En la aldea
18 junio 2024

Las trampas anti desarrollo

La construcción de un nuevo modelo de Estado para el fomento del desarrollo, pasa necesariamente por el desmontaje de ese cuerpo de leyes atentatorias de las libertades ciudadanas. No hay forma de atraer e impulsar la inversión nacional e internacional teniendo como lastre un Estado comunal socialista, que tiene como propósito el control social. Urge inventariar ese cuerpo normativo e ir desentrañando las fórmulas para su sustitución por leyes que brinden seguridad jurídica, libertad y que empujen el emprendimiento y la iniciativa ciudadana.

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Zair Mundaray | 12 marzo 2020

La libertad y el desarrollo humano, son a mí entender, conceptos cuya interrelación es prácticamente indisoluble. Basta analizar cuáles son los países que lideran el Índice de Desarrollo Humano, para corroborar, que son Estados que mayoritariamente gozan de vigorosas democracias, amplias libertades civiles, educación de calidad e instituciones que permiten que sus ciudadanos alcancen de forma más satisfactoria su proyecto de vida. Una de las claves pareciera ser la preponderancia que se le da a las iniciativas y emprendimientos privados, y un Estado llamado a fomentar que dichas iniciativas se produzcan de la forma más libre y ordenada posible.

En los primeros puestos del Índice de 2019, figuran entre otros, Noruega, Suiza, Irlanda, Australia, Canadá, Islandia, Suecia, Singapur y Estados Unidos. Venezuela figura en el puesto No.96, después de Colombia, Costa Rica, Perú, México, Panamá, entre otros.

No es coincidencia, tampoco que, en los últimos lugares de dicho índice, figuren países en los que se imponen gobiernos autoritarios que no ofrecen libertades democráticas, en los que el Estado se apodera de todo, y atropella a sus ciudadanos e iniciativas. Ejemplo de ello son: Guinea Bissau, Burkina Faso, Burundi, Chad, República Centroafricana, entre otros. 

“Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore (…) para que cada persona tenga más oportunidades”

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al referirse al Desarrollo Humano, sostiene que “comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio -si bien muy importante- para que cada persona tenga más oportunidades”.

En Venezuela vamos contracorriente, el chavismo progresivamente ha diseñado un entorno hostil para que los ciudadanos tengan una vida productiva de acuerdo con sus propios intereses y potencialidades. Por el contrario, ha puesto en marcha un andamiaje jurídico y cultural, que trata de impedir por todos los medios, que las personas sean responsables de su propio destino, que a través de sus conocimientos, artes, profesiones u oficios, logren forjar una vida plena.

Han posicionado la pobreza como una virtud “revolucionaria”, que le da automática pertenencia a esa masa que denominan “pueblo”, que, de acuerdo con la propaganda oficial, tiene más derechos que el resto de la población. Paradójicamente la retórica oficialista repite que la pobreza y demás carencias no tienen relación con tus actos, el pueblo no es responsable de ello, la culpa siempre es de otro. Antes fue de la “Cuarta República”, de los adecos, de los copeyanos, de los apátridas, de los escuálidos, de los ricos. Ahora, del imperio, del bloqueo o de Donald Trump. Es como si no hubiesen gobernado más de 20 años, no son responsables de nada, pero tampoco la gente lo es.

No importa si durante tu juventud te jubilaste del liceo en lugar de ir a clases, te dedicaste a la fiesta, a jugar caballos y loterías con el poco sueldo; tuviste varios hijos con distintas parejas y no los mandaste al colegio cuando correspondía; nunca te preocupaste por formarte, estudiar o trabajar. De acuerdo con el chavismo, tus propias decisiones no forjaron tu destino, fue otro el que lo hizo de forma malintencionada. Si mientras tanto tu vecino estudiaba, trabajaba, ahorraba, se graduó en la universidad e hizo un postgrado que lo llevó a un buen empleo, a acceder a una buena casa, un buen carro, a darle una mejor educación a sus hijos, entonces éste es un burgués, alienado al capitalismo. Esa es la lógica revolucionaria, expropió a la gente de su responsabilidad frente a su propio destino.

