Uno de los acontecimientos jurídicos distintivos del nuevo siglo, fue sin duda la comprensión por buena parte de la comunidad internacional, de las dimensiones que ha alcanzado la criminalidad organizada transnacional, y los peligros que este fenómeno comporta para el sostenimiento de las relaciones sociales armónicas, la estabilidad de los sistemas democráticas, los equilibrios económicos y las libertades ciudadanas.
Como consecuencia de la Resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000 nace la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un todavía joven instrumento, cuyos frutos han sido hasta el momento bastantes discretos si hacemos un balance. Sin embargo, esta norma ha sido fundamental en la investigación adelantada por la Fiscalía de Nueva York contra la banda delincuencial que ha convertido a nuestro país en un Estado mafioso.
Kofi A. Annan, para entonces Secretario General de las Naciones Unidas, decía durante la presentación de esta Convención que uno de los contrastes más marcados que existen en el mundo actual es el abismo entre lo civil y lo incivil. Cuando digo “lo civil” quiero decir la civilización: Los siglos acumulados de conocimientos que sientan las bases del progreso. Cuando digo “lo civil” también quiero decir la tolerancia: El pluralismo y el respeto con los que aceptamos a los diversos pueblos y nutrimos de ellos nuestras fuerzas. Y, por último, quiero decir la sociedad civil: Los grupos de ciudadanos, empresas, sindicatos, profesores y periodistas, los partidos políticos y demás grupos que desempeñan una función esencial en el funcionamiento de toda sociedad. Por el contrario, alineadas contra esas fuerzas constructivas, cada vez en mayor número y con armas más potentes, se encuentran las fuerzas de lo que denomino la “sociedad incivil”. Se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. Sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad. Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación o a la violencia. Su crueldad es la verdadera antítesis de lo que consideramos civil. Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares; pero no son invencibles. Annan parecía vaticinar lo que sería la Venezuela de unos años después, cuando las fuerzas de la incivilidad al mando de Hugo Chávez, tomaron el control del Estado para destruir todo a su paso.
“Terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. (…) Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación o a la violencia”
Me propongo en este artículo, exponer toda la actividad investigativa que precede a un señalamiento por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al momento de presentar una acusación formal. Al acusar, los fiscales señalan hechos concretos respecto de los cuales han logrado establecer un altísimo grado de certeza, no hay espacio para la improvisación en una labor tal delicada. Quienes pretendan descalificar la acusación contra Nicolás Maduro, enfrentan años de información confrontada por varias fuentes, en la que fiscales y agencias de investigación, han desplegado conocimientos legales y tecnológicos al servicio de la Justicia.
Pero quise referirme a la Convención de Palermo, porque en ella se resumen las técnicas de investigación utilizadas durante años por la Fiscalía, para la determinación de los hechos que terminaron con la acusación recientemente presentada contra Maduro y otros oscuros personajes de la llamada “Revolución Bolivariana”. Vale decir, que esta investigación se desarrolla en el marco de la más intensa cooperación internacional, pero no precisamente de Venezuela, que es desde donde se planifican y ejecutan los delitos. Esto constituyó todo un reto para los investigadores, pues las normas de cooperación, parten de la lógica del interés de todos los Estados miembros, en la persecución de los delitos de delincuencia organizada, nunca se pasearon los ideólogos de esta norma por la posibilidad de que todo un Estado estuviera en manos de una organización criminal, de modo que se impidiera cualquier mecanismo de cooperación.
La cooperación que en este caso operó, es la aportada por el resto de los países afectados por la perpetración de los hechos. En efecto, otros Estados de la región en los cuales ocurrieron parte de los delitos y que cuentan con la institucionalidad necesaria para intercambiar y certificar información sobre sujetos involucrados, vuelos, organizaciones criminales locales, rutas, comunicaciones, bienes, entre otros, colaboraron de forma efectiva con la Fiscalía de Estados Unidos. Esto es en gran medida la clave del éxito de una buena investigación en esta materia, tal como ocurrió.
“Las investigaciones de las actividades de las FARC tienen años adelantándose por la Justicia norteamericana, por lo que la conexión venezolana en este asunto es una vertiente más de esa mega causa”
Armar todos los eslabones de los hechos narrados en la acusación, requirió además de varias técnicas especiales. Una serie de sujetos que tuvieron participación en la trama de narcotráfico y terrorismo, venezolanos y de otras nacionalidades, se pusieron a la orden de la fiscalía para negociar su colaboración eficaz a cambio de inmunidad o de penas reducidas. Ya se conoce la cercanía de algunos de estos colaboradores con los imputados, lo que aporta mucha credibilidad a la información que han aportado. Esta información es invaluable, pues permite obtener un panorama completo de cómo se producen las operaciones y quiénes son los autores y partícipes.
Pero el testimonio no es suficiente, interceptaciones telefónicas, de correos, agentes encubiertos, grabación de comunicaciones ambientales, seguimiento personal y tecnológico, dan cuenta de la veracidad o falsedad de lo que van aportando testigos e informantes. Todas estas técnicas fueron utilizadas en esta investigación, de modo que cada afirmación de la acusación se encuentra respaldada por varios medios probatorios.
No es raro entonces, que frente a un cúmulo de información cuidadosamente entrelazada, la mayoría de los señalados de graves delitos como narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, opten por llegar a acuerdos con los fiscales a cambio de algunos beneficios procesales. Ya conocemos el destino de aquellos que de forma aventurada, como “El Chapo” Guzmán o “los narcosobrinos”, optaron por declararse inocentes y enfrentar un juicio. En pocas oportunidades, es posible observar el despliegue de la fuerza avasallante del Estado, como cuando se es acusado de crímenes de alta entidad punitiva, como el narcotráfico y el terrorismo. Es preciso recordar, que las investigaciones de las actividades de las FARC tienen años adelantándose por la Justicia norteamericana, por lo que la conexión venezolana en este asunto es una vertiente más de esa mega causa.
La vertiente final de la investigación es el rastreo de los capitales provenientes del delito, es el punto en el que testaferros, lavadores financieros y otros dedicados a estos delitos entran en escena, una vez en el foco de la Justicia, sólo les queda colaborar, lo contrario son largas condenas.
La prepotencia de los delincuentes siempre es parte de su puesta en escena frente a la sociedad, pretenden mostrarse fuertes, altivos, pero una vez en el banquillo, generalmente son dóciles, tratan de mostrarse como buenos ciudadanos, y cuando se acerca el final de sus procesos piden clemencia a la Justicia. En este punto del conflicto venezolano, lo judicial está siendo protagonista, los delincuentes la tienen difícil, parecen acortarse los tiempos.
En la próxima entrega: La Acusación.