Al momento de escribir estas líneas, acaba de anunciarse al país la escogencia de la “nueva” conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que durante los próximos doce años se encargará de la sagrada función de aplicar el derecho en los diversos conflictos que la convulsa sociedad venezolana atraviesa a diario.
Como era de esperarse en un proceso plagado de irregularidades, dominado por una única tendencia política, se acaba de producir un giro de 360 grados como he escuchado decir a más de un desprevenido, que al igual que yo, son poco o nada doctos en los asuntos de la geometría. Vale decir, que la dictadura venezolana ha sido siempre eficiente en cubrir los flancos que eventualmente pudieran poner en peligro su continuidad en el poder. Cualquier atisbo de autonomía, separación de poderes o dibujo libre se paga caro en revolución, al menos para los asuntos oficiales se funciona en bloque, o estás fuera.
“No se vaticinan sino tiempos turbulentos para esta camada de ‘jueces’ cuya única misión es la supervivencia del régimen a toda costa”
Para los autoritarismos, es imprescindible contar con un Poder Judicial incondicional a sus propósitos, no hacerlo constituye un grave riesgo al sostenimiento del sistema instaurado. Pero recordemos que el caso venezolano no es un clásico modelo autoritario, es un constructo al que debe sumársele el influjo de la delincuencia organizada transnacional, aunado a la expoliación de lo público como principal ratio. Visto así, no es concebible la existencia de jueces independientes que apliquen el derecho, solo debe haber instrumentos de soporte para que nada cambie, dando apariencia de supuesta renovación. Por ello decía recientemente, que el proceso de designación de los magistrados constituye un plan de lesa Patria muy bien estructurado, en el que se partió de un punto para seguir el mismo rumbo ya trazado por los próximos doce años, en los que la dictadura aspira como mínimo, mantenerse en el poder a toda costa.
Algunos podrían decir que estamos igual que antes, sin embargo, yo diría que mucho peor. Esta designación no fue un atropellado proceso como el de 2015, en el que, entre gallos y medianoche, echaron mano de lo que tenían para configurar un TSJ que garantizara la anulación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, que acababa de elegir la Asamblea Nacional. En efecto, no olvidemos que el legado de ese TSJ son más de 120 sentencias que anularon por completo las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional electa en 2015, y con ello, dieron piso normativo a una dictadura brutal, que logra engañar y comprar voluntades, para apostar a la normalización de su interacción con el resto de la sociedad. Pero insisto que estamos peor, pues este nuevo TSJ nace producto de algunos consensos entre el mismo chavismo-madurismo, que por momentos mostró su conflicto interno para lograr estos acuerdos. La situación es peor, porque el régimen logró torcer la voluntad de algunos opositores a quienes permitió participar en este fraude y les dio un rinconcito para sentirse con algún poder, situación que dividió a la ya maltrecha oposición. Finalmente, la guinda del pastel, es que este proceso absolutamente falaz, es visto con buenos ojos en el más reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una de las fichas fundamentales en la agenda de relativización de las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetrados en el país.
“El sistema de justicia se encuentra en el ojo del huracán, luego de los anuncios del Fiscal de la CPI, Karim Khan, al solicitar autorización (…) para dar continuidad a la investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela”
Sin embargo, es pertinente señalar que esta burda maniobra en la que hasta la Inspectoría General de Tribunales se coloca en manos de una señora hasta ayer militante del PSUV, se produce en un contexto en el cual el sistema de justicia se encuentra en el ojo del huracán, luego de los anuncios del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, al solicitar autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares de ese organismo, para dar continuidad a la investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tendrán entonces estos recién designados “magistrados” (aunque la mayoría fueron ratificados de la gestión anterior), que enfrentar los embates de coexistir con la justicia internacional y, seguramente, tendrán que desconocer sus acciones mediante sentencias. Cuidado si algunos de ellos tendrán que impulsar procesos contra los pocos revolucionarios que deberán ser sacrificados en función de simular justicia. Por ello, no se vaticinan sino tiempos turbulentos para esta camada de “jueces” cuya única misión es la supervivencia del régimen a toda costa.