“No hay forma de atraer e impulsar la inversión nacional e internacional teniendo como lastre un Estado comunal socialista, que tiene como propósito el control social”

Más allá del discurso que propugna la irresponsabilidad y resta valor al trabajo como instrumento de ascenso social, es pertinente referirnos a algunas leyes que definen el modelo de Estado que todo lo controla, y que impide el desarrollo. La pretendida reforma constitucional que fue contundentemente rechazada por la población en el referéndum del 2 de diciembre de 2007, fue puesta en vigencia mediante leyes de dudosa constitucionalidad, que moldean un Estado interventor y un ciudadano dependiente y sometido al poder. Ejemplo de ello es la Ley Orgánica del Poder Popular. En ella se definen las relaciones Estado-Población enmarcadas dentro de principios socialistas, y se contempla el control social como uno de los objetivos. Nada de esto es casual, pues se requiere que la gente, para acceder incluso a la más básica subsistencia, tenga que aceptar ser parte de algunas de las formas de organización mal llamadas del Poder Popular.

El artículo 5 dice textualmente: Principios y valores / La organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de: Democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

En nombre de El Libertador, se impone entonces un modelo de Estado de corte socialista, en el que desde el poder, se organiza a la población para defender dicho modelo, e impedir el emprendimiento y la libertad económica, pues la misma norma en su desarrollo establece que esas organizaciones dependen casi de manera exclusiva de las dádivas gubernamentales. Es decir, dependen casi exclusivamente de quien ejerza funciones de gobierno.

En el mismo orden de ideas se sancionó en 2009, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que no es más que otro mecanismo de fidelización de la sociedad al poder. Dice el artículo 2 de dicha Ley:

Artículo 2. Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.

“La lógica revolucionaria expropió a la gente de su responsabilidad frente a su propio destino”

El artículo 47 del mismo texto, contempla cual es el origen de los recursos de los Consejos Comunales, que, en la práctica, ha resultado un mecanismo que propende a expandir la corrupción y el control social, en la que unos pocos se aprovechan de recursos públicos, actuando en nombre de otros a los que supuestamente representan. Además, se atribuyen el ejercicio de funciones públicas violentando el principio de legalidad administrativa, así como funciones privadas, intentando sustituir la capacidad de emprendimiento ciudadano, todo esto, acompañado de ideologización y participación activa, en el mantenimiento del poder por parte del estamento chavista.

Dice así: “Los consejos comunales recibirán de manera directa los siguientes recursos financieros y no financieros:

  1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.
  2. Los que provengan de lo dispuesto en la Ley que Crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos.
  3. Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado.
  4. Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero de todos sus recursos.
  5. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
  6. Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la Constitución de la República y la ley”.

La alta dependencia oficial de los recursos, ha servido para que se consoliden sólo Consejos Comunales de corte socialista, consustanciados con los valores revolucionarios, y sean éstos los que reciban recursos del Estado. Además, esta fórmula ha servido para reforzar una política clientelar en la que muchos ciudadanos, de forma consciente o no, se afilian buscando mejorar su calidad de vida, y a su vez, cooperan en diversas fórmulas para que la dictadura mantenga el poder.

La construcción de un nuevo modelo de Estado para el fomento del desarrollo, pasa necesariamente por el desmontaje de ese cuerpo de leyes atentatorias de las libertades ciudadanas. No hay forma de atraer e impulsar la inversión nacional e internacional teniendo como lastre un Estado comunal socialista, que tiene como propósito el control social. Urge inventariar ese cuerpo normativo e ir desentrañando las fórmulas para su sustitución por leyes que brinden seguridad jurídica, libertad y que empujen el emprendimiento y la iniciativa ciudadana. Esto ha de ir de la mano de un discurso de empoderamiento y responsabilidad ciudadana, un plan agresivo para la educación de calidad, introyección de valores cívicos, respeto a la ley y a los derechos de los demás.

¡Esa tarea es para ya! Al retornar la democracia, hay que tenerla lista e iniciar su ejecución, es parte del cambio de modelo que debe protegernos de cualquier tentativa populista futura.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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