Parlamentarias y Consulta Popular, ¿eventos para las minorías?

El 5 de enero de 2021 marcará un nuevo hito en la compleja situación de Venezuela. Ese día no solo culmina el periodo constitucional de 5 años de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, también debe instalarse el Parlamento que será electo el 6 de diciembre en un proceso electoral que ha sido desconocido por la mayoría de las democracias occidentales. En esencia el 2021 comenzará en Venezuela sin que ninguno de sus poderes esté legítimamente constituido.

Cuando comenzó a debatirse la posibilidad de que se extendiera el mandado de la actual Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, explicó que la extensión del mandato de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 -y por ende del Gobierno interino encabezado por Guaidó- era la única solución posible ante la ausencia de la celebración de elecciones parlamentarias creíbles.

Aunque el debate sobre el 5 de enero se centra en que existirán dos Parlamentos, Hernández ha sido claro en precisar que en la práctica nada cambiará. El ex procurador ha recordado reiteradamente en sus apariciones públicas que en este momento Venezuela tiene un Parlamento legítimo presidido por Guaidó y un Parlamento ilegítimo y fraudulento presidido por el diputado Luis Parra “que es un títere de Nicolás Maduro” y a partir del 5 de enero se tendrá el Parlamento de Guaidó y la instancia electa el 6 de diciembre.

No obstante, la estrategia de mantener la continuidad del Parlamento y el Gobierno interino presidido por Guaidó hasta que Maduro abandone el poder, no es compartida abiertamente por algunos de los principales aliados nacionales e internacionales de la oposición venezolana.

De entrada, se desconoce cuántos de los diputados electos en 2015 que permanecen en Venezuela mantendrán su respaldo a la tesis de la continuidad a partir de enero de 2021. Aunque figuras emblemáticas como los diputados Delsa Solorzano o Luis Florido han declarado que respetarán esta estrategia; otros como Stalin González han sugerido que a partir del 5 de enero dejarán de ser diputados.

Incluso, en este momento se desconoce si Guaidó contará el 5 de enero con el respaldo de, al menos, 84 diputados (entre los que se encuentran en el exilio y en Venezuela) para instalar el Parlamento y ser ratificado como Presidente del cuerpo y a su vez como Presidente interino del país.

A estas críticas se unen las principales ONG de derechos humanos y figuras políticas emblemáticas de la oposición ante la comunidad internacional, como Henrique Capriles Radonski.

¿Igual a 2017?

Para lidiar con la falta de validación electoral que tiene la continuidad del Parlamento, el gobierno interino de Guaidó realizará una consulta popular entre el 7 y 12 de diciembre. No obstante, esta idea no cuenta con el aval de la mayoría de los principales referentes opositores, entre ellos María Corina Machado quien sostiene que la consulta es innecesaria porque existe un mandado no concluido a partir del plebiscito celebrado en 2017 con preguntas similares a las que se plantean para la consulta popular.

En 2017 se plantearon las siguientes interrogantes:

1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Según el comité de garantes de esa consulta, en 2017 participaron en este proceso 7.186.170 venezolanos.

Para la consulta popular prevista del 7 al 12 de diciembre (se podrá participar de forma digital y presencial, dentro y fuera de Venezuela) se plantearán también tres interrogantes:

1. ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?
2. ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?
3. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Dos eventos, para dos minorías

Las interrogantes planteadas en la consulta popular no resuelven el problema de legalidad y legitimidad en torno al 5 de enero de 2021; como tampoco la dualidad que se tendrá con dos Parlamentos: El encabezado por Juan Guaidó, reconocido por sus aliados; y el electo el 6 de diciembre reconocido por los aliados de Maduro.

Adicionalmente, ni las elecciones parlamentarias, ni la consulta popular parecen entusiasmar a los ciudadanos.

La eventual disputa por los datos de participación entre las elecciones parlamentarias y la consulta popular probablemente no pueda utilizarse como referencia del grado de aceptación de los venezolanos a uno u otro modelo, porque no existen razones técnicas o políticas que permitan confiar en los resultados de participación que se anuncien.

