A Jonathan Rebetí le duele mucho la pierna izquierda. Dos días antes, un carro lo atropelló mientras cruzaba la calle. El impacto no fue a velocidad alta, pero, apenas puede caminar. A pesar del malestar, está desde las 8.00 a.m. en el Parque Francisco de Miranda, antes Parque del Este. A esa hora se sumó a una fila de al menos 200 personas. Todas, incluido Jonathan, aguardan un turno en el hospital de campaña desplegado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
«Me hablaron muy bien de este hospital, me dijeron que no sólo tenía atención médica sino también medicamentos. Voy a ver si tengo suerte», dice el hombre de 49 años, que a las 3.00 p. m. sigue en cola. Está cerca de pasar, pero aún tiene unas 10 personas por delante. Este centro de salud funciona dentro del parque desde el 4 de julio y forma parte de los 14 hospitales de campaña instalados por delegaciones internacionales, luego de dos terremotos en Venezuela dejaran unas 17.000 personas heridas.
La emergencia desatada por los dos terremotos del 24 de junio, puso a prueba a un sistema de salud venezolano que acumula al menos una década de desinversión, y es que, entre 2016 y 2016, el gobierno venezolano ha promediado una inversión en salud de entre 0,8% y 2,5% del PIB. Una cifra muy por debajo del 6%, el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto ha derivado en que el 60% o más del gasto sanitario tenga que ser asumido por los pacientes.
Mientras los hospitales de Caracas y La Guaira siguen haciendo frente a una avalancha de pacientes para la que no estaban equipados, la solidaridad llenó parte del vacío con donaciones de insumos, medicamentos y equipos que, desde hace años, escasean dentro de la salud pública. Aun así, la capacidad de respuesta sigue sin alcanzar para todos. Tres semanas después del terremoto, cientos de personas siguen haciendo fila en hospitales de campaña, donde hay quienes buscan aliviar lesiones que han quedado relegadas entre las urgencias producto de una tragedia que aún no tiene dimensión.
La cantidad de personas que ha acudido al hospital español en Caracas, después de una catástrofe, «es esperable», dice Marta Catalinas, jefa de misión. Aunque —añade—, también depende de la ubicación, de cuán afectada esté la zona y de cómo esté afectado el sistema de salud en ese momento. Tres semanas después de los terremotos, el hospital de la Aecid ha tratado a más de 2000 pacientes, en su horario de 7.00 a.m. a 7:00 p. m. y atiende urgencias pediátricas, ginecología, obstetricia, traumatología, curas, psiquiatría y psicología y fisioterapia. Lo que más ha llegado son casos de traumatología y psicológica, más casos de enfermedades respiratorias, que, aunque no está directamente relacionado con los terremotos, tiene que ver con cambios en las condiciones de vida.
—No se están atendiendo a pacientes crónicos ni tenemos quirófanos, insiste la jefa de misión.
Un poco más atrás en la fila está Deisy. Ríe antes de decir su apellido. «Rodríguez, pero no aquella Rodríguez», exclama y vuelve a reír. Un mensaje difundido por el grupo de Whatsapp de su Consejo Comunal invitaba a los vecinos a asistir al hospital de campaña español. Deisy tiene 42 años, dolores en las rodillas y un brote en la piel. Quiso traer también a su hijo para que le atendieran un cuadro de asma, pero el muchacho se negó a acompañarla. Lo que pide es recibir una “excelente atención», y no pasar por las penurias que —detalla—, se pasan en los hospitales del país.
Un hermano de Deisy es parte de los pacientes que han tenido que asumir sus gastos en salud dentro de un hospital. En diciembre pasado debió ser operado debido a una fractura. «Mi sobrino, gracias a Dios, pudo costear la operación, pero tuvo que pagar por todo. Ahorita en un hospital venezolano uno se muere si no tiene dinero», cuenta Deisy.
Llega el turno de Jonathan. Ingresa al parque pero primero debe pasar por un «triaje» a cargo de personal de salud de la alcaldía de Sucre. “Aquí no te van a dar medicamentos ni te van a hacer exámenes de laboratorio», «váyase para un CDI». Esas —asegura Jonathan—, fueron las respuestas del personal venezolano, pero no era esa la atención médica que esperaba. «Yo vine para acá para que me atendiera un español, no un venezolano chavista (…) estoy indignado», reclama.
A pocos metros está un hombre vestido con la indumentaria típica de un trabajador sanitario revisa un celular. No lleva bata blanca pero sí un uniforme unicolor de dos piezas. Es el responsable del triaje —presuntamente—. Se niega a dar entrevistas, solo contesta: «es un apoyo que se está dando para que los pacientes ingresen ya clasificados».
Al otro lado de la reja sigue Emmys Fernandez, tiene 80 años y lleva siete horas de pie. Después del último lote de pacientes que logró ingresar al parque, está de primera en la fila. El 24 de junio, cuando tembló, se cayó por unas escaleras mientras huía desde el piso 19 de su edificio en San Bernardino, zona donde tres estructuras colapsaron. Intentó ir a varios centros de salud pero estaban colapsados y una consulta particular de traumatología —afirma—, le cuesta 120 dólares. «Muy caro», dice. Tres semanas después, el dolor en una de sus piernas le es insoportable. Los trabajadores de Inparques, encargados de custodiar la entrada, le insisten que no la pueden dejar pasar, no están seguros de si el hospital seguirá atendiendo en lo que resta de la tarde debido a la cantidad de personas.
—Eso allá abajo está colapsado, dice una trabajadora de Inparques.
—Lo que yo no estoy de acuerdo es que dejen pasar a personas que solo van a tomarse la tensión, eso lo pueden hacer en cualquier farmacia, responde Emmys.