“No está planteado un gobierno en el exilio, ni que el presidente Guaidó haga resistencia desde afuera”

Su exilio comenzó en mayo de 2019, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le allanó la inmunidad parlamentaria acusándolo de traición a la patria, junto a otra decena de diputados, por los hechos del 30 de abril de ese mismo año. Meses después, fue designado comisionado especial ante las Naciones Unidas, sin embargo, el asiento de Venezuela en la Asamblea General del organismo la ocupa el embajador de Nicolás Maduro, Samuel Moncada. Aun así, en esta instancia Miguel Pizarro, ha sostenido reuniones con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y cree que los más recientes informes de la ex presidenta chilena “pavimentan el largo trecho para conseguir justicia en el sistema internacional”.

-El pasado 2 de julio la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe en el que denunció 149 muertes en el Arco Minero en los últimos 4 años, esclavitud, desplazamiento de indígenas de su territorio. ¿Qué puede generar ese informe en el Estado venezolano si ya ignoraron las 23 recomendaciones que se le hicieron el año pasado?

-Siempre es importante entender a qué nos enfrentamos nosotros. Si en Venezuela hubiera un mínimo ápice de un cambio de conducta en el régimen de Nicolás Maduro, nosotros no estuviésemos luchando por cambio político, sino por reformas en el sistema. Para nosotros es muy claro que Maduro no va a tener un cambio en su conducta y que las más de 20 recomendaciones del año pasado y de este lo que permiten es sentar las bases de la demostración de ausencia absoluta de voluntad política de parte del régimen de respetar el sistema multilateral. Esta es la base diplomática de la presión que se puede construir por parte la comunidad internacional. Es la primera vez que en el sistema multilateral y de Derechos Humanos se habla del debilitamiento del espacio democrático. ¿Y esto qué quiere decir? La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia nombrando al CNE, las más de 100 acciones judiciales contra los diputados, toda la persecución a la dirigencia y a las formas de organización. Un análisis de este tipo hacia el régimen de Nicolás Maduro no había existido. Todo lo que está relacionado al Arco Minero y el sur del Orinoco tiene un aspecto fundamental: Se inicia el capítulo del Arco Minero diciendo que grupos armados son quienes tienen control territorial. Reproduciendo el llamado “pranato” de las cárceles, han constituido un modelo llamado sindicato. Controlan junto con una mafia del alto mando militar la explotación minera. En el documento hablan de las masacres indígenas; las amputaciones de extremidades; de los disparos en piernas; la explotación sexual de la mujer; tráfico de personas como parte de la actividad económica del Arco Minero, y esto nunca había sido caracterizado de esta forma en el sistema internacional. Que sea el Consejo de Derechos Humanos, que sea la oficina de la Alta Comisionada quien hable de palizas; de electrocuciones; del uso de bolsas plásticas; de las personas que pasan días con los ojos vendados y esposados para luego llevarlos a un interrogatorio, es fundamental.  Es la primera vez que se hace la cadena de mando. Se dice que todos los jueces ordinarios y los fiscales esperan instrucciones del TSJ y los magistrados para tomar decisiones en casos políticos. ¿Estas cosas son suficientes? Claramente, no. No es un informe lo que va a detener las torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero sí permite una base importante para reclamar más.

-En el informe también se hace referencia a la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. En una entrevista con La Gran Aldea, la esposa de Acosta Arévalo, Walewska Pérez, decía que ya no sabe qué esperar, porque siente que a nadie le importa su caso. ¿Qué se le puede decir a la viuda del capitán?

-Lo que hicieron con el capitán Acosta es de los peores casos de tortura, porque no sólo fue física, sino que lo pasearon como un trofeo en la base militar. Estando golpeado, casi muerto, lo llevaron a una audiencia en un tribunal militar para exponerlo como trofeo. Aquí se inician varios procedimientos en paralelo. Estos informes, si bien no son un proceso rápido, pavimentan el largo trecho para conseguir justicia en el sistema internacional contra los responsables individuales. La justicia para Walewska y muchas personas va a llegar el día que podamos cambiar las cosas en Venezuela, y en la medida que este esfuerzo sostenido pueda llevarse a la justicia internacional. Esos procesos no son rápidos, pero cuando se inician, no terminan hasta que haya un culpable castigado.

-Eso significa mucho tiempo. Siempre se dice que los tiempos de la justicia y la diplomacia no son los de la gente. En medio de la pandemia todo se ha hecho más difícil, ¿qué mensaje puede enviarle Miguel Pizarro a quien está desesperado y cuyos días se van cargando agua o comprando leña, porque no tiene gas para cocinar?

-Lo que está pasando en Venezuela es una dinámica de supervivencia. La solución depende de la diplomacia, pero no es una solución diplomática. Nuestra solución es política. Nosotros estamos intentando ir por varias rutas. Todo este camino lo que permite es sentar las bases para seguir presionando un cambio político y estable que nos devuelva a nosotros la capacidad de construir el país que merecemos.

-¿Qué pasó con el convenio entre la Asamblea Nacional, el Gobierno y la Organización Panamericana de la Salud? Se dijo que se iba ampliar la cantidad de laboratorios que practican pruebas. ¿Se ha podido desbloquear el dinero que se usaría para tramitar esa ayuda?

