En la aldea
02 diciembre 2024

Carlos Machado Allison, investigador, científico, profesor universitario, experto en materia agroalimentaria, y miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela.

Carlos Machado Allison: “La privación de alimentos siempre ha dado dividendos políticos a los gobiernos que no son democráticos”

Para que haya seguridad alimentaria se necesitan 800 kilogramos por persona por año; en Venezuela a duras penas llegamos a 350 kilos. El consumo en este país es, pues, menos de la mitad de lo necesario. Somos un país de hambrientos.

Lee y comparte
Milagros Socorro | 26 abril 2020

El informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la ONU, divulgado este martes 21 de abril, establece que Venezuela es el cuarto país del mundo donde más personas pasan hambre grave (después de Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán). Venezuela no había aparecido en ediciones anteriores del informe, y ahora lo hace con 9,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda.

-Creo que la lectura del PMA se refiere a proporciones y no a números -explica el experto Carlos Machado Allison-. Obviamente, en países con elevada población (India, Bangladesh, Etiopía, etc.) el número es mayor. Lo relevante para el PMA es que uno de cada tres se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y más de 2 millones en la fase “aguda”, con lo que entra en sintonía con los resultados de Encovi, que apuntan (por ingreso diario en dólares per cápita) que el 80% de los venezolanos están en la categoría de pobres. Creo que hay que diferenciar entre “hambre”, que es un término muy coloquial, y fallas en la nutrición. “Inseguridad Alimentaria”, como el opuesto a “Seguridad Alimentaria”, significa que: (a) No tienen suficiente dinero (acceso) para comprar lo adecuado en calorías y en balance; (b) Que no están disponibles con regularidad; (c) Que o el país no tiene la capacidad para producir suficiente o para importar lo requerido; y (d) Que los alimentos disponibles no tienen la calidad o las características, de acuerdo a las preferencias, edad, religión o cualquier otro criterio relacionado a la idiosincrasia alimentaria.

“El sistema de controles generó una carga burocrática enorme, Cavidea hizo hace unos cuatro años el recuento de los ‘obstáculos formales’ y la cifra superaba los 250”

Carlos Machado Allison, experto en materia agroalimentaria

-Lo primero es recordar que trabajamos sin cifras oficiales -advierte el doctor Carlos Machado Allison, cuando se le pide una descripción del panorama actual de la alimentación en Venezuela para contrastarlo con las cifras aportadas por el PMA-. Aún así, se puede afirmar que la situación es dramática.

Miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, PhD en Ecología y Genética de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, entre muchos otros títulos y distinciones, Carlos Machado Allison es experto en la materia agroalimentaria, sobre la que ha escrito más de 150 publicaciones científicas, incluyendo 25 libros, además de informes técnicos y artículos para la prensa nacional. Es investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Fue asesor de la Unidad de Análisis Estratégico y de Políticas Públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (1989-1990).

-Desde 2014 -explica el doctor Machado Alison– viene ocurriendo un deterioro en la capacidad adquisitiva de los venezolanos, al extremo de que, para marzo pasado, el salario mínimo solo alcanzaba para cubrir el 2% de la demanda mensual de alimentos de una familia tipo (de 5 personas). Esta situación se agravó en abril de 2020, por la escasez de gasolina y la cuarentena derivada del coronavirus. Por otra parte, dada la caída de la producción nacional y la creciente dependencia de las importaciones, la devaluación del bolívar en más del 100% en las últimas dos semanas hará más difícil el acceso a los alimentos. Los principales gremios agroalimentarios (Fedeagro, Fedenaga, Cavidea, y otros) han venido denunciando las múltiples carencias que aquejan a los productores: Gasolina, piezas de reposición, agroquímicos, semillas, etc. Por otra parte, las encuestas de Encovi (asociación entre universidades para monitorear la situación nutricional) señalan que alrededor del 80% de los venezolanos tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, sana y balanceada.

“Las encuestas de Encovi señalan que alrededor del 80% de los venezolanos tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, sana y balanceada”.

-¿Cree usted que la situación de la alimentación en Venezuela es conocida por los organismos internacionales?

-Sí, en febrero de 2020, el Programa Mundial de Alimentos señaló que 32,3% de los venezolanos, 9,3 millones de personas, viven bajo una situación de “inseguridad alimentaria”, 2,3 millones bajo “inseguridad severa”, y 7,0 millones bajo “inseguridad moderada”. En marzo de este año, Caritas de Venezuela señaló que 34% de los niños venezolanos estaban bajo una situación de “desnutrición crónica”. Un estudio de Encovi (2018-2019) concluía afirmando que la población en su conjunto había perdido alrededor de 9 kg de peso entre 2014 y la fecha del estudio. Nuestras estimaciones sobre el total de la producción agroalimentaria de Venezuela apuntan a que, de alrededor de 800 kg/persona/año en 2008, pasamos para el 2019 a 350 kg/persona/año. En una década se redujo a menos de la mitad la producción agroalimentaria por persona por año. Para que haya seguridad alimentaria se necesitan 800 kilogramos por persona e, insisto, nosotros a duras penas llegamos a 350 kilos por persona, por año. En suma, los organismos internacionales sí están al tanto de cómo se han reducido en Venezuela las importaciones de alimentos, que alcanzaron su máximo entre 2010 y el primer semestre de 2014, al amparo de la bonanza petrolera, hasta alcanzar casi 10.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, sin cifras oficiales, se estima que las importaciones de alimentos se encuentran en el orden de 3.000 millones de dólares. Esto significa que ahora se importa un tercio de los alimentos que importábamos hace diez años.

-Como conocedor de la materia, ¿llegó a usted a prever, hace 5 o 10 años, que llegaríamos a la actual situación?

-Sí, sin duda. Lo manifesté en muchas entrevistas y en publicaciones formales. La política planteada en 2007, en el Primer Plan de la Patria, apuntaba al crecimiento de la economía controlada por el Gobierno y la reducción del sector privado. Desde 2004 se efectuaron numerosas confiscaciones, invasiones, rescates o nacionalizaciones de fincas, empresas de servicio, como Agroisleña y agroindustrias. Así mismo, crearon o adquirieron redes públicas de supermercados y de distribución de alimentos, y desplegaron prácticas monopólicas para la importación de alimentos o materias primas. Por otra parte, se mantuvo un estricto control de precios, que llevó a graves episodios de escasez y a la creación de un mercado negro de alimentos básicos, mientras que una tasa de cambio preferencial generó una bonanza temporal en algunos rubros basados en materia prima importada, como fueron los alimentos balanceados para pollos y cerdos, así como la importación y competencia desleal con la carne. Con frecuencia, los precios básicos pagados a los productores no cubrían los costos. Por otra parte, el Gobierno gastó importantes sumas en crear cooperativas, fundos y empresas agrícolas que no tuvieron mayor éxito. Así como la importación de maquinaria agrícola de fuentes no tradicionales, como China e Irán.

A la par, el Gobierno estranguló económicamente a las universidades y centros de investigación, de tal suerte que cesó el flujo de tecnología y la capacitación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. El atraso tecnológico en la agricultura es, como resultado, dramático. Tecnologías de uso común en otros países (GPS, Drones, Robótica, etc.) están ausentes y más grave aún, un porcentaje elevado de investigadores y profesores han abandonado el país por la inexistencia de condiciones básicas de trabajo y sueldos miserables.

“La privación de alimentos siempre les ha dado buenos dividendos políticos a los gobiernos que no son democráticos y donde no hay rendición de cuentas, ya que concentra mucho poder central y crea una enorme dependencia de los habitantes”

Carlos Machado Allison, experto en materia agroalimentaria

El sistema de controles (permisos, documentos, leyes, decretos, etc.) generó una carga burocrática enorme, Cavidea hizo hace unos cuatro años el recuento de los “obstáculos formales” y la cifra superaba los 250. Mientras tanto, nada se hizo para controlar desde el Estado la calidad de los alimentos o mejorar el sistema estadístico y la infraestructura rural. Las fallas en electricidad, telefonía, suministro de agua, etc., han tenido un impacto muy negativo sobre la producción y la productividad.

-¿Cuántas empresas del sector de alimentos calcula usted que tiene el régimen en la actualidad?, ¿cuánto cree que le cuestan al país y cuánto cree que producen?

-Te copio el informe de Transparencia Venezuela del año 2017. De acuerdo a ese informe, en 2017, el Gobierno poseía 71 empresas vinculadas a la producción agroalimentaria o a su procesamiento, pero habría que añadir algunas fincas y cooperativas que no figuran en ninguna lista. De acuerdo a Transparencia Venezuela, había 526 empresas en manos del Gobierno para 2017. En el informe también se señala que, en total, trabajaban unas 400.000 personas en esas empresas y que estas demandaban continuamente transferencias del Gobierno central, ya que la mayoría acusaban pérdidas. Yo no conozco una lista completa de esas empresas y los esfuerzos por obtenerlas han sido inútiles.

-¿Qué alimentos y en qué volúmenes exportaba Venezuela a la llegada de Hugo Chávez al poder?

-La historia reciente de las exportaciones de alimentos por parte de Venezuela es peculiar. Por muchos años se limitaron a café, cacao, chocolate y ron, por cantidades muy pequeñas, alrededor de 100 millones de dólares por año. La razón era la sobrevaluación del bolívar, que determinaba que nuestras empresas de alimentos difícilmente podían competir en los mercados internacionales. Por más de 20 años, las importaciones se ubicaban entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Tras los cambios económicos de la década de 1990 (sinceración del tipo de cambio, acuerdos del Pacto Andino y del G3), las exportaciones aumentaron mucho hasta llegar a unos 600 millones de dólares anuales (1995-1996); e incluían, además de café, cacao y ron, también cerveza, galletería, pastas, pollo congelado, mayonesa, margarina y otros productos elaborados. Así que mejoró bastante la balanza comercial.

Luego, desde 1998 hasta el presente, las exportaciones disminuyeron de nuevo hasta llegar a un mínimo de 40 millones de dólares. En la actualidad, estimo que han aumentado algo, quizás cerca de 100 millones, de nuevo debido a la devaluación de la moneda. Hay un potencial de exportación, pero sin una economía balanceada, una infraestructura de puertos y aeropuertos, y capacidad de negociación internacional, es difícil competir. Un ejemplo es el de carne bovina, de gran potencial para la exportación, pero la presencia de Aftosa lo impide y nunca hemos logrado un sistema de sanidad animal que elimine esa enfermedad. También podríamos ser exportadores de rubros de alto valor, como es el caso de las especias, pero nunca ha existido una política al respecto, ya que casi todas las iniciativas públicas han estado dirigidas a la sustitución de importaciones más que al estimulo a las exportaciones.

“Las fallas en electricidad, telefonía, suministro de agua, etc., han tenido un impacto muy negativo sobre la producción y la productividad”

Carlos Machado Allison, experto en materia agroalimentaria

-¿Cree usted que se llegó a este grado de carencias porque el régimen fracasó en sus programas o “por diseño”, es decir, porque se planificó un estado de privación para controlar a la población?

-Esa pregunta solo pueden responderla con objetividad personas vinculadas al Gobierno. Solo puedo señalar que los objetivos de control social y de la producción estuvieron en todos los discursos y documentos de los gobiernos de Chávez y de Maduro. Así mismo, que ese diseño tiene elementos comunes a los establecidos en la Unión Soviética, países del Este de Europa, China, Cuba y Corea del Norte. Todos fracasaron. China, tras las hambrunas (1950-1970), modificó sus políticas y con ello cesaron las hambrunas. La privación de alimentos siempre les ha dado buenos dividendos políticos a los gobiernos que no son democráticos y donde no hay rendición de cuentas, ya que concentra mucho poder central y crea una enorme dependencia de los habitantes.

-¿Qué consecuencias tendrá para Venezuela una situación prolongada de fallas en la nutrición?

-Son bien conocidos los efectos de la desnutrición o malnutrición, o la carencia de nutrientes esenciales en ciertas edades (caso de la leche en los niños). En términos generales, atraso mental en niños, incremento en la mortalidad infantil y materna, aumento en otras enfermedades o gravedad de las mismas por deficiencias inmunológicas y vitamínicas. Por falta de un balance adecuado también aumentan los riesgos de diabetes y enfermedades cardiovasculares. La subnutrición afecta también el desempeño laboral. En los últimos 5 años, el precio final de las frutas y vegetales ha aumentado tanto que buena parte de la población no tiene acceso a ellos, algo similar está ocurriendo con respecto a las proteínas de origen animal, o procedentes de los peces. La tendencia general es “recostarse” de los productos que tienen más calorías, como las grasas y las harinas, de manera que hay una parte de la población que tiene, al mismo tiempo, sobrepeso y deficiencias nutricionales.

-¿Qué acciones deberían estar contempladas en un plan de emergencia nacional para recuperar la producción de alimentos en Venezuela?

-En principio son las mismas (macroeconómicas) para el sector agroalimentario que para cualquier otro. La lista es larga: 1.Respetoa los derechos de propiedad, regularización de los títulos, y libertad comercial; 2.Desregulacióny eliminación de obstáculos a la producción, transporte y distribución final; 3.Reducción del tamaño de Estado como productor y retorno al sector privado de las actividades de producción, almacenamiento, transporte, procesamiento y distribución de alimentos; 4.Eliminación de control de precios, certificado de finca productiva y otras medidas; 5.Mejoramiento de los servicios básicos de electricidad, agua, telefonía y acceso acombustibles; 6.Estabilidad monetaria; 7.Disponibilidad de crédito bancario; 8.Acceso a tecnología moderna y apoyo de las universidades y centros de investigación (en estos campos se permiten subsidios públicos), y 8. Obviamente, un incremento en la capacidad de compra y consumo de la población, que se encuentra muy mermada en este momento.

Lee y comparte
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
Más de Entrevistas