La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la reforma que la Asamblea Nacional (AN) hizo a su Reglamento Interior y de Debates, con el propósito de permitirle a los diputados que se encuentran exilados en el exterior participar en las decisiones que tome la Cámara, es otra prueba de la parcialidad con la que actúa este organismo.
A la Sala Constitucional le tomó menos de 24 horas responder el recurso de nulidad con amparo cautelar que un grupo de diputados suplentes (Jesús Gabriel Peña, José Gregorio Noriega y Leandro Domínguez) le presentaron el miércoles 18 de diciembre de 2019 contra la modificación de la normativa interna del Parlamento aprobada el día anterior. Al mediodía del día 19 los siete integrantes de la instancia comparecieron ante los medios de comunicación y anunciaron que dejaban sin efecto el cambio, por considerar que el mismo violaba la Constitución.
“La AN es desacato ha pretendido violentar las bases constitucionales y republicanas del Estado venezolano de añeja tradición, desde la Constitución originaria de 1810, al intentar y desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria reconociendo la cualidad de diputados a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias”, dictaminó la intérprete de la Carta Magna, según anunció su presidente, el magistrado Juan José Mendoza.
La celeridad con la que la Sala analizó la petición de los diputados suplentes contrasta con la lentitud con la que actuó frente a otra solicitud para anular otra modificación al Reglamento que en 2011 le hizo un grupo de legisladores opositores, entre los cuales figuraban María Corina Machado, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Edgar Zambrano. En esa ocasión los diputados solicitaron dejar sin efecto la reforma a 60 artículos de la normativa interna del Parlamento que el chavismo aprobó antes de que la oposición regresara a la Cámara.
“La Sala Constitucional del TSJ que le permitió al fallecido Hugo Chávez gobernar desde Cuba, ahora dice que los parlamentarios deben ejercer su función de manera ‘presencial’”
La Sala se demoró hasta abril de 2016 en dar respuesta, es decir cinco años; y sólo lo hizo tras el arrollador triunfo de la oposición en las legislativas de diciembre de 2015. Pero además la respuesta fue en sentido contrario a lo que los demandantes exigían. Así, lejos de facilitar el trabajo de los legisladores eliminando disposiciones que les impedían hablar más de cinco minutos en los debates o las que facultaban al presidente de la Cámara a convocar sesiones ordinarias o extraordinarias de un día para otro, el máximo juzgado les ordenó someter a consulta popular todas las leyes y además consultarle al Gobierno antes de aprobar cualquier legislación que le imponga compromisos para saber si cuenta con los fondos necesarios para hacerles frente.
Pero este no es el único ejemplo que demuestra el doble rasero con el que se maneja el TSJ. En marzo de 2015 la organización Transparencia Venezuela interpuso otra demanda contra varios artículos del Reglamento de la AN, por considerar que los mismos no garantizaban derechos constitucionales como el del acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana; pero en este caso la demanda ni siquiera ha sido respondida, pese a que ha transcurrido casi un lustro desde su interposición.
La organización cuestionaba la constitucionalidad de las normas que le impiden a los periodistas ingresar al Hemiciclo de sesiones, o los que otorgan a la directiva el poder discrecional de concederle asistentes y personal de apoyo técnico a los diputados.
Este caso refuerza la tesis de que el máximo juzgado lejos de proteger los intereses de los ciudadanos lo que hace es proteger al Gobierno. En 2014, la organización publicó un estudio que aseguraba que el 90% de los casos en los que los particulares interpusieron alguna acción contra una decisión adoptada por un organismo público fueron ganados por estos últimos. A esta conclusión arribaron tras revisar más de 23 mil sentencias emitidas por las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral.
Para el pavo una cosa y para la pava otra
“El ejercicio parlamentario es delicado y dedicado. Nuestra Constitución exige la dedicación exclusiva y presencial de los parlamentarios para el cumplimiento efectivo de sus funciones”. Este fue el razonamiento que dio la Sala Constitucional para anular la reforma que la AN hizo a su reglamento interno, permitiéndoles a los diputados exilados participar en las deliberaciones futuras.
La intérprete de la Carta Magna incluso consideró que los legisladores que están en el exterior ya no gozan de esa condición, porque “abandonaron el cargo”.
“La parcialidad del TSJ no debería sorprender, porque 29 de los 32 magistrados simpatizan con el oficialismo y de esos 29, 11 fueron ministros, embajadores o son familiares de altos funcionarios del Estado”
Los pronunciamientos son llamativos, porque provienen de la misma instancia que autorizó al fallecido presidente Hugo Chávez ejercer sus funciones desde Cuba, donde estaba convaleciente por el cáncer que acabó con su vida en marzo de 2013. En ningún momento objetó que el entonces mandatario pudiera firmar decretos o realizar designaciones de ministros, pese que no se encontraba en el Palacio de Miraflores o ni siquiera en el territorio nacional.
Otro hecho llamativo es que el actual presidente de la Sala Constitucional, en 2010 respaldó la reforma que ese año el oficialismo realizó a la normativa interna de la AN desde la curul que ocupaba, pues aún no había sido designado como integrante del máximo juzgado.
La parcialidad del TSJ no debería sorprender, porque 29 de los 32 magistrados simpatizan con el oficialismo y de esos 29, 11 fueron ministros, embajadores o son familiares de altos funcionarios del Estado.