Los riesgos del 5E
Si bien la consulta popular busca darle un respaldo ciudadano al sostenimiento de la actual Asamblea Nacional (AN), dado el proceso electoral viciado que las autoridades convocaron para el 6 de diciembre, la iniciativa no cuenta con todo el respaldo deseado no solo a nivel de calle sino dentro del propio liderazgo político opositor. Los resultados del último año y los cuestionamientos internos sobre acciones y decisiones tomadas abren fisuras en el apoyo a la consulta. Además, entre los parlamentarios opositores hay fundados temores acerca de los riesgos a los que se expondrían en una eventual prolongación de actividades de la actual Asamblea Nacional luego del 5 de enero, cuando vence su período. Desde el régimen han formulado amenazas, muchas incluso de forma pública, contra quienes fueron electos diputados en diciembre de 2015 y la posibilidad de que incurran en “usurpación de funciones” a partir de enero. Existe la referencia clara de lo que ocurrió en 2017 con la designación y juramentación por parte de la AN de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo los efectos de la presión ejercida por el ala más radical de la oposición. Ni bien había terminado la sesión donde juraron cumplir su mandato cuando ya había una persecución contra los magistrados que llevó a muchos a esconderse y a huir del país. Luego quedó en evidencia la fragmentación y neutralización de lo que ha sido el TSJ en el exilio. Este ejemplo sigue vivo y los riesgos son altos, por lo que muchos deshojan la margarita de cara al 5E.
Giro de interés
Fedecámaras es el principal gremio empresarial del país y por tanto a lo largo de su historia ha estado presente en diversos episodios clave de Venezuela. Si bien después de los hechos de 2002 y 2003 esta organización trató de alejarse de la arena política, en enero de 2019 le dio el reconocimiento a la Asamblea Nacional como el único poder electo democráticamente en el país tras la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato, una acción que -dijo la organización- tiende a profundizar la perdida de la institucionalidad democrática y que, por tanto, no podía convalidar. Sin embargo, recientemente Fedecámaras se ha lanzado en pro del diálogo tratando de que el sector privado facilite un “proceso político de negociación”. Interesante, por decir lo menos, ya que la crisis actual es más grave que la de 2019 y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática da pasos decisivos por parte del régimen de Maduro, un tema sobre el cual no abundan los comentarios de la cúpula empresarial.
Emisiones con optimismo
La primera oferta pública de papeles comerciales en moneda extranjera de Venezuela autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) fue anunciada de forma rimbombante. En verdad se trata de una noticia de interés en un país donde no existe el crédito y donde las oportunidades de sostenimiento de la iniciativa privada son casi nulas. Lo más llamativo es que la autorización fue dada a Ron Santa Teresa S.A.C.A., por un monto de 300.000 dólares, es decir, la empresa que preside Alberto Vollmer, el mismo que ha pedido un acuerdo nacional para recuperar la economía y que encabeza un grupo de empresarios conocido como “optimistas anónimos”. Parte de esta corriente de optimistas ha estimulado cuestionamientos a las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro, y ha dado su respaldo a la Ley Antibloqueo que promueve el régimen.
