En la aldea
13 abril 2024

El informe de la ONU: ¿Y ahora qué?

Los expertos han establecido que siendo una política de Estado, evidenciada en los patrones de conducta específicos y las violaciones sistemáticas y generalizadas, hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad. A la luz de la norma penal internacional, y poner los hallazgos y pruebas a disposición para enjuiciamientos internacionales, es importante recordar que la responsabilidad personal nunca desaparece.

Lee y comparte

Durante las últimas semanas, Venezuela ha estado al tope de la agenda multilateral por las razones más dolorosas y tristes: Los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada en el 2019 por el Consejo de Derechos Humanos; fueron plasmados en un informe devastador en el que se describe con crudeza, y en profundidad, 223 casos individualesy casi3.000 violaciones de derechos fundamentales de estas víctimas, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos. En las 443 páginas se leen hechos como palizas, asfixias con bolsas o sumergimiento en agua, descargas eléctricas, violencia verbal y física, incluyendo actos de violencia sexual a hombres y mujeres con partes del cuerpo u objetos, a veces en presencia de otros, incluyendo sus familiares, o bajo amenaza de torturas a la víctima o sus familiares; castigos que van desde el aislamiento en sitios oscuros sumamente pequeños, sin ventilación a sitios permanentemente iluminados y con aire acondicionado a muy bajas temperaturas, a suspensión de acceso a medicamentos o comida por muchos días. Todos los lugares de reclusión están llenos de ratas e insectos, casi ningún preso tiene acceso a agua o a unas mínimas condiciones de higiene.

Aunado a lo anterior, el Informe describe con lujo de detalles cómo se han asesinado, ejecutado extrajudicialmente, para utilizar los conceptos técnicos, a miles de personas tanto en el interior del país como en barriadas populares, en los operativos de limpieza y control social tales como los “Operativos de Liberación del Pueblo” ejecutados por las FAES y el Sebin o la Dgcim a sangre fría, y en presencia de sus familiares. En uno de los testimonios recogidos por la Misión, se describe como una señora fue desalojada de su casa, junto con las mujeres y niños de su grupo familiar, y vio como ponían de rodillas a los cuatro hombres, cubrían sus caras, y los ejecutaban entre gritos de horror e insultos. Dice que oyó alrededor de diez descargas antes de desmayarse de la impresión por lo que estaba presenciando.

Todo lo descrito fue perpetrado por funcionarios de rangos medios, ante la mirada cómplice e impune de funcionarios superiores, que, según lo documentado por el Informe van desde Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y Vladimir Padrino, hasta ministros y directores de los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado designados en esos cargos durante los años investigados; es decir, desde el 2014 en adelante y cuyos nombres también están señalados en el Informe.  

Los expertos han establecido que siendo una política de Estado, evidenciada en los patrones de conducta específicos y las violaciones sistemáticas y generalizadas, hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, todo ello sustentado tanto en la legislación venezolana como en los tratados internacionales, incluyendo los tratados sobre torturas y otros tratos crueles y degradantes, así como en el propio Estatuto de Roma del que nace la Corte Penal Internacional.

También han pedido que se considere la continuación de estas investigaciones. Y tal ha sido la minuciosidad de este informe, su impacto y sobre todo la revelación que pone ante el escrutinio público la pertinencia y oportunidad que se puedan recopilar testimonios y pruebas valiosas para establecer en un futuro y de manera definitiva la responsabilidad penal internacional de los perpetradores, que el Consejo ha decidido extender por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos ocurridos en Venezuela desde el 2014 hasta el presente, sin interrupciones ni incidencias políticas en el seno del Consejo que puedan afectar su labor de investigación.

Para culminar, en las conclusiones del Informe, los expertos han pedido a los países que consideren iniciar acciones legales en contra de los responsables a través de su legislación interna, aplicando lajurisdicción universal. También han pedido que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta que se haga pronta justicia para las víctimas. Y es que los expertos saben que ya existen precedentes: Por ejemplo, en el caso de Siria, cuyos responsables están siendo investigados por las autoridades nacionales de Suecia, Alemania y Francia, mientras las investigaciones continúan en el marco de la ONU. Por su parte, los responsables de los crímenes contra la humanidad identificados en las investigaciones llevadas a cabo en Myanmar, están siendo ya investigados tanto por la Corte Penal Internacional como por la Corte Internacional de Justicia.

En definitiva, este mecanismo de investigación y rendición de cuentas, utilizado al igual que otros similares por distintos órganos del sistema de las Naciones Unidas (como lo son por ejemplo además del propio Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el mismo Consejo de Seguridad), ha ido evolucionando y constituyéndose en una herramienta clave en materia de justicia penal internacional que va mas allá del monitoreo y la vigilancia regularmente llevados a cabo, pues permite recopilar, cotejar y analizar crímenes en países tan tristemente célebres como Venezuela, a la luz de la norma penal internacional, y poner los hallazgos y pruebas a disposición para enjuiciamientos internacionales de crímenes cuya responsabilidad personal nunca desaparece.

*Internacionalista, ex Embajadora designada ante la Confederación Suiza y a cargo de los temas de la ONU en Ginebra. Defensora de Derechos Humanos.

Lee y comparte
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
Más de Opinión