Estimado profesor Lowenthal,
Gracias por su reciente nota con respecto a mi carta fechada el 23 de septiembre. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que nuestro intercambio no es común. Lamentablemente, la polarización generalizada se ha expandido al debate académico, que se centra en las diferencias más que en los puntos en común. Necesitamos reforzar, como usted ha dicho, el “esfuerzo consciente de escuchar bien y leer detenidamente, de buscar puntos en común, y de identificar diferencias de concepto u opinión o sobre hechos, sin ser desagradable, trabajando para reducir las disputas, y para encontrar un posible acuerdo sobre al menos algunos puntos”.
Su informe publicado por Wilson Center y sus dos cartas dirigidas a mí arrojan luz sobre una pregunta que me he estado haciendo: ¿Por qué no pudimos promover la transición en Venezuela a través de la estrategia implementada en 2019? No hay una respuesta simple. Algunos análisis tienden a centrarse en los errores y contradicciones de la oposición venezolana y las consecuencias negativas de la presión internacional contra el régimen de Maduro, particularmente en lo que respecta a las sanciones internacionales.
En mis comentarios sobre su informe, expliqué que también es necesario considerar la naturaleza del régimen de Maduro. Ese debería ser un tema académico y no un argumento político para favorecer la politización. Me interesa entender la naturaleza del régimen de Maduro no para buscar venganza sino para comprender por qué las tácticas implementadas desde 2019 no lograron la transición política.
En mi opinión, la razón principal por la que la transición no se logró de acuerdo con la estrategia de 2019 es la naturaleza criminal de las élites de Maduro. Eso no significa que todos los chavistas tengan esa condición, por supuesto. Todo lo contrario: entiendo que solo un pequeño grupo -la élite- se ve comprometido con comportamientos criminales, desde graves violaciones de derechos humanos hasta cleptocracia y actividades económicas ilegales.
En términos de Dahl, soy consciente de que la criminalización de la élite de Maduro aumenta el costo de la tolerancia. Esa podría ser una de las razones por las que algunos analistas creen que es inconveniente hablar de criminalidad, centrándose en el lado autoritario del régimen de Maduro. Pero ignorar la naturaleza del problema no ayudará a despejar el camino de la transición en Venezuela.
Debido a que la élite de Maduro es un régimen autoritario y una organización criminal, es necesario combinar tácticas democráticas tradicionales con otras tácticas innovadoras. En su informe, usted sugirió varias tácticas para abordar el lado autoritario del problema, con las que estoy de acuerdo. Pero, además, es necesario crear incentivos para la transición basados en la naturaleza criminal de las élites.
Eso fue algo que no anticipé completamente en 2018 cuando sugerí las directrices del Estatuto Democrático, firmemente basadas en incentivos políticos hacia una transición negociada basada en el pluralismo político. Aprendí que los incentivos políticos podrían facilitar los cambios políticos, pero son inadecuados para resolver los problemas políticos causados por el comportamiento criminal.
El memorando de entendimiento (MOU) firmado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y el régimen de Nicolás Maduro el 3 de noviembre de 2021, favorece una nueva visión de la compleja transición venezolana. En términos del memorándum, Maduro y su élite están obligados a adelantar una profunda reforma judicial para avanzar en investigaciones genuinas sobre las atrocidades cometidas. Ese objetivo sólo puede lograrse restableciendo el Estado de Derecho y poniendo fin a la usurpación actual. En ese escenario, la élite tendrá que rendir cuentas ante el nuevo e independiente Poder Judicial. Pero si la élite decide ignorar el memorando de entendimiento de la CPI, será considerada responsable ante la CPI.
El Memorando de Entendimiento de México y el Memorando de Entendimiento de la CPI pueden proporcionar un nuevo marco para abordar la dimensión criminal de la compleja transición en Venezuela. Solo el fin de la usurpación de Maduro permitirá la restauración de un Poder Judicial capaz e independiente en Venezuela, como proponen ambos memorandos. Eso crea las condiciones adecuadas para diseñar un sistema especial de justicia transicional que ahora debe cumplir con los estándares interamericanos, constitucionales y los estándares de la CPI.
Ni la impunidad ni la venganza pueden ser el precio de la democracia en Venezuela. Es por eso que la justicia transicional en Venezuela debe ser un pivote, promoviendo la justicia y la reconciliación, pero evitando la impunidad. Desde esa perspectiva, las víctimas de derechos humanos deben estar en el centro del esfuerzo por promover esta justicia, ahora también considerando el MOU de la CPI.
Además, como usted sugiere, la oposición debe “concentrarse en movilizar a una amplia gama de venezolanos, apoyados adecuadamente por las instituciones internacionales, para trabajar juntos para enfrentar estos problemas y construir soluciones efectivas”. En ese sentido, la campaña política de las elecciones regionales y locales amañadas se ha centrado en ofertas electorales populistas más que en la movilización basada en las investigaciones internacionales contra la élite de Maduro.
Una vez más, aprecio su interés en la transición venezolana. Sus comentarios, análisis y sugerencias son información valiosa para encontrar una solución factible a la compleja crisis en Venezuela. Espero con interés continuar este intercambio.
Saludos,
José Ignacio Hernández G.