En la aldea
02 febrero 2023

La propuesta del profesor Lowenthal para una nueva ruta de transición en Venezuela

La experiencia demuestra que ni el voto ni la abstención han logrado la democratización, lo que permitiría concluir que más allá de la táctica, lo importante es la estrategia de transición dentro de la cual esa táctica se inserta. Al mismo tiempo, es necesario tomar en cuenta que las sanciones y la presión de la comunidad internacional crean incentivos para avanzar en la ruta que propicie un cambio. Construir la transformación desde el pluralismo y no desde la polarización. Entonces, ¿la táctica de participar en elecciones incluso, si estas son fraudulentas, podría tener efectos favorables a una transición?

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En días pasados el profesor Abraham F. Lowenthal presentó un reporte publicado por el Wilson Center sobre cómo reorientar la estrategia para la transición democrática en Venezuela. Que uno de los académicos más prestigiosos en las ciencias políticas dedique atención a analizar el caso venezolano es una gran oportunidad, pues la complejidad de la crisis venezolana requiere, más que nunca, de análisis que contribuyan a comprender mejor la dimensión de nuestra crisis y la habilidad para salir de ella.

El profesor Lowenthal hace el balance de la estrategia de transición implementada a partir de 2019, lo que le llevó a concluir en la necesidad de cambiarla con cinco pasos, que son calificados como una “nueva vía” para lograr la transición en Venezuela.

Al analizar esos cinco pasos, sin embargo, podemos comprobar que no son del todo nuevos, pues en buena parte responden a tácticas que se han implementado -sin éxito- en el pasado. Lo que sigue son algunos comentarios que no solo se basan en investigaciones jurídicas que he venido realizando sino, en especial, en mi experiencia personal de los últimos años.

Construir una nueva narrativa

El primer paso de esta nueva estrategia es construir una nueva narrativa a partir de una visión articulada de Venezuela. No basta así con denunciar la ilegitimidad, corrupción y demás vicios del régimen de Maduro, pues ello no incide en la narrativa construida por el chavismo. Esta nueva visión de Venezuela debe ser elaborada desde el pluralismo, con la participación de la sociedad civil e incluso, integrando a quienes apoyan -o han apoyado- al chavismo.

Este no es un paso novedoso. El más reciente ejemplo, y que probablemente responde al mayor esfuerzo realizado en los últimos años para construir una nueva visión articulada de Venezuela es el Plan País, preparado por la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, partiendo de la integración de diversas mesas de trabajo que incorporaron a diversos actores, incluso, de la sociedad civil. Al amparo del Plan País, se han formulado propuestas más específicas que han sido apoyadas por quienes en el pasado respaldaron al chavismo.

“Es preciso recordar que en Venezuela debe hablarse de una transición compleja y no solo de una transición democrática”

No es esta ocasión para discutir si la visión articulada del Plan País es o no adecuada. Tampoco pongo en duda que todavía hay mucho que hacer en este sentido, en especial, en la comunicación estratégica de esa visión y en la superación de la polarización. El punto que quiero resaltar es que el plan para la transición en Venezuela ha incluido la construcción de una perspectiva articulada del país.

Soluciones concretas para los venezolanos

El segundo paso consiste en implementar mecanismos de cooperación entre el chavismo y la oposición que permitan solucionarproblemas reales de los venezolanos, en especial, relacionados con la creciente Emergencia Humanitaria Compleja. Para ello el profesor Lowenthal propone diseñar un gobierno interino de recuperación nacional inspirado en el Consejo Ejecutivo de Transición de Sudáfrica. Tampoco se trata de una táctica nueva.

La cuarta legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015 comprendió que la transición venezolana no podía ser resultada de un juego “suma cero”, o sea, de una situación en la cual el chavismo perdía todo y la oposición ganaba todo. Por el contrario, era preciso procurar espacios de entendimiento y de cogobierno, siempre entre aquellos actores dispuestos a contribuir al restablecimiento del orden constitucional y la atención de la creciente crisis económica y social.

