Dos décadas de desmanes tienen un precio muy alto para una sociedad. Y esto va más allá de lo obvio. La prolongación en el tiempo de estas prácticas reñidas con los principios democráticos, con la transparencia y la legalidad termina echando unas raíces profundas, que inadvertidamente se han ido mezclando con diversos sectores, han penetrado en distintas actividades y han tocado de cerca múltiples segmentos de la población dentro y fuera de Venezuela.
Así que no se trata de un mal encapsulado, de fácil remoción quirúrgica. Su tratamiento es complejo y altamente doloroso. Muchos ven el mapa claro cuando se habla de la logística política a favor de la izquierda que se teje desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, donde el chavismo hace vida activa y se conecta de forma directa. También logran visualizarlo cuando se habla de simple corrupción administrativa en obras públicas jamás ejecutadas, del desangre de PDVSA para alimentar alianzas y componendas, o de los negocios que prosperaron bajo el paraguas del control cambiario. Incluso resulta fácil si se habla de narcotráfico o de otras redes de crimen organizado.
Lo complejo llega cuando hay que mirar al que está al lado, en las filas propias, para advertir que hasta allí llegó la corrupción rojita, que se matiza y cambia de colores, que muta y se disimula en la cotidianidad, como -por ejemplo- la “economía emergente” que comienza a florecer en el país.
“Los líderes de la oposición, si lo son, deben asumir el costo político que el doloroso tratamiento de anticorrupción implica, sin excusas ni demoras”
El ahora ex embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti -quien fue removido por Juan Guaidó la semana pasada-, señaló que estamos en un “desierto ético” y pidió una rectificación de rumbo, donde haya transparencia, coherencia, sinceridad, no complicidad con el régimen. “También tiene que haber mucha vigilancia porque la capacidad del Gobierno de corromper, de comprar conciencias, es ilimitada. Y es verdad que en este momento están tratando de comprar diputados de la Asamblea Nacional para arrebatarle ese espacio a la oposición, lo cual sería una gran victoria para el régimen y muy lamentable para el país”.
Desde hace semanas se vienen escuchando con fuerza las denuncias sobre la compra de voluntades dentro de la Asamblea Nacional para minar el piso político de la oposición, de lo que hemos escrito en varias oportunidades en La Gran Aldea. Incluso se habla de que los “maletinazos” que circulan por el Palacio Federal Legislativo han escalado hasta los 100 mil dólares por diputado.
Y, aun bajo ese rumor constante y las señales de que algo venía ocurriendo en el seno del Parlamento, el silencio se mantuvo. Finalmente ante la divulgación de una investigación periodística del equipo de Armando.Info, Juan Guaidó anunció que todo el país debía conocer su posición en torno a hechos de corrupción que involucran “a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”.
El reporte salió a la luz y mostró la conexión de los diputados Luis Eduardo Parra Rivero, José Brito y Conrado Pérez Linares (Primero Justicia); Richard Arteaga y Guillermo Luces (Voluntad Popular); Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos (Un Nuevo Tiempo), y Adolfo Superlano (ex integrante de Cambiemos), en unas gestiones para dar indulgencias a Carlos Lizcano y la compañía Salva Foods de irregularidades y relación con Álex Saab. Este último, por cierto, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la red de corrupción que tejió con el régimen de Nicolás Maduro alrededor del programa oficial de alimentos (CLAP) mientras 6,8 millones de venezolanos padecen hambre (según cifras de la FAO).
“La corrupción rojita no cesa y es la base de su sostenimiento en el poder, por lo que los intereses en juego están por encima de un país sumido en la Emergencia Humanitaria Compleja”
Frente a los hechos Guaidó anunció la suspensión de los parlamentarios; la intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de la que buena parte de los mencionados forman parte y que estaba a cargo de investigar los hechos de corrupción asociados a Álex Saab; y señaló que son inválidos todos los documentos gestionados desde dicha comisión para otorgar indulgencias a sujetos investigados por el Parlamento.
Pero las raíces de este árbol de dos décadas, cuyos desmanes superan los 450.000 millones de dólares -en cifras tímidas-, se extienden, se entrelazan, giran y alcanzan más allá. Basta sólo con mirar los lazos recientemente descubiertos entre Rudy Giuliani, abogado del presidente Donald Trump, y Alejandro Betancourt de la empresa Derwick, que se enriqueció en uno más de los emblemáticos capítulos de corrupción de estos últimos 20 años al amparo del chavismo, para comprender que las redes trascienden las esferas ideológicas y políticas.
Se trata de un problema que escala a los distintos ámbitos y que, debido a las inmensas cantidades de recursos involucradas, hace aún más complejo el desmontaje del entramado. La corrupción rojita no cesa y es la base de su sostenimiento en el poder, por lo que los intereses en juego están por encima de un país sumido en la Emergencia Humanitaria Compleja, con una población dependiente del reparto de alimentos y cada día más desesperanzada. Si la convicción de cambio flaquea en esta coyuntura es poco lo que se puede esperar.
Los líderes de la oposición, si lo son, deben asumir el costo político que el doloroso tratamiento de anticorrupción implica, sin excusas ni demoras, rindiendo cuentas y limpiando el lodazal en que parece sumirse nuestra sociedad.