Según el más reciente estudio de la firma Datanálisis apenas 8,6% de los venezolanos dicen estar muy dispuestos a participar en las elecciones parlamentarias; mientras, 25,4% sostienen que están dispuestos a hacerlo. El grupo que potencialmente pudiese participar está integrado mayoritariamente por quienes se dicen chavistas. Según el estudio a votar en las parlamentarias pueden acudir 75% de quienes se dicen chavistas, 28% de los independientes y 26% de los opositores.

Por otra parte, un estudio especial de la firma Consultores 21 indica que en el caso de las elecciones parlamentarias, solo 22% está dispuesto a participar. En este grupo se encuentran 61% de quienes se dicen chavistas, 17% de los independientes y 12% de los opositores.

La disposición a participar en la consulta popular no es muy diferente. Según el estudio de Datanálisis solo 3% dice estar muy dispuesto a votar en este proceso, mientras 18% dice estar solo dispuesto. Un potencial de participación de 21% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, aunque en la consulta podrá participar cualquier ciudadano, inscrito o no como elector, dentro o fuera de Venezuela. 

En el caso de la consulta popular, este evento motiva mayoritariamente a quienes se dicen opositores: 67% de quienes se auto definen como adversarios a Maduro están dispuestos a acudir al evento propuesto por el Gobierno interino, al igual que 31% de los independientes y 13% de los chavistas.

No obstante, en este momento la mayoría de los ciudadanos dicen ser independientes y no se identifican con el liderazgo del chavismo o de la oposición: Mientras 60% de los venezolanos sostiene que es independiente, solo 26% dice que es opositor y apenas 12% se declara chavista.

Solo el Parlamento de 2015 es legítimo

Hasta el 5 de enero de 2021 la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) es el único poder del Estado venezolano que cuenta con legitimidad de origen. Además, el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó sustenta su legalidad en la interpretación del Artículo 233 de la Constitución Nacional que faculta al Presidente del Parlamento para ocupar temporalmente la Presidencia de la República, en caso de que el Poder Ejecutivo no pueda ser designado y exista una vacante absoluta del cargo.

El resto de los poderes del Estado es cuestionado por varias razones: La presidencia del Estado recae sobre Nicolás Maduro; reelecto como Presidente en un proceso electoral (20 de mayo de 2018) desconocido por las democracias occidentales, y solo avalado por los aliados de la Revolución Bolivariana: Rusia y China.

Por otra parte, la estructura del Poder Judicial es cuestionada, al menos, desde el 2014. Ocho de sus integrantes han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con cargos que van desde avalar violaciones a los Derechos Humanos hasta lavado de dinero. Este Poder Judicial designó en julio a un nuevo Poder Electoral. De los ocho integrantes de la autoridad electoral, cinco (incluyendo a la nueva presidenta) han sido sancionados por EE.UU., Canadá y la Unión Europea.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli coincide con José Ignacio Hernández. Así como Venezuela tiene en este momento tiene dos Poderes Judiciales (el que soporta al régimen de Maduro y el que se encuentra en el exilio), en enero pasará a tener dos Parlamentos: El que preside Juan Guaidó y el que resulte electa el 6 de diciembre de 2020. ¿Cuál será el Parlamento legítimo?

Sobre esta dualidad en el Poder Legislativo el ex procurador de Guaidó ha sostenido que, excepcionalmente, el mandato de la Asamblea Nacional se mantiene solo en la medida necesaria para asegurar la transición a la democracia (Artículo 333 de la Constitución), y evitar el vacío de poder que se generaría por el desconocimiento de los diputados fraudulentamente electos y la extinción del mandato de la Asamblea Nacional electa en 2015. En este sentido, para Hernández el parlamento que preside Guaidó no pudiese legislar a partir del 5 de enero.

Hasta ahora, solo EE.UU. (la administración de Donald Trump) se ha pronunciado abiertamente avalando la continuidad administrativa del gobierno interino de Guaidó.

En un comunicado difundido el pasado 3 de agosto, la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela encabezada por James Story -actualmente ratificado como Embajador de EEUU ante Venezuela, aunque despachando desde Colombia– avaló la decisión de los partidos opositores de no participar el 6 de diciembre, al tiempo que exhortó “a otros países que valoran y honran los derechos humanos” a respaldar la decisión tomada por Guaidó.

