Nicolás Maduro apuesta a la fórmula repetida de controles e intervención

En un momento en el que las empresas redoblaban esfuerzos para mantener su producción en medio de la cuarentena por el coronavirusCovid-19 y el pago de sus nóminas, el régimen de Nicolás Maduro activó una bomba de tiempo. En lugar de brindar apoyo durante la pandemia, decidió imponer controles, intervenciones y supervisar ventas. Esto en los empresarios genera zozobra y en los consumidores revive el fantasma de las largas colas por la escasez y el duro golpe que eso representa para el bolsillo.

Francisco Acevedo, primer vicepresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), advirtió que lejos de aliviar la situación, las regulaciones no solo afectan a las empresas señaladas (Coposa, Alimentos Polar, Plumrose) sino al resto del sector.

“Afecta a todos porque los demás empresarios frente a esta nueva ola del Gobierno piensan que pueden ser víctimas de lo mismo y deciden parar la poca producción que tienen o no seguir invirtiendo. Cuando ves que esto vuelve otra vez al escenario y la gente está invirtiendo su capital o el poco capital que le queda de dólares propios y se va a ver forzado a vender productos a pérdida o controlados por el Gobierno, simplemente se reduce la oferta. El daño es muy grande porque no solo afecta a las empresas en directo, sino a todo el sector de manera indirecta porque genera zozobra, miedo y preocupación”, explicó Acevedo.

El economista Omar Zambrano señaló que las medidas anunciadas el pasado 24 de abril de 2020 son un retroceso después de 18 meses en los cuales, en una especie de vuelco hacia un liberalismo autoritario, pareció que una pequeña capa de la economía se reactivaba y abastecía a las principales ciudades del país.

“Era un dejar hacer, pero sin ningún tipo de cambio al marco de políticas o legal que sostienen los controles de precios. Aquí nunca se derogó la Sundde, nunca se derogaron los controles de precios, los controles de cambio. Solamente en una especie de amnesia el Gobierno los dejó de aplicar. Esa espada de Damocles estaba colgando sobre esta nueva capa empresarial que estaba emprendiendo en esta burbuja dolarizada y de la noche a la mañana una decisión burocrática echa para atrás todo esto”, afirmó.

Zambrano explicó que el venezolano sufre un triple choque en la cuarentena. Primero, se secan las remesas que recibían de los familiares en el exterior que han dejado de trabajar por la pandemia del coronavirus; segundo, explotó la burbuja dolarizada a la que tenía acceso entre 30% y 40% de la población, según analistas, y se sumó nuevamente la imposición de controles de precios; y tercero, el Gobierno debe tener serios problemas de caja para seguir con su programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Fórmula repetida

En una alocución transmitida por el canal del Estado el pasado 27 de abril de 2020, Tareck El Aissami, el vicepresidente del Área Económica del gobierno de Nicolás Maduro, firmó la lista de los “precios acordados” para 27 productos. “Deben ser respetados entre todos los actores que hemos participado. Recogen la estructura de costos integral, desde el productor primario hasta la disposición final. Tiene un precio de origen y de destino y ese precio justo, acordado, debe satisfacer en gran medida a nuestro pueblo y así garantizar la producción continua, la reposición de inventarios, de materia prima… de toda la cadena. El presidente Maduro dijo que debemos tener un diálogo permanente, económico y ante cualquier factor de perturbación, una respuesta inmediata, una solución concreta, pero no podemos permitir que los precios se desvinculen de la realidad”, dijo.

El primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, señaló que no tiene ningún sentido recurrir a prácticas que ya han demostrado ser ineficientes y dañinas para los consumidores venezolanos y el sector privado porque quedó demostrado que todo control o regulación lo único que genera es encarecimiento y escasez de los productos.

Acevedo advirtió que la discusión en el país no debe basarse en la Ley de Precios Justos, cuál es la manera correcta de fijar los precios o si se anclan a una tasa del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV) u otra referencia porque nada de eso agrega valor a la economía venezolana.

