En la aldea
09 diciembre 2022

Los venezolanos también se arropan de la tutela para obtener derechos en Colombia

El trabajo de organizaciones de la sociedad civil y recientes fallos de la Corte Constitucional, han hecho de Colombia un país vanguardista en términos de atención a venezolanos en situación irregular. Aunque todavía hay muchas barreras para que los venezolanos en esta condición migratoria accedan a derechos económicos, sociales y culturales, también tienen cierta facilidad para reclamar por ellos. Los distintos investigadores consultados por Diario Criterio afirman que esa circunstancia se debe a la experiencia que Colombia tiene en el tema de desplazamiento forzado interno.

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Liz es una inmigrante venezolana, de 34 años, que hace tres años llegó a Cartagena con sus tres hijos menores de edad. Debido a que su situación migratoria era irregular, no pudo encontrar un trabajo estable con prestaciones de ley y se dedicó al rebusque y a la informalidad.

El 7 de octubre de 2019, un médico del Hospital Universitario del Caribe le diagnosticó VIH. Le formuló medicamentos y le mandó citas de control. Como no tenía dinero, ella acudió al Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS) para que le entregaran los medicamentos. La institución negó la solicitud por ser una extranjera, razón por la cual, con el acompañamiento del consultorio jurídico de la Universidad de Cartagena, interpuso una acción de tutela en contra del DADIS.

A finales de octubre, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena admitió la acción de tutela y concedió “la medida provisional solicitada por la accionante y ordenó el suministro de los medicamentos incluidos en la orden de su médico tratante”. Pero el 12 de noviembre de 2019, negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de Liz. Según el juzgado, ni los medicamentos ni el chequeo médico hacen parte de una urgencia porque el médico no lo prescribió en ese sentido.

El caso llegó a la Corte Constitucional, que a finales del año pasado revocó el fallo del juzgado y amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Liz. Ordenó al DADIS entregarle los medicamentos prescritos para tratar el VIH hasta que ella se afilie al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea al régimen contributivo o subsidiado. Así, la Corte Constitucional amplió el sentido de la atención de urgencias para extranjeros en situación irregular, dice la sentencia T-246/20 –

Más tutelas 

La tutela de Liz no es un hecho aislado. A medida que más migrantes venezolanos llegan al país, también han aumentado las tutelas interpuestas por ellos para que les amparen los derechos fundamentales. En la actualidad, según Migración Colombia, en el país hay 1.742.927ciudadanos venezolanos; 759.584 regulares y 983.343 irregulares. Estos últimos son lo que recurren más a este mecanismo.

De acuerdo con el monitoreo hecho por Dejusticia, la Corte Constitucional recibe cerca de 12.000 tutelas a la semana y solo selecciona unas 200 al año para revisión. Desde 2018 hasta la fecha ha seleccionado unas 60 interpuestas por migrantes venezolanos.

Lucía Ramírez Bolívar, abogada de Dejusticia, explica que el 90% de estos casos se relacionan con la salud: “Por lo general son personas en situación irregular que tienen una enfermedad que requiere una intervención más allá de las urgencias”.

Ramírez afirma que la Corte pone especial énfasis en las tutelas relacionadas con sujetos de especial protección, es decir, madres cabeza de familia, niños o niñas, personas discapacitadas… Por ejemplo, hace poco el alto tribunal le concedió una tutela a una niña venezolana que padece de limitaciones visuales y movilidad, y le ordenó a la Secretaría de Salud de Risaralda prestarle los servicios médicos pese a su situación irregular.

Para los magistrados, en este caso, “esa entidad desconoció el derecho a la salud de la menor al negarle autorizar servicios médicos que resultan necesarios para atender las patologías de ortopedia, optometría y fisiatría que requiere la paciente para el normal desarrollo de su vida”.

Además de la salud, la Corte ha tutelado derechos en otros ámbitos. En educación le dio la razón a una madre y a su hija de 15 años y determinó que los niños venezolanos tienen derecho al acceso a la educación aun cuando no estén afiliados al sistema de salud. El fallo se produjo luego de que un colegio del municipio de Mosquera (Cundinamarca) negó la matrícula a la menor, porque no tenía afiliación al sistema de salud y tampoco los certificados de estudio de su país.

¿Por qué los venezolanos recurren a las tutelas?

El artículo 100 de la Constitución de 1991 señala que “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos”. En principio, ese enunciado establece que toda persona sin importar su nacionalidad puede disfrutar todos los beneficios de un ciudadano colombiano.

Sin embargo, en esta ecuación entra a jugar la regularización y este artículo ha sido aplicado dependiendo del estatus migratorio. En muchas ocasiones, las instituciones han argumentado la condición irregular de los venezolanos para desconocer los derechos que el artículo 100 les otorga.

Ramírez explica que una vez una persona regulariza su situación en el país empieza a disfrutar de los derechos civiles, pero si no puede hacerlo comienzan las barreras o las trabas. Volvemos al caso de la salud. El venezolano en situación irregular tiene solo acceso a los servicios de urgencias. Entonces, cuando requiere algo más que la atención prioritaria, le es negada. Por eso, desde hace más de cinco años, la Corte Constitucional ha producido jurisprudencia en la que afirma que la condición irregular no es un parámetro para negar el acceso a la salud.