Sin embargo, la Unión Europea (el otro principal aliado de la oposición venezolana) aún no fija posición clara sobre la continuidad administrativa del Parlamento y, especialmente, del Gobierno interino. Extraoficialmente se asegura que, ante las dudas que genera el escenario político en Venezuela, el bloque hemisférico optará por centrarse en garantizar la ayuda humanitaria necesaria, dejando el conflicto sobre la legitimidad y legalidad de los poderes a un lado.

En este sentido, Leopoldo López, coordinador del centro de gobierno de Guaidó, dice estar preocupado “que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen, y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política”.

Sobre un posible cambio de postura de EE.UU. (para hacer alianza con la postura de la Unión Europea) López dice estar confiado en que se entienda que “Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político”.

No obstante, extraoficialmente en EE.UU. se sostiene que la política exterior del presidente electo Joe Biden disminuirá la colaboración económica y el respaldo político al Gobierno interino; al tiempo que iniciará procesos de negociación directos con Maduro.

Ante esta posibilidad, Guaidó ha indicado a medios internacionales que estos contactos directos “serían una tragedia. ¿Cuál es el incentivo del dictador de turno [para dejar el poder] si él sabe que se le va a reconocer? Ninguno”.

Hasta 239 diputados para el PSUV

El sistema de adjudicación de cargos negociados en la Mesa de Diálogo Nacional no solo es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad entre los votos y los escaños, sino que al sobre representar a los estados pequeños y como consecuencia del diseño parcializado de las circunscripciones (gerrymandering en 2010 y 2015, que se va a mantener para 2020) podría permitir que el obtenga fácilmente la mayoría de los escaños este domingo.

Según una simulación de escenarios electorales realizada por Súmate suponiendo que se repite el 6 de diciembre un comportamiento electoral similar al del evento presidencial de 2018, el PSUV capitalizando 59,7% de los votos nacionales pudiese obtener 239 curules (86,3%) de la próxima Asamblea Nacional.

Evitar outsourcing para el cambio político

Para comprender como se puede trabajar en el 2021 es necesario analizar el desempeño de la oposición durante el periodo enero 2019 y diciembre 2020.

Ángel Álvarez, PhD en Ciencias Políticas, explicó en sus redes sociales que el periodo entre 2019 y 2020 del Gobierno interino conducido deja varias lecciones a quienes encabecen a la oposición en el futuro.

Álvarez escribió: “Para tomar el poder, un político no puede usar outsourcing services que lo hagan por él. Necesita aliados nacionales e internacionales, pero debe hacer su propia tarea y obtener sus propias victorias con sus propias medios”.

Además, recordó que a los ciudadanos no se les deben prometer resultados “mágicos a corto plazo hablando abstractamente de cosas que pretendidamente estarían por suceder, así como por milagro. Además de desmovilizarse, se desmoraliza al ciudadano cuando no ocurre nada concreto”.

Esta crisis que suele generar la dirigencia opositora venezolana al no saber manejar las expectativas lleva a Álvarez a recordar que “el liderazgo no se construye solo sobre la base de proclamar grandes cambios por venir, sino también y, principalmente, dando respuestas inmediatas materiales o simbólicas a los problemas concretos y diarios de la población (…) Si se forma parte de una coalición de múltiples partidos, no se puede jugar en solitario. Si se prefiere la jugada en solitario, se rompe la coalición”.

Álvarez advierte que no se puede formar parte de una coalición en la que hay partidarios de salidas negociadas y/o electorales y al mismo tiempo involucrarse en acciones insurreccionales (…) Si usted no cree en acciones insurreccionales, no sea ambiguo y no sea miembro de un partido o coalición en el que los líderes están en un plan que usted no respalda (…) Si usted está dispuesto a correr el alto riesgo de involucrarse en acciones insurreccionales, no arriesgue la seguridad de aquellos que le respaldan pero no apoyan esas acciones. Si fracasa, se lo van a cobrar con creces.