En medio del deterioro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las mayores sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump que afectan las operaciones de la estatal petrolera y el acceso de los entes oficiales al sistema financiero internacional, la administración de Nicolás Maduro todavía maniobra para obtener ingresos y continuar soportando el colapsado modelo socialista. ¿Cómo lo hace?
Hay tres elementos clave para intentar responder esta interrogante:
Otros mercados para el petróleo
De cada 100 dólares que ingresaban al país, 96 dólares eran aportados por la industria petrolera, cuya capacidad de generación de recursos enfrenta limitaciones por la menor producción de crudo, caída que ha obedecido a 16 años de modelo socialista.
En los últimos cuatro años, la producción petrolera retrocedió más de 60%. En 2015 se extraían 2,7 millones de barriles diarios, ahora alrededor de 1 millón de barriles diarios.
Al impacto del deterioro operativo se han añadido los efectos de las sanciones de la administración Trump, especialmente de las impuestas en 2019, que establecen que los fondos por envíos de crudo a Estados Unidos, que era el principal comprador de crudo venezolano, quedan congelados.
Por ello, la administración de Maduro buscó maneras de sortear esas acciones. La gerencia de Pdvsa, cuya presidencia ejerce el mayor general Manuel Quevedo, ha optado por despachar hacia países considerados aliados.
Entre otras acciones se cuenta la oferta de una variedad de crudo a países asiáticos, por tal motivo, en junio de este año casi un 60% de los envíos de crudo fueron a China, que en gran medida van a saldar deudas pactadas hasta 2013. El resto de las ventas se dirigen a Rusia, India y Singapur, según documentos reseñados por la agencia Reuters.
Muchas de esas colocaciones se hacen con altas tasas de descuento. La firma Ecoanalítica en un informe sobre el tema destaca que China no solo recibe barriles como parte de la cancelación de deuda, también adquiere otros barriles adicionales de India y Singapur a descuento. Situación similar sucede con Rusia.
Sin embargo, la estrategia ha permitido algo de margen a Pdvsa y en este ejercicio los ingresos petroleros podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares, según las estimaciones de la firma. Hay que tomaren cuenta que en 2015 los niveles de extracción de crudo permitieron que los ingresos alcanzaran los 35 millardos de dólares.
Pero la administración de Nicolás Maduro ha seguido en la búsqueda de fuentes de ingresos y más en medio de la mayor crisis política que se ha registrado en el país luego de que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocara artículos de la Constitución para asumir la presidencia interina.
Tras el Dorado
En enero de 2018, mientras los venezolanos estaban comenzando sus actividades tras las celebraciones de Navidad y Fin de Año, el Banco Central de Venezuela (BCV) iniciaba las exportaciones de oro a Turquía, que ha sido uno de sus aliados del régimen de Maduro en medio de las sanciones de Estados Unidos.
“El oro se convierte en riqueza e inversión para nuestro pueblo», dijo Nicolás Maduro en diciembre de 2018, cuando anunció que en las bóvedas del BCV estaban las primeras toneladas de oro del Arco Minero, el plan de desarrollo de minería que analistas y académicos cuestionan por sus impactos ambientales, opacidad en las concesiones y auge de la delincuencia.
No hay que perder de vista que en 2016 se intensificó la explotación minera al sur del país y hasta 2018 unas 12 toneladas fueron vendidas por mineros al BCV, lo que representó un monto cercano a los 500 millones de dólares. Ese oro no monetario fue enviado a Turquía para ser refinado, como admitió el año pasado el ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano. Este proceso antes se hacía en Suiza.
Pero las toneladas de oro no regresaron a las bóvedas del emisor, de acuerdo con los registros oficiales. Y el dinero por la exportación del metal se utilizó para la adquisición de insumos que fueron orientados a programas oficiales como las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las ventas de los organismos públicos.