Pese al las numerosas sentencias, las instituciones del Estado “siguen negando de manera el acceso a derechos económico, sociales y culturales a los venezolanos en situación migratoria irregular, entonces la tutela se convierte en una herramienta muy importante”, afirma Ramírez.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, reconoce que todavía hay muchas barreras para que los venezolanos accedan a los derechos que la Constitución del 91 les da. Así, los fallos de la Corte Constitucional han convertido a Colombia en uno de los países más progresistas en términos de derechos migratorios.

Cuando los colombianos migraron a Venezuela duraron mucho tiempo en acceder a la educación. En cambió, acá en menos de cinco años hemos venido resolviendo ese problema, en parte por las sentencias de la Corte. En la actualidad cerca de los 470.000 venezolanos, alrededor de 384.000 tienen acceso a la educaciónEse es un logro notable”, explica Rodríguez.

Décadas de experiencia

Aunque todavía hay muchas barreras para que los venezolanos en condición migratoria irregular accedan a derechos económicos, sociales y culturales, también tienen cierta facilidad para reclamar por ellos. Los distintos investigadores consultados por Diario Criterio afirman que esa circunstancia se debe a la experiencia que Colombia tiene en el tema de desplazamiento forzado interno.

Desde la década de los noventa, Colombia sufrió un desplazamiento forzado sin precedentes. El país llegó a ocupar los primeros puestos en el tema a nivel mundial. Esa situación hizo que llegara mucha cooperación internacional y que la sociedad civil se organizara para atender a la población desplazada. Por ejemplo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados tiene oficina y también llegó el Servicio Jesuita a Refugiados para atender la crisis de desplazamiento forzado”, afirma Ramírez.

Todas las capacidades construidas por las ONG nacionales y sociedad civil para atender a los desplazados -explica Rodríguez- se “han transferido para ayudar a los migrantes venezolanos”. El caso de Liz es prueba de ello. El consultorio jurídico de la Universidad de Cartagena, con experiencia en litigios a favor de los desplazados, se encargó del caso de ella.

El litigio estratégico

Además de la experiencia de las organizaciones civiles, los migrantes del país vecino han contado con el apoyo de otras ONG que se han especializado en el litigio estratégico. Esta modalidad consiste en seleccionar casos de gran impacto para que los altos tribunales, como la Corte Constitucional, emitan un fallo que favorezca o cree jurisprudencia que restituya derechos.

El caso de Liz también sirve para explicar el litigio estratégico. Dejusticia, al conocer que la Corte escogió esa tutela para revisión, enfiló sus baterías para lograr que la sentencia fuera favorable a Liz y de paso sentara jurisprudencia sobre la atención de migrantes irregulares con VIH.

En Dejusticia nos especializamos en el derecho constitucional y hacemos litigio ante la Corte Constitucional. En el caso de Liz enviamos una intervención en la que, basados en los argumentos de un médico experto, le explicamos al alto tribunal por qué atender a migrantes en situación irregular con VIH y otras enfermedades son un tema de salud pública que no solo los beneficia a ellos sino a todo el país. Afortunadamente, los magistrados acogieron ese argumento y se sentó jurisprudencia al respecto”, explica Ramírez.

Para Rodríguez, el litigio estratégico a favor de los venezolanos es una de las causas para que Colombia tenga una base jurídica progresista: “Si bien hay razones políticas que tuvo en cuenta el Gobierno para expedir el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, este no hubiera sido posible sin el litigio estratégico y el trabajo de la sociedad civil que sentaron las bases para atender a esa población”.

¿Por qué es importante garantizar los derechos a los venezolanos?

Cuando se habla de este tema muchos colombianos alegan que los fallos de la Corte Constitucional incrementan los gastos de un Estado pobre como Colombia. Rodríguez explica que si bien eso es cierto, sería injusto negar los derechos constitucionales a un grupo de personas vulnerables. Afirma que el gran reto es cómo llevar a cabo una planificación económica, y una forma de empezar a resolverlo es exigiéndole a la comunidad internacional mayores recursos para atender esta emergencia, tal y como ha ocurrido con los desplazados y refugiados de Siria, que en promedio han obtenido unos 2.000 dólares por personas, mientras que con los venezolanos en Colombia, no llega a 150 dólares.

Los investigadores coinciden en que, al restituirles los derechos a los venezolanos en situación irregular, beneficiará al país en un futuro cercano. Para ellos, en un momento en que la población colombiana se envejece, la llegada de venezolanos significa un bono demográfico que afectaría positivamente temas como el de la pensión de todos los colombianos. Pero para que eso se haga realidad es necesario integrarlos con todos los derechos a la sociedad.

*“Liz”, nombre cambiado para proteger la identidad.

*El artículo original en Diario Criterio/Actualidad.

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