Después de casi 17 años, finalmente se cierra de manera definitiva el proceso judicial contra la juez María Lourdes Afiuni Mora. Si bien es cierto que su familia, quienes hemos acompañado esta causa durante todos estos años y buena parte del país recibimos esta noticia con satisfacción, es necesario decir algo con absoluta claridad: el cierre de este expediente no borra la historia y no significa que se haya hecho justicia.
El caso Afiuni comenzó en diciembre de 2009, cuando la juez, en ejercicio de sus funciones, decidió otorgar libertad condicional a un ciudadano considerado preso político que llevaba años detenido sin haber sido sometido a juicio. Su decisión se produjo, además, después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria calificara como arbitraria la privación de libertad del justiciable y solicitara su libertad condicional.
La respuesta del poder político fue inmediata y alarmante. El entonces presidente Hugo Chávez arremetió públicamente contra la juez, la calificó de “bandida” y pidió para ella la pena máxima de 30 años de prisión. Incluso incitó a su posterior tortura en prisión cuando señaló que, si hubiéramos estado en la época de Bolívar, a esa juez la hubieran pasado por las armas. Aquellas declaraciones, emanadas de la máxima autoridad de un país, enviaron un mensaje inequívoco a todos los jueces en Venezuela: el Poder Judicial está sometido al poder político y cualquier juez que se atreviera a desafiarlo se expondría a enfrentar consecuencias similares. De esta manera, el caso Afiuni se convirtió en un poderoso mecanismo de intimidación dentro del Poder Judicial, fenómeno que posteriormente sería conocido como el “efecto Afiuni”.
A partir de entonces comenzó un largo proceso de persecución que convirtió a María Lourdes Afiuni en uno de los símbolos más trágicos de la destrucción de la independencia judicial en Venezuela.
Durante todos estos años, el proceso penal estuvo marcado por una prisión injusta, arresto domiciliario, severas restricciones y un proceso judicial interminable que tuvo graves consecuencias para su integridad física y psicológica. Entre las más graves se encuentra el brutal abuso sexual que sufrió por parte de funcionarios del Estado durante su reclusión, un ataque que le dejó severas y permanentes secuelas en su salud. A ello se suman otros actos de tortura y tratos crueles sufridos durante su encarcelamiento, hechos que se encuentran suficientemente documentados ante instancias nacionales e internacionales.
Su familia tampoco estuvo al margen de esta persecución. Ellos también sufrieron las consecuencias de un proceso que nunca debió existir y que, mucho menos, debió prolongarse durante tantos años de una manera tan injusta y escandalosa. Por eso, no podemos permitir que el cierre definitivo de la causa convierta esta historia en un simple trámite judicial terminado.
Para quienes hemos sido parte de esta lucha, cerrar el expediente no es el punto final de la justicia. Habrá justicia cuando exista verdad; cuando el Estado reconozca que María Lourdes Afiuni Mora no fue perseguida y encarcelada por violar la ley, sino por cumplirla, por ejercer su función como juez y tomar una decisión que resultó incómoda para el poder político; cuando exista una reparación integral por el daño causado a ella y a su familia; y cuando todos aquellos funcionarios que cometieron delitos y abusos en su contra sean juzgados y sancionados como corresponde.
Pero todavía hay algo igual de importante: la garantía de que esto no vuelva a ocurrir.
El caso Afiuni no puede ser entendido solamente como la historia de una juez perseguida. Es también la historia de lo que ocurre cuando el poder político deja de reconocer los límites que le impone la independencia judicial.
En este sentido, la verdadera justicia llegará cuando se le pueda garantizar al país que ningún otro juez volverá a ser perseguido, encarcelado o castigado por ejercer sus funciones con independencia; cuando los jueces en Venezuela puedan dictar decisiones en casos políticos conforme a la ley, con libertad, con honor y con imparcialidad, sin tener que preguntarse qué consecuencias políticas pueden sufrir por hacer su trabajo; y cuando ningún poder político pueda utilizar las instituciones de justicia para intimidar, silenciar o disciplinar a quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. Ese es el verdadero legado que debería dejar el caso Afiuni para la justicia venezolana: una garantía de no repetición.
Este caso está cerrado, pero la historia no ha sido borrada, el daño no ha sido reparado, los responsables de delitos no han sido sancionados, la garantía de no repetición sigue sin estar asegurada y la deuda de la justicia con María Lourdes Afiuni Mora permanece intacta.