-En la OPS se está ejecutando una primera parte del dinero que se trasladó de España. La OPS ha recibido donaciones y hay una segunda transferencia que, esperamos, se pueda realizar esta semana y que tiene que ver con una importación masiva para ampliar la capacidad de detección. En esa lógica, la OPS ha venido haciendo una investigación sobre los laboratorios para detectar cuáles pueden hacer pruebas, y han venido presionando al régimen para que esto pueda ocurrir. Cuando empiezan a decir que van a usar el Poliedro o los estadios como hospitales, demuestran que el virus no va al ritmo que el régimen indica. Eso habla de la realidad que no dicen los números. Depende de nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner herramientas en manos de quienes pueden apoyar, que son las agencias multilaterales. La ayuda humanitaria no es ejecutada por actores políticos, porque entonces no es humanitaria. La única forma para que funcione es que la responsabilidad sea trasladada a las agencias internacionales o a las organizaciones de la sociedad civil para no politizar.

-¿Ha bloqueado el Gobierno algunas ayudas o ha fluido todo en los últimos meses?

-Tenemos un ritmo de un avión cada dos semanas y media. Ha llegado de la Unión Europea, de Suiza, de Alemania y de Estados Unidos. Ese proceso ha ido medianamente bien, pero cada vez que llega, el régimen hace la foto y la cadena de radio y TV, buscando que por la politización se frene el espacio humanitario. Donde no hay apertura es en el acceso en tierra. Si bien pueden tener un salvoconducto, las alcabalas quitan parte de la ayuda humanitaria como ejercicio de coerción. Sin autonomía logística, vamos a seguir teniendo limitaciones para que la ayuda llegue en el volumen y la velocidad que debería llegar.

-Usted como político, ¿siente que la pandemia le ha dado tiempo a Nicolás Maduro para mantener su proyecto?, ¿se garantizó el año 2020 en el poder?

-Creo que la pandemia es el sueño orwelliano de cualquier dictadura y ha permitido a muchos regímenes totalitarios, sobre todo al nuestro, consolidar un estado policial durante el tiempo de cuarentena. Sería miope no reconocer que la pandemia ha hecho mucho más difícil la opción política de la alternativa democrática. Ha hecho difícil la relevancia en la discusión dentro de Venezuela y el Estado policial, a punta de cuarentena radical, ha permitido mayor acoso a la prensa y a los gremios. Las FAES y otros cuerpos de seguridad son el equipo epidemiológico del régimen. 

-La cuarentena parece tener sitiados a los políticos, quienes han tenido que reducir su accionar a plataformas como Zoom o YouTube, que no son accesibles a los venezolanos. ¿El tiempo político para la oposición como queda? Hay que recordar que, en medio de la pandemia, 10 dirigentes del entorno de Juan Guaidó han sido detenidos.

-Tenemos el reto como políticos de recuperar relevancia y pertinencia. No podemos ser narradores de lo obvio. El dirigente tiene que agarrar la realidad y producir acciones. La inercia nos ha tenido durante un buen tiempo rehenes de una discusión interna que es tiempo de superar. La política no puede ser un ejercicio de ver quién es el más famoso o  quién es el más relevante. En esa discusión se aumenta la desconexión con la gente. Esa desconexión existe no sólo porque estamos reducidos a plataformas digitales. Nuestra discusión no es pertinente para el desespero de la gente. Hay que volvernos a ajustar y reencontrarnos físicamente, volver a hacer política de base que nos permita minar a la dictadura; además de salirnos de discusiones bizantinas llenas de egos e individualidad. La discusión debe ser sobre la política y, ante la política, hay que dar respuestas. Si la elección no es competitiva, ¿cómo la utilizamos de catalizador para exigir condiciones?, ¿qué hacemos de aquí a diciembre para aumentar la presión para abrir las compuertas a un cambio político en Venezuela?, ¿cómo nos reconectamos otra vez con la acción política concreta? En diciembre, las basuras de Brito y Parra van a tener la tarjeta de mí partido, Primero Justicia y otros las de Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Si la gente no consigue de nosotros pedagogía, podemos conseguirnos con una realidad en la que vayamos en reacción y no en ofensiva.

-Hay quienes dicen que para 2021 a Juan Guaidó le tocará dirigir el Gobierno interino desde el exilio, por no participar en las elecciones. Muchos de ustedes, por la persecución viven afuera, pero ¿es viable que el Presidente encargado esté en el exilio?

-Hay un falso dilema al que se quiere llevar la discusión: O te metes en una elección sin condiciones, donde te están triturando el derecho al voto; o te vas con un ejercicio ficticio de gobierno en el exilio. Ambos extremos están planteándose esto para no discutir la realidad. Creo que no hay acción política sin riesgo en Venezuela. El que hace política está expuesto a cárcel, a sentencias o exilio. Si no está expuesto a eso, no está haciendo política. Yo creo que la prolongación del Gobierno interino sólo tiene sentido si es para confrontar a Nicolás Maduro. Nuestra diferencia con lo que ha pasado en Cuba, Siria y otras naciones, es que nosotros tenemos fuerza interna y bajo ningún esquema debemos regalar ese pivote. Sin organización dentro del país las cosas no van a cambiar. No está planteado un gobierno en el exilio, ni que el presidente Juan Guaidó salga de Venezuela a hacer resistencia desde afuera. Él ha dicho que se queda en Venezuela, así eso implique judicialización. Si nosotros no somos capaces de reconciliar posiciones internas, vamos a tener probablemente un ejercicio de presión social pero siempre vamos a tener factores que eviten que lleguemos a donde tenemos que llegar.