En medio de la peor crisis política, económica y social vivida por Venezuela, catalogada como Emergencia Humanitaria Compleja por diversos entes internacionales, comenzaron a surgir propuestas y opciones de todo tipo para ayudar a que el país pueda superar esta situación y avanzar hacia el camino de la recuperación. Más allá de los planteamientos surgidos de la mano del necesario cambio político y de la vuelta de la nación a la senda democrática, a la sombra de la crisis se han gestado tanto iniciativas como pactos y negociaciones donde el petróleo se coloca como el elemento de canje para proveerle comida a los venezolanos que, en una proporción de una de cada tres personas, están en inseguridad alimentaria.
La destrucción de la industria petrolera como consecuencia de su politización, desinversión y sobreendeudamiento, hizo que su producción se pulverizara hasta ubicarse hoy por debajo del millón de barriles diarios. Luego vino el impacto de las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro, que restringió mercados y espacios para la comercialización del petróleo venezolano.
Precisamente en la búsqueda de grietas en el cerco de las sanciones y tomando en cuenta el desplome de los precios del crudo, creció la práctica de Nicolás Maduro de usar el petróleo como un instrumento de canje por gasolina y por alimentos, lo que ha permitido un menguado ingreso de estos rubros al país, prioritarios para su oxigenación tras las medidas de Washington contra operadoras de la rusa Rosneft que le habían servido antes para la comercialización de los hidrocarburos.
En esta ruta de pactos y alianzas aparecieron en escena empresas como Libre Abordo y Schlager Business Group que, según la agencia Reuters, han tomado desde fines del año pasado millones de barriles de petróleo venezolano para revenderlos en Asia a cambio de la provisión de camiones cisterna para agua y maíz a Venezuela. Libre Abordo, S.A. registrada en México, no tenía experiencia en el manejo de hidrocarburos, pero suscribió el primer acuerdo de petróleo por alimentos de Maduro, colocando los barriles venezolanos en manos de compradores desconocidos.
Schlager Business Group, por su parte, es una empresa vinculada con Libre Abordo a través de sus propietarias, y ha figurado como operadora en las transacciones con Asia. Las empresas, gerenciadas por las mexicanas Verónica Esparza y Olga Zepeda, han tomado hasta el momento 24 millones de barriles de crudo y combustible, según Reuters.
Las otras vías
Pero no es lo único. Algunos sectores nacionales, también con respaldo internacionales, vienen impulsando la tesis de concretar un programa de “petróleo por alimentos”. Henri Falcón, desde Avanzada Progresista, ha sido uno de los impulsores de este plan. Incluso llegó a plantear la posibilidad de que el intercambio se haga con Estados Unidos. “Nuestro planteamiento cuenta con profesionales de gran capacidad. No se trata de ninguna improvisación”, aseguró.
De inmediato el economista Francisco Rodríguez, que trabajó directamente con Falcón en la campaña electoral de las cuestionadas elecciones de 2018, lanzó la propuesta de un “Acuerdo petrolero humanitario para Venezuela” y, con el tiempo, terminó siendo la cabeza visible de la Fundación Petróleo por Venezuela, “registrada en el estado de Nueva York, que actúa como centro de pensamiento para el diseño de mecanismos sostenibles que permitan atender y evitar la profundización de la crisis humanitaria venezolana”.
Más allá de que no existe claridad acerca de los grupos que les dan soporte a estas estructuras, persiste la duda sobre la administración de los recursos y el incentivo a la corrupción implícito en este tipo de mecanismos. En varias oportunidades los distintos defensores de la propuesta han hablado de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede fungir como administrador, pero esto no disipa las dudas.
No hay que olvidar que el programa petróleo por alimentos de las Naciones Unidas en Irak, que se desplegó entre 1996 y 2003, terminó encubriendo malos manejos, soborno y una red de corrupción que terminó con funcionarios de la ONU detenidos y que, en paralelo, le permitió al régimen de Sadam Husein sortear el embargo comercial en su contra.
Apoyo encubierto
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sido claro al señalar que “el programa de sanciones de Venezuela está diseñado para limitar al ilegítimo ex régimen de Maduro fuentes de ingresos y responsabilizar a quienes obstaculizan la restauración de la democracia en Venezuela, al tiempo que garantiza el flujo de bienes y servicios humanitarios a las personas venezolanas”. Ratifica así que existen exenciones y autorizaciones que permiten la prestación de asistencia humanitaria y la venta comercial y exportación de productos agrícolas, alimentos, medicinas y dispositivos médicos, a Venezuela.
Además, desde hace más de un año a Venezuela se le ha ofrecido ayuda humanitaria internacional que fue rechazada en múltiples oportunidades por Nicolás Maduro y sus funcionarios. Solo recientemente, a la luz del brote de Covid-19, el régimen ha dicho estar dispuesto a aceptar ayuda humanitaria incluso de Estados Unidos.
Para la administración de Donald Trump hay una clara línea entre proveer lo necesario para atender las necesidades de la población, y gestionar recursos que buscan apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en el poder. Esto último está fuera de consideración.
Si bien las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group se escudan en el argumento de que transan petróleo por material de primera necesidad, lo que no involucra movimientos monetarios a favor del régimen, la lectura de Washington es otra. Por eso El Departamento de Estado y la Tesorería de Estados Unidos abrieron investigaciones sobre estas operaciones. “Hemos preguntado al gobierno mexicano. Esperamos que trabajarán con nosotros”, señaló el secretario de Estado, Mike Pompeo, al comentar sobre el tema.
Fuera del soporte que estas transacciones puedan brindarle al régimen de Maduro está el tema de las condiciones en las que se pactan, con unos elevados descuentos que pulverizan el ya mínimo valor del crudo venezolano. Estas operaciones lucen como oportunidades de negocio de las que muy poco se beneficia la población venezolana.