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24 junio 2024

Maduro incumplió la mayoría de los “acuerdos” con Bachelet

Tras la publicación del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la situación de los Derechos Humanos en Venezuela ha seguido en franco deterioro.

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Redacción LGA | 26 agosto 2019

El 21 de junio en la noche, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, abandonó el país luego de una rápida visita de tres días. Durante su estadía en Caracas, la funcionaria de la ONU logró reunirse con varios sectores políticos, así como organizaciones de Derechos Humanos, víctimas y sus familiares.

Antes de subirse nuevamente al avión con destino a Ginebra, sede de la Oficina del Acnudh, Bachelet dijo que habían logrado establecer una serie de compromisos con la administración de Nicolás Maduro, como la permanencia de un “pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos” con el objetivo de proveer asesoría y asistencia técnica, además de monitorear la situación del país.

Casi dos meses después de la visita de la Acnudh, esos oficiales ya no se encuentran en el país, según reconocieron al menos dos ONG, por lo que este compromiso entre el régimen y Bachelet se cumplió a medias. ¿La razón? Los impedimentos que ha impuesto el régimen para su reingreso a Venezuela, luego de haber abandonado la nación brevemente por razones personales.

Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, afirma que apoyan la presencia de ambos funcionarios en el país, que tras su salida no han podido regresar a Venezuela a cumplir con el trabajo asignado por Bachelet.

“El compromiso era que la comisión se quedara, y están en conversaciones porque después del informe (publicado el 4 de julio) cambió la actitud. Ese compromiso fue de un par de semanas antes, durante la visita”, destaca el activista.

Gonzalo Himiob, abogado penalista y vicepresidente director del Foro Penal Venezolano, precisa que hace poco más de un mes (mediados de julio) ya los funcionarios de Bachelet no se encontraban en el país y el gobierno les impedía el acceso. “Mi impresión personal es que no se les permitirá más el acceso porque al régimen no le conviene que la ONU siga investigando lo que sucede”.

Otro de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano con la Alta Comisionada era que su equipo tuviese “acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad”. Esto tampoco se ha cumplido.

La situación de los centros de reclusión formales y preventivos en el país fue reiterada en varias partes del informe publicado en julio. Condiciones insalubres y de hacinamiento superiores al 100%, sin acceso a agua, alimentación o visitas a centros de salud son algunos de los señalamientos hechos por Bachelet.

La ex presidenta chilena también refirió que los centros de detención venezolanos no cumplen con las normas Mandela, un conjunto de reglas establecidas por Naciones Unidas para resguardar y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas, independientemente del delito que hayan cometido.

En el caso de centros de detención donde se encuentran los presos políticos, a esas condiciones se les suman las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Especialmente, la Acnudh señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como los principales cuerpos de seguridad donde se cometen estas violaciones.

Con la salida de los funcionarios de Michelle Bachelet de Venezuela también queda en el limbo las reiteradas solicitudes que han hecho diferentes relatores especiales de los distintos mecanismos de la ONU en derechos humanos desde hace años, al igual que la posibilidad de que expertos independientes puedan ingresar al país para constatar la situación.

Un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, permitiría entregar denuncias en materia de violaciones a la libertad de expresión e información, derecho a la alimentación o discriminación política.

Feliciano Reyna, representante de Acción Solidaria y Codevida, destaca que hasta ahora a los funcionarios de Bachelet no se les ha permitido acceder a ninguno de los lugares a los cuales se había comprometido Nicolás Maduro con la Alta Comisionada.

“Presumo que la oficina de Bachelet debe estar evaluando nuevamente la situación de Venezuela mientras sus funcionarios se mantienen a la espera para saber si, que efectivamente, podrán cumplir con el mandato que tienen”, considera el activista.

Menos tortura

“Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”.

Este señalamiento hecho por la Alta Comisionada al término de su visita al país, así como el exhorto a la liberación de presos políticos, fue uno de los primeros compromisos rotos por el Estado venezolano.

El mismo día de su salida del país, se concretó la detención del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y otras personas por su presunta vinculación en una conspiración. El 29 de junio, el militar fue llevado a tribunales, aunque murió antes de que pudiera ser presentado. Desde ese entonces, sus abogados y familiares denuncian que fue víctima de graves torturas dentro de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Tras conocerse la muerte de Acosta Arévalo, Bachelet se pronunció sobre el caso para exigir que su fallecimiento fuese investigado con celeridad e imparcialidad. Nuevamente pedía la liberación de todos los presos políticos, el respeto a sus derechos humanos y, particularmente, lamentaba que en esa muerte se hubiesen desechado los delitos de tortura.

En el informe general sobre Venezuela, la Alta Comisionada volvió a pronunciarse. Y es que en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes Venezuela tiene una deuda histórica.

Desde 2014 se esperan las respuestas al Comité Mundial contra la Tortura, que evaluó el caso venezolano ese año y posteriormente hizo una revisión en 2016. Ninguna de las recomendaciones hechas en ese entonces, entre las cuales se encontraba la adecuación de la Ley Orgánica contra la Tortura a estándares internacionales, se tomó en cuenta.

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