La estrategia del mal: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es también un campo de batalla

En el último período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, foro donde se presentaron, entre muchos otros temas, dos informes sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. El primero de ellos fue realizado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; y el segundo, por Marta Valiñas, Francisco Cox, y Patricia Tappatá, los tres expertos internacionales que conforman la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela creada por los miembros del Consejo en septiembre del 2019, y cuyo mandato se renovó por dos años más en el 2020. El contraste entre ambos informes ha sido comentado por especialistas y defensores; en particular, los aspectos de asistencia técnica y capacitación, mejoras y avances en la promoción de los Derechos Humanos, frente al horror de los crímenes cometidos y la clara descripción de la ausencia de un Poder Judicial independiente y garante de procesos justos. Pero lo cierto es que con tonos y enfoques distintos, la realidad de Venezuela estuvo una vez más examinada y expuesta ante la comunidad internacional.

Ahora bien, buena parte de estos informes, que recogen y documentan casos y situaciones graves de violación de los derechos de los venezolanos por parte  de quienes detentan el poder, tienen limitaciones en su uso y efectos, puesto que requieren del compromiso genuino de los países bajo investigación para mejorar sus políticas, y la coordinación entre las instancias internacionales, así como de los países cuyas jurisdicciones permiten llevar a los perpetradores ante la justicia. Pero también pueden tener limitaciones en el tiempo.

En septiembre de este año, la resolución que dio origen al establecimiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos llega a su fin, y su mandato debe ser nuevamente renovado, para que los expertos independientes puedan culminar su trabajo de investigación de los hechos ocurridos en Venezuela desde el 2014 en materia de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con miras a  combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Esa misma resolución que en septiembre cumple con su ciclo, también solicitaba a la Alta Comisionada mantener al Consejo informado sobre las actividades de la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Venezuela, por lo que con la expiración de la resolución, los informes presentados por la Michelle Bachelet tratarán fundamentalmente sobre cooperación y asistencia técnica bajo el ítem destinado a ese fin, y de acuerdo con el memorándum de entendimiento que firmó la Oficina con el régimen