“Toda transición requiere de un Gobierno funcional y eso, hoy día, no existe en Venezuela. Este creo que fue un aspecto que se subestimó en 2019”

Esta idea quedó plasmada en el Estatuto que rige la Transición, aprobado en 2019, y que me temo, es un texto que no ha sido muy bien comprendido. Quienes participamos en la redacción de ese texto quisimos continuar los esfuerzos adelantados desde el 2016 para construir una transición desde el pluralismo y no desde la polarización. Fue con esa idea en mente que se diseñó la propuesta del “Gobierno provisional de unidad nacional”, inspirado -entre otros antecedentes- en el Consejo Ejecutivo de Transición.

La idea no logó explicarse bien y ello dio a entender, quizá, que la “unidad nacional” de ese gobierno de transición era solo la unidad de la oposición. Esta falsa idea todavía se mantiene en algunos análisis que insisten en que la oposición no puede pretender una transición basada en la lógica suma cero. La propuesta escrita de la oposición en el Estatuto, ciertamente, no se basó en tal lógica.

La propuesta del cogobierno fue luego reiterada en 2020, pues el avance de la Emergencia Humanitaria y de la pandemia llevó a proponer la conformación del “gobierno de emergencia nacional”. Como expliqué en un estudio jurídico -basado, entre otras fuentes, en los trabajos del profesor Lowenthal- el propósito de esta figura era crear incentivos para que chavismo y oposición pudiesen participar en un órgano de cogobierno orientado, principalmente, a atender la emergencia humanitaria.

Estos esfuerzos de cooperación incluso se han realizado para lograr alivios inmediatos, en especial, en cuanto al acceso a la vacuna en contra de la Covid-19. Esto llevó a conformar una mesa técnica a inicios de 2021. Incluso, la Comisión Delegada aprobó el uso de recursos en el exterior para financiar el acceso a la vacunación. Pero lo cierto es que la mesa no ha sido operativa y, al final, el régimen de Maduro optó por asumir unilateralmente la adquisición y distribución de las vacunas.

Participar en elecciones

El tercer paso recomendado es participar en elecciones, incluso, si estas son fraudulentas, pues esa participación crea incentivos para la movilización social y la articulación de la oposición. Hay que observar que esta es la táctica más recomendada frente a elecciones fraudulentas. Recientemente, y aludiendo al caso venezolano, Steven Levitsky reiteró su recomendación de participar en elecciones, incluso, fraudulentas. Tal y como he explicado anteriormente, existen estudios que comprueban que la participación en elecciones fraudulentas suele generar mejores beneficios que la abstención.

“El profesor Lowenthal ha explicado que cada transición es única y dinámica y que, por ello, es preciso identificar cuál es la naturaleza del régimen político del cual se parte para, a partir de allí, diseñar la estrategia”

Pero lo cierto es que, la práctica, la táctica electoral -y la falsa disputa entre votar y no votar– ya se ha ensayado en el pasado. Un ejemplo interesante son las fraudulentas elecciones regionales de 2017, en las cuales la oposición decidió participar anunciando una gigantesca victoria, para luego desconocer los resultados por fraude electoral, cuando el Poder Electoral otorgó la victoria al oficialismo. Poco después, la oposición decidió no participar en las elecciones municipales de ese año.

La experiencia demuestra que ni el voto ni la abstención han logrado la democratización, lo que permitiría concluir que más allá de la táctica, lo importante es la estrategia de transición dentro de la cual esa táctica se inserta. Bajo un adecuado plan, entonces, la táctica de participar en elecciones fraudulentas podría tener efectos favorables a una transición.

Justicia transicional

El cuarto paso recomendado es construir una propuesta creíble de justicia transicional, nuevamente, desde el pluralismo y la inclusión de diversos actores. Esta tampoco es una táctica del todo novedosa.

La propuesta de la justicia transicional fue trabajada por la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional como parte del procedimiento para impulsar la transición. Para ello, incluso se colaboró con quien fuera la Fiscal General de la República y figura importante del chavismo, tal y como expliqué aquí. La justicia transicional es, además, una de las piezas claves del Estatuto que rige la transición, de 2019.

Sin duda, esta propuesta no ha sido preparada de manera creíble y son muchos los detalles técnicos que deben ser cubiertos. Pero lo cierto es que la justicia transicional es uno de los pasos bajo los cuales se ha promovido la transición en Venezuela.

