¿Nos interesa el asunto de la propiedad privada? No es una pregunta banal en una sociedad que ha mirado con relativa indiferencia el avasallamiento de la libertad de expresión, o el reciente ataque de las ONG, o la sangre que dejan regada por el territorio las fuerzas policiales cuando persiguen a los delincuentes. Otros casos de pasividad sobre temas cruciales para un desenvolvimiento decente de la vida pueden agregarse a la comprobación de conductas capaces de permitir tropelías infinitas de la dictadura porque apenas nos ocupamos de ellas un rato, cuando nos enteramos de su acometimiento, pero después dejamos que pasen frente a nuestras narices como si cual cosa.
Y ni hablar de las reacciones ante los grandes avasallamientos políticos, que han acompañado desde el silencio, o apenas desde las inocuas murmuraciones, la invasión de instituciones como el Parlamento y el funcionamiento de los jueces como títeres de Miraflores. Se pueden agregar más ejemplos de lejanía, o más bien de pérdida de vínculos con las obligaciones esenciales de ciudadanía, pero quizá basten los mencionados para dudar sobre cómo pueda reaccionar la colectividad ante el ataque de la propiedad privada, que le toca muy de cerca y se ha colocado en primer plano debido a las noticias que ahora circulan sobre invasiones de apartamentos y de edificios enteros en Caracas, sin que las autoridades hayan mirado el delito con la atención que merece. O, al contrario, con su apoyo disimulado.
Los vecinos se han defendido, no faltaba más. Han tratado de expulsar a los invasores y lo han logrado en la mayoría de los casos, porque se trata de escándalos demasiado cercanos que les anuncian lo que también les puede suceder a ellos ante el menor descuido. Pero estamos ante reacciones esporádicas, ante improvisaciones elementales de las cuales no se desprende organicidad frente a la vulneración de un derecho fundamental de una sociedad republicana como la nuestra, o que en el pasado fue republicana. Desde el ascenso del comandante Chávez, es decir, desde el asentamiento de su personal manera de entender a la sociedad como parte de un proyecto de justicia que provenía de su voluntad personal, o más bien de su capricho y de su olímpica ignorancia, comenzó un asedio a la propiedad privada que su promotor debió controlar porque no sabía exactamente cómo reaccionarían los perjudicados; pero que dejó como un designio del futuro que ahora ha vuelto a situaciones de relevancia porque sus sucesores sienten que el momento es oportuno, debido a la docilidad demostrada por el pueblo ante sus otras arremetidas.
La señora Iris Varela, figura destacada del régimen y ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional fraudulenta, ha propuesto el control de las propiedades de los venezolanos que se han marchado al extranjero debido a la situación de asfixia material y espiritual provocada por la dictadura. ¿De dónde saca semejante enormidad? Seguramente de lo que pudo recordar de las improvisaciones de su comandante, tan “eterno” como para llevarla a hablar disparates sin relación con la historia de Venezuela; o del particular entendimiento que tiene de la vida desde su tribuna de fanatismo y odio, o de la falta de preparación para el manejo de los asuntos públicos que demostró cuando ejerció de todopoderosa alcaide nacional de un sistema carcelario que convirtió en paraíso de irregularidades y favores escandalosos, en vergel de capos de medio pelo; o simplemente de la rudimentaria manera de expresarse que no puede referir a una persona con entendimientos republicanos del bien común, sino a voceros montaraces de un supuesto pensamiento que no pasa del prospecto o del amago.
No se pretende ahora la disminución de lo que puede ella representar como persona digna de respeto por el solo hecho de ser persona, desde luego, sino por los perjuicios que acarrean desde su posición de poder las barbaridades que comunica. Serían cuestión de mofa, si no tuviera tanto poder y no pudiera promover ataques graves contra los derechos ciudadanos y, en el caso que nos ocupa, contra la propiedad privada sobre cuyos riesgos de la actualidad llama la atención con alarma una voz tan autorizada como la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. El solo hecho de que la señora proponga la invasión de las propiedades porque sus dueños salieron en estampida a buscar sobrevivencia en el exterior, o porque se rebelaron a su manera contra las presiones políticas del chavismo, es un testimonio de barbarie, de un grosero descomedimiento que no solo se enfrenta a valores fundamentales de la civilización occidental, sino a principios fundamentales del republicanismo venezolano.
La gran República que aquí se inicia a partir de 1830, fundamentada en los valores del trabajo que gira alrededor de la propiedad privada a través de la cual se apuntala la riqueza colectiva, es sacudida a las patadas por la funcionaria. La idea de una república de propietarios a través de la cual se fomente el bien común, piedra angular de nuestra primera época de ascenso cívico, con las doctrinas liberales de la fundación nacional en apogeo, es despreciada por el fanatismo de la encrespada dama, pero también por su ignorancia. Como no se trata de una conducta individual, de una veleidad personal, de una tiniebla específica, sino de un punto de vista compartido por sus compañeros de dirigencia, lo menos que uno puede hacer es sonar los clarines del pavor. En especial cuando hemos sido pasivos ante las peores aberraciones del chavismo.