Las sanciones más recientes a Rosneft Trading S.A. avizoran una nueva ola de sanciones secundarias, que sin duda aumentarán la presión sobre el sector petrolero venezolano.
Quizá sea oportuno hablar sobre la relación entre la aplicación de sanciones petroleras y la preocupante Emergencia Humanitaria Compleja que sufre la población venezolana.
Hay que comenzar diciendo que existe una narrativa, que en algunos círculos es tomada como una verdad auto-revelada, que dice que las sanciones internacionales a la venta de petróleo son responsables del colapso del sector petrolero venezolano y, por esa vía, responsables de agravar la Emergencia Humanitaria Compleja que sufren los venezolanos.
“Se trata de la misma élite que acaba de gastar millones de dólares en adornos de Carnaval y que sigue enviando 100.000 barriles de petróleo diariamente a Cuba. ¿Por qué sería distinto si levantan las sanciones?”
Este no es el tema de estas líneas pero baste con saber que el tema de la relación causal entre sanciones y colapso petrolero ha sido arduamente debatido en los círculos especializados. En este punto hay que ser categórico: No existe evidencia de que el colapso petrolero venezolano sea consecuencia directa de las sanciones. No hay consenso técnico sobre este tema, que tal vez sea demasiado contemporáneo que los datos hablen por sí solos. El lobby anti sanciones ha esgrimido como irrefutable un estudio producido en Wall Street, que ha sido ampliamente cuestionado por presentar serios problemas metodológicos. El tema requiere mucho más que eso para ser zanjado.
Pero más allá de los efectos sobre el sector petrolero, e incluso aun admitiendo como cierto que relajar las sanciones podría mejorar la restricción presupuestaria del Gobierno, es decir, aun aceptando el mecanismo de transmisión antes mencionado cuya causalidad no está demostrada, hay espacio de sobra para cuestionarse si ello conlleva necesariamente al alivio de la crisis humanitaria.
“Todo apunta a que relajar las restricciones que enfrenta la élite política que maneja el Estado venezolano no significa alivio de la crisis, sino poner más recursos a disposición de la satisfacción de objetivos privados y partidistas”
Piénselo bien, así, en abstracto, uno podría admitir que imponerle restricciones a generación de divisas fiscales al Gobierno, es decir, limitar su capacidad para importar alimentos y medicinas, en teoría, pudiera agravar la difícil situación de aquellos que dependen de la salud y la alimentación pública para mitigar los efectos de la crisis. Pero esto es solo en teoría, porque para que esta afirmación sea completamente cierta, debe necesariamente existir la intención por parte del Estado para atender los efectos de la crisis. Fíjese el lector que aquí la palabra clave es intención y no recursos.
Es por ello que el tema de las sanciones y la crisis humanitaria debe inspeccionarse volteando el argumento, es decir, hay que preguntarse si tenemos bases para afirmar que, bajo el estado actual de las cosas, levantar las sanciones puede contribuir al alivio de la crisis humanitaria. Precisamente ahí es donde los grupos de presión pro-levantamiento de sanciones fallan en su lógica: De acuerdo a su argumento, levantar las sanciones se traduciría, necesariamente y por obra del pensamiento mágico, en alivio para los que sufren la crisis.
“Debe necesariamente existir la intención por parte del Estado para atender los efectos de la crisis. Fíjese el lector que aquí la palabra clave es intención y no recursos”
Hay que recordar que el colapso de la capacidad del Estado venezolano para proveer los más elementales servicios sociales en los sectores de salud, alimentación y educación, hecho central para explicar la magnitud de lo ocurrido en el plano humanitario en los últimos años, precede por mucho a la imposición de sanciones sobre el sector petrolero.
Y por qué es importante lo anterior, pues porque revela, en una especie de “experimento natural”, cómo se comportaría la élite política que maneja el Estado venezolano al frente de un gobierno que enfrenta una situación de crisis económica pero sin ninguna restricción impuesta por sanciones internacionales. Ese es exactamente el caso de la Venezuela hasta 2018. Y el resultado está a la vista: Entre 2015 y 2018, esta misma élite política generó la crisis humanitaria más profunda y brutal de la historia republicana. En esos años millones emigraron, cientos de miles pasaron hambre, miles enfermaron y murieron.
“No existe evidencia de que el colapso petrolero venezolano sea consecuencia directa de las sanciones”
Puestos a elegir entre aliviar los efectos de la crisis y maximizar su objetivos privados/partidistas, la élite que maneja el Estado venezolano eligió lo segundo, privilegiando la distribución para solidificar su base partidista y sus apoyos internacionales, en un marco de corrupción propia de un país sin contrapesos institucionales. Se trata de la misma élite que acaba de gastar millones de dólares en adornos de Carnaval y que sigue enviando 100.000 barriles de petróleo diariamente a Cuba. ¿Por qué sería distinto si levantan las sanciones?
Cierro retomando la pregunta original: ¿Levantar las sanciones puede aliviar la crisis humanitaria? La respuesta es que no necesariamente. Lamentablemente no solo no existe evidencia de ello, sino que todo apunta a que relajar las restricciones que enfrenta la élite política que maneja el Estado venezolano no significa alivio de la crisis, sino poner más recursos a disposición de la satisfacción de objetivos privados y partidistas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ya lo vivimos.