Moderar el rol de la comunidad internacional

El quinto paso recomendado es que la oposición debe construir su propia base, sin depender en exceso de la comunidad internacional. No se trata de rechazar el rol de la comunidad internacional, pero sí de evitar decisiones unilaterales de actores internacionales.

Esta observación conecta con una reflexión que ha realizado la profesora Erica  Chenoweth en su reciente libro sobre resistencia civil, en la que concluye que el apoyo de Estados Unidos a la transición venezolana, en especial desde 2019, pudo haber creado incentivos adversos para construir el apoyo popular doméstico.

“El primer paso de esta nueva estrategia es construir una nueva narrativa a partir de una visión articulada de Venezuela”

Algunos análisis sobre el rol de Estados Unidos suelen enfocarse solo en el “garrote” pero no en la “zanahoria”. Así, en 2020 el Departamento de Estadopropuso un acuerdo de transición basado en el cogobierno entre el chavismo y la oposición, que más allá de algunos detalles, constituía una oferta más que interesante para incorporar a aquellos que, desde el chavismo, aceptasen participar en esa propuesta, y con ello, levantar las sanciones impuestas desde 2015. 

Al mismo tiempo, es necesario tomar en cuenta que las sanciones y la presión de la comunidad internacional crean incentivos para avanzar en la transición. Aquí el caso de Sudáfrica también es una referencia importante.

La necesidad de una nueva ruta de transición

Los comentarios anteriores en modo alguno quieren sugerir que la ruta de transición diseñada en 2019 debe mantenerse inalterable. Por el contrario, tras más de dos años y medio es necesario implementar ajustes y cambios. Pero esos cambios deben diseñarse tomando en cuenta los hechos y las evidencias que permiten explicar por qué la transición democrática no se ha logrado, además, preservando las conquistas alcanzadas y que crean incentivos tangibles a favor de una transición.

En sus obras sobre transición, el profesor Lowenthal ha explicado que cada transición es única y dinámica y que, por ello, es preciso identificar cuál es la naturaleza del régimen político del cual se parte para, a partir de allí, diseñar la estrategia. Precisamente, el análisis de la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, y de los hechos sucedidos desde 2019, permiten identificar dos aspectos a los cuales, creo, no se ha dado peso importante.

El primero de ellos es que hay que incluir en el análisis un dato relevante: Venezuela es un Estado frágil cuyas débiles estructuras han sido cooptadas por organizaciones criminales, como lo coloca en evidencia la situación del Arco Minero del Orinoco. Toda transición requiere de un Gobierno funcional y eso, hoy día, no existe en Venezuela. Este creo que fue un aspecto que se subestimó en 2019, y que impide replicar, sin más, estrategias de transiciones que funcionaron en Gobiernos (autoritarios) operativos.

El segundo punto que debería considerarse es el cerco internacional que se ha ido extendiendo sobre el régimen de Maduro, como resultado de una creciente actividad criminal. Las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluyendo el caso de Alex Saab, el informe del panel de expertos del Consejo de Derechos Humanos y la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional, dan cuenta del elevado grado de criminalidad que ha permeado al régimen de Maduro, lo cual crea incentivos que van más allá de lo político, y frente a los cuales, un esquema de justicia transicional ordinario resulta insuficiente. Este fue otro aspecto que creo, tampoco se estimó adecuadamente en 2019.

El hecho de que la nueva ruta propuesta coincida, en sus trazos generales, con la estrategia de transición adoptada, en especial, desde 2019, podría dar a entender que el principal problema no es tanto el diseño sino su implementación, en especial, ante la necesidad de adecuar las tácticas de transición a las particularidades del caso venezolano.

Para ello es preciso recordar que en Venezuela debe hablarse de una transición compleja y no solo de una transición democrática. Así, el único problema a resolver no es la transición del régimen autoritario de Maduro a la democracia constitucional. Además, es preciso promover la transición de la Emergencia Humanitaria Compleja al crecimiento inclusivo basado en los mecanismos de mercado, y la transición del Estado frágil al Estado funcional.

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