Hace tres años, y en medio de severas fallas de abastecimiento, Maduro lanzó los CLAP, que consisten a en la venta de bolsas y cajas con alimentos a través de la red pública Mercal o llevadas a los hogares, bajo el mando de los consejos comunales. Las bolsas contienen productos nacionales, dado que las empresas deben vender parte de su producción a entes del Estado, mientras que las cajas se surten de artículos importados de México, Colombia y Brasil, a los cuales se han sumado los traídos de Turquía.
Pero el oro de las minas no era suficiente para los requerimientos financieros del gobierno, y el BCV comenzó a vender al exterior oro monetario, que forma parte de las reservas internacionales. Ya antes había utilizado los lingotes como garantías para los canjes que se efectuaron entre 2014 y 2017 con el fin de obtener liquidez.
En diciembre de 2018, en el marco de una visita del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, Maduro aseveró que el comercio del oro seguiría porque “nos sobran compradores”, y calificó de “mezquinas” las sanciones contra esas negociaciones. Las transacciones con el oro son seguidas de cerca por Washington.
A fines de 2018 y hasta febrero 2019, el BCV envió a Turquía y Emiratos Árabes -entre oro no monetario y oro monetario- el equivalente a 1.000 millones de dólares, de acuerdo con los registros portuarios. En marzo y abril, el BCV siguió retirando oro de las bóvedas, sin precisión del destino.
La venta de lingotes se hizo porque el gobierno contemplaba suplir el oro exportado con las barras que están en el Banco de Inglaterra, y que también son parte de las reservas, dijeron en su momento fuentes oficiales. Entre octubre y noviembre de 2018, el ente emisor pidió a la institución británica repatriar unas 14 toneladas de oro, monto que subió en enero luego que el BCV pagara un canje para recuperar más lingotes. En total, el BCV tiene en la entidad unas 30 toneladas que no se han podido movilizar.
La intención de repatriación coincidió con la mayor tensión política del país.
Por las ventas de oro, no solo se han comprado insumos, también se han traído euros en efectivo que actualmente son colocados en la banca local.
Las instituciones financieras están obligadas a vender la moneda europea a industrias para que compren la materia prima necesaria para producir, como parte de la flexibilización de los controles que existen en el país. Sin embargo, esos euros se utilizan para pagar a proveedores locales y circulan en el mercado interno. Incluso los negocios comienzan a recibir la divisa, en medio de una economía distorsionada por la larga crisis y el segundo año de hiperinflación.
Las otras fuentes
El Gobierno también se soporta de otras operaciones ilícitas, según analistas. Ecoanalítica calcula que la renta de esas actividades en 2018 alcanzó los 6.000 millones de dólares.
¿Y cuáles son algunas esas actividades? Los registros portuarios señalan que las ventas de oro han sido de 1.000 millones de dólares, pero los datos de la consultora indican que el contrabando de oro ha estado en por el orden de los 1.800 millones de dólares.
Las cifras del Consejo Mundial del Oro muestran que en 2018 la producción de oro de Venezuela fue de 23 toneladas. Pero el BCV divulgó que el pasado año los mineros le vendieron al ente cerca de 10 toneladas. Diputados y analistas han señalado que no todo lo que se extrae de las minas se ofrece al emisor y que parte de la producción del metal se ha ido por otros caminos, que no se han precisado.
Además de las operaciones mencionadas, está el contrabando de combustible.
Por años, la gasolina en Venezuela ha sido el insumo más barato y ese precio subsidiado ha impactado en las finanzas de la estatal petrolera. Las autoridades estimaban que el costo anual del subsidio era de 1.500 millones de dólares anuales, y por ese efecto en las cuentas, en 2014 varios ministros plantearon una revisión del valor del combustible que solo que quedó en el papel.
En 2018 Maduro anunció que se impondrían precios internacionales a la gasolina, pero el tiempo pasó y la medida no se concretó. En algunas estaciones se instalaron surtidores con puntos biométricos para la cancelación del nuevo importe, que no funcionaron, y hoy día los venezolanos pagan cualquier monto por el llenado del tanque del vehículo.
La renta por el contrabando de gasolina asciende a otros 1.800 millones de dólares, estima la firma. Y así, por diversas vías, la revolución aún se sostiene.