Tras los ataques y giros de timón que ha experimentado la fracción parlamentaria de la Unidad en la Asamblea Nacional (AN), hasta la fecha, la bancada acredita 103 diputados. A esta cuenta se suman 4 parlamentarios de la fracción 16 de Julio, aunque adversan a Nicolás Maduro el común de las veces objeta las decisiones en el Poder Legislativo, con lo cual mantienen una línea radical y apuestan por líneas más drásticas.
“La oposición mayoritaria cuenta con 107 diputados, incluyo los 4 de la de fracción 16 de Julio. El PSUV registró 49 parlamentarios, más 2 que son suplentes de Hugo Carvajal, quien está sometido a una investigación en España, y de Germán Ferrer, que en 2017 se fue del país tras persecuciones. Por su parte, Cambiemos, partido de Timoteo Zambrano, tiene 6 diputados”, aseveró una fuente de la directiva de la AN la última semana de octubre de 2019.
De acuerdo con un cuadro que manejan en el Parlamento, Primero Justicia (PJ) tiene 32 diputados principales y 23 suplentes; Acción Democrática (AD) 25 principales y 19 suplentes; Voluntad Popular (VP) cuenta con 19 principales y 28 suplentes; en tanto que Un Nuevo Tiempo (UNT) tiene 16 parlamentarios principales y 21 suplentes. Asimismo, en la AN se registran 6 diputados de Encuentro Ciudadano, la bancada que conduce Delsa Solórzano tras su dimisión de UNT; en tanto La Causa R tiene 3 principales y 1 suplente. En las cuentas se ubican los independientes, y ex chavistas, Eustoquio Contreras, Arkiely Perfecto, Lucila Pacheco y Fernando Orozco.
“Acceso a la Justicia denunció ante la CIDH, que el TSJ ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la Asamblea Nacional por delitos que no existieron”
Los diputados que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) han sacado de circulación tras el inicio de procedimientos penales, sin el debido proceso, y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al margen del procedimiento constitucional, han sido reemplazados por los suplentes.
Desde mayo hasta octubre de 2019, el TSJ y la ANC iniciaron procedimientos contra 19 diputados por su supuesta vinculación con la Operación Libertad que encabezó el presidente de la AN, Juan Guaidó, en la gesta por el “cese de la usurpación”. Estos diputados han sido despojados de la inmunidad parlamentaria, siendo el más reciente Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia. Es la tolda amarrilla, precisamente, la que acumula el mayor número de perseguidos. En total, hasta ahora, las medidas realizadas sin el debido proceso han tenido como blanco a 17 diputados principales y 2 suplentes.
En el caso del estado Miranda, el escenario da cuenta del alcance de la neutralización que ha querido hacer el gobierno de Nicolás Maduro. El estado, uno de los mayores en población electoral, se quedó sin 4 diputados principales y 3 suplentes: Miguel Pizarro, Adriana D’Elia, Julio Borges, y Freddy Guevara. El suplente de Guevara, Juan Andrés Mejía, también se encuentra fuera del Parlamento después de que allanaran su inmunidad.
Opacidad y dudas
De acuerdo con fuentes legislativas, existe un descontrol en el seguimiento de las cuentas sobre el número de parlamentarios. Si bien varios pasaron a la clandestinidad, otros están en el exilio tras ser acusados de delitos como traición a la patria y otros tienen libertad condicional, como el primer vicepresidente Edgar Zambrano, quien se reincorporó tras su salida de la cárcel de seguridad en Fuerte Tiuna; o están detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como Juan Requesens, varios asisten de forma irregular a las sesiones. De esta manera, a tales dirigentes sólo se les ve en debates puntuales, como ocurrió con la discusión sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
“Ocurre que algunos diputados no están en una sesión determinada y luego aparecen inexplicablemente en la lista de asistencia o, en ocasiones, no está el principal pero tampoco el suplente. Algunos no han sido investigados por el Tribunal Supremo de Justicia ni despojados por la Asamblea Nacional Constituyente de su investidura, pero se agarran de la persecución de la que todos somos blanco para no ir», aseguró un diputado opositor.
Delitos inexistentes
Acceso a la Justicia denunció, a finales de septiembre de este año, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el TSJ ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la Asamblea Nacional por delitos que no existieron.
En este sentido, la asociación civil sin fines esgrimió que “hubo ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas. Juicios que adolecen del debido proceso”, además de exponerse fundamentos jurídicos que se repiten en todos los casos sin base legal válida.
Un nuevo CNE
El Parlamento, sin la asistencia del bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó, el 30 de octubre, la conformación del Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral. “Estos vagos hoy tiene las sillas vacías de nuevo, cuando tienen la responsabilidad de darle la cara a Venezuela, cuando tienen la responsabilidad de votar para que el país tenga de nuevo las instituciones que requiere. Se ausentan cobardemente y muestran su verdadero rostro y el compromiso que tienen con la democracia”, esgrimió Jorge Millán de PJ.
El gobernante Nicolás Maduro anunció que el Bloque de la Patria presentará su propuesta para la relegitimación del Poder Electoral, pero se desconocen detalles luego de que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, asomara que la integración del árbitro comicial se dirimirá a través de la Mesa de Diálogo Nacional.
“Para la escogencia de los rectores del CNE se requiere el voto de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Pero si el PSUV insiste en la tesis del desacato se debilita la mayoría parlamentaria. Allí se trancaría el juego de nuevo”, dijo el politólogo Ricardo Sucre. La selección de los rectores está prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
El analista cree que de no lograr el Parlamento designar a un directorio comicial plural, seguramente llamaría a la abstención en las próximas elecciones que según el Gobierno sólo serán para escoger a una nueva Asamblea Nacional, con lo cual se reeditarían los escenarios de mayo de 2018.