a todos: su función no es tanto persuadir como disciplinar.
Es cierto que el régimen ha negociado en el pasado, cuando aceptó el deshielo de 2014 con el presidente Barack Obama, pero dicho acercamiento demuestra muy poco: Washington no exigió ningún cambio de fondo, el régimen no concedió ninguno y se quedó con los réditos de la apertura. Resulta tentador pensar que los contactos recientes sugieren una disposición a negociar, e incluso la existencia de alguna figura reformista dentro del sistema. Pero aun si Estados Unidos hubiera identificado a una Delcy Rodríguez cubana, esa persona tendría que sobrevivir lo suficiente para lograr algo. En Cuba, el funcionario señalado públicamente como el hombre de Washington no se convierte en agente de la transición: se convierte en traidor, y se le trata como tal.
¿Qué podría hacer Washington para mejorar las posibilidades de generar cambio? El defecto más grave del enfoque actual es que intensificar la presión y cortar el suministro de combustible refuerza la mentalidad de asedio dentro del régimen y probablemente estrecha el escaso margen que pueda existir para un diálogo sustantivo.
Un camino más sensato consistiría en aliviar la presión humanitaria y buscar una vía —quizá mediante la mediación de un tercero, como el Vaticano— que le permita al régimen presentar el cambio como una decisión soberana propia y no como una capitulación ante los Estados Unidos.
Aun si Washington siguiera una estrategia más astuta, las probabilidades de éxito serían limitadas. Quienes controlan los servicios de seguridad y la economía militarizada de Cuba son los que más pierden con cualquier apertura verdadera, y la doctrina antiestadounidense es precisamente lo que les permite defender ese interés propio como si fuera algo más noble.
Cuba necesita cambios con urgencia, y la determinación del presidente Trump de traer alivio tras 67 años de desgobierno es encomiable. Pero el rumbo actual de Washington le hace el juego al relato más antiguo del régimen y le pone demasiado fácil la negativa. Puede que aún quede una ventana estrecha, pero el momento en que una estrategia más sutil podría haber funcionado quizás ya haya pasado.