“Aquí lo que tenemos que hablar es que los precios deben estar libres y es el mercado el que debe actuar por oferta y por demanda. Aquí la discusión tendría que basarse en cuáles son las políticas macroeconómicas que debe tener un país para que funcione correctamente… La mejor manera de tener precios baratos es fomentando la competencia a través de la creación de nuevas empresas y estas aparecen cuando hay garantías de inversión, unas políticas públicas coherentes, un modelo de negocio que sea eficiente. No hay una buena o mala regulación de precios, simplemente la regulación de precios no debe existir. Es un mecanismo anacrónico que ha demostrado que genera escasez y alza de precios, todo lo contrario a lo que se busca con esas políticas”, aseveró.

Para el diputado de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, con las recientes medidas económicas se pretende frenar el malestar social por la carencia de servicios, la pérdida del poder adquisitivo y el alza del dólar paralelo, pero en realidad se termina afectando al sector privado, sobre todo si se fijan montos que los haga vender a pérdida.

“Maduro con esto trata de mitigar la explosión social que está en puertas. Un país que vive la hiperinflación, que se ha quedado sin empresas y los pocos inventarios privados que andan por ahí yo pienso que pueden ser usados como cortafuego para evitar que esta situación de explosión social llegue al centro del poder que es Caracas. ¿Por qué repite la fórmula? Porque la situación es desesperada. Pienso que en este momento no tienen ningún tipo de CLAP y lo único que les quedan son los inventarios privados, que es más o menos un mes de alimentos, y repartir esos alimentos y estirar la arruga un mes más”, explicó.

Juan Pablo Olalquiaga, el ex presidente de Conindustria y presidente de la Fundación Educación Industria (Fundei), señaló que carece de sentido tratar de regular los precios de algunos productos, dada la experiencia de controles anteriores que solo generaron escasez y el bachaqueo o reventa a precios muy por encima del costo fijado.

“Es difícil leer esto como algo que vaya más allá de generar un intento de demostrar que se está haciendo algo ante la imposibilidad de poder tomar acciones reales, o ante la percepción de que se pueden tomar acciones reales más conducentes a que haya disponibilidad de bienes a precios accesibles para los consumidores. El tomar una acción inconsecuente, pero vistosa para pretender lanzar un mensaje de que el Gobierno todavía está en control y es capaz de imponer medidas de controles de precios, cuando ya se sabe cuáles son los resultados, en vez de tomar las acciones que realmente hubiesen beneficiado a la población, es una manifestación más de las medidas destructivas para la economía que el régimen del señor Maduro nos tiene acostumbrados a tomar”, manifestó.

El ex presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, considera peligrosa esta inusual modalidad de intervención del Ejecutivo, en la que ya no se expropian empresas, pero se coartan sus canales de distribución, se intercede en las cantidades de productos que deben ir al público, a los CLAP y cuáles se deben reservar.

“En estos momentos, lejos de ser el sector privado un parásito del Gobierno, es el Gobierno un parásito del sector privado. Ninguna de las plantas del sector público funciona y se ven obligados a acudir al sector privado que es el único que está produciendo alimentos, medicinas y productos de primera necesidad para que se llenen los anaqueles de los venezolanos. Esta intervención es peligrosísima porque vuelve a reeditar algo que ya sabemos y ha pasado. Cuando empiezan los controles, empieza a aparecer el desabastecimiento, el temor de que los productos no se encuentren a los precios razonables, nadie va a producir por debajo de su precio y además no se le deja la oportunidad de usar los canales de distribución correctos que son los que ya tenían planificadas las empresas privadas”, indicó.

Roig informó que estas nuevas políticas erróneas serán denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia que está al tanto de la persecución que sostiene el régimen venezolano sobre las empresas.

Aumento salarial en una economía inflacionaria

Ángel Alvarado, economista y diputado de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, no le extrañó el anuncio del incremento del salario mínimo de este 27 de abril de 2020, no solo porque estaba próxima la fecha del 1^o de mayo, Día del Trabajador, sino porque se veía venir luego de la decisión de regular los precios de algunos productos.

“El aumento del salario era la medida que correspondía después de haber hecho un control de precios como el que está haciendo. Básicamente controlas el precio, los amarras y luego aumentas el salario y como ese aumento del salario es inflacionario, no vas a tratar de que la gente con ese dinero vaya a comprar lo que está en los anaqueles y se va a acabar lo que está en los anaqueles bajo esta lógica porque es inflacionario. Por eso montaste el control de precios, precisamente para que no se dispararan estos precios y la gente pudiese consumir. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Más inflación, podrá despegarse el tipo de cambio oficial del no oficial, y va a traer también escasez”, explicó.

Según anunció vía Twitter el ministro del Trabajo del gobierno de Nicolás Maduro, Eduardo Piñate, el salario mínimo que entra en vigencia el 1^o de mayo es de 400 mil bolívares más otros 400 mil bolívares de ticket de alimentación, para un total de 800 mil bolívares del llamado “salario integral”. Para los pensionados el monto quedó en 400 mil bolívares, más un “bono contra la guerra económica” de 300 mil bolívares. Esto ocurre en medio de una economía en la que el paralelo superó los 200 mil bolívares por dólar el pasado 23 de abril de 2020.

“Un salario mínimo de cuatro dólares al mes creo que dice mucho y sirve para poco. Creo que la industria se encuentra en salarios muy por encima de los 4 dólares al mes. Nuestros colaboradores tienen compensaciones dependiendo de la industria y del sector, según hemos visto en las encuestas, entre 20 y 100 dólares. Creo que un salario mínimo de cuatro dólares no alcanza ni para una semana, ni para un día de vida de un venezolano normal. Es una burla más del Gobierno hacia los trabajadores venezolanos que están sufriendo una crisis inmerecida e innecesaria por falta de un entendimiento y un arreglo en este país”, señaló el primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo.

Las medidas necesarias que nunca se tomaron

Antes de la pandemia del coronavirus, en Venezuela se trabajaba entre 20% y 21% de la capacidad instalada del sector industrial, según cifras de Condinustria. Ahora durante el confinamiento hay dos grupos: El de alimentación, salud y bienes esenciales que está laborando y otro sector que está 100% paralizado, lleva dos meses pagando las nóminas sin producir, pero no resiste más.

El primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, reiteró que siempre han fomentado el diálogo, la búsqueda de soluciones y consideran que es necesario un acuerdo de unidad nacional y la implementación de un Gobierno de Emergencia Nacional para construir un país diferente.

“Creo que el cambio radical que hace falta en la economía, un cambio de 180 grados, no es solamente en las políticas macroeconómicas. Es que podamos tener acceso a los mercados internacionales, cosa que este Gobierno no tiene capacidad de tener, necesitamos acceso a los organismos multilaterales, cosa que este Gobierno no puede ya hacer. Necesitamos traer inversión privada internacional y nacional en cantidades muy elevadas que este Gobierno tampoco va a lograr generar. Para un cambio radical en las políticas económicas hace falta un cambio en el sistema político que debe pasar por las normas que establece la Constitución y debe ser concertado por todos los venezolanos”, manifestó.

El ex presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que al comenzar la cuarentena en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro debió seguir el ejemplo de otros países donde se permitió a las empresas financiarse mediante el otorgamiento de créditos a largo plazo, pero para ello se requiere la liberación completa del encaje legal, tanto marginal como ordinario.  Además, mencionó que la segunda medida a tomar debió ser la flexibilización tributaria para que, en lugar de pagar impuestos, las empresas pudieran disponer del poco flujo de caja para cancelar nómina.

“La única forma que tiene Venezuela de poderse recuperar es con transparencia, institucionalidad y mercado. Transparencia quiere decir que tengamos la posibilidad de llegar a unos acuerdos para establecer un Gobierno legítimo y reconocido por todos los venezolanos, y por eso tiene que haber una transición política… Ese gobierno puede restablecer la institucionalidad del país; es decir, un Banco Central de Venezuela que no sea una caja chica de un grupo de gobernantes, sino que se dedique a tomar las medidas de estabilización de la moneda; un sector judicial que se dedique a resguardar los derechos de los venezolanos y no a vender sentencias para beneficiar a unos pocos. El tercero es mercado. En la medida que tengas un mercado que se regule a sí mismo, ahí se va generando producción y productividad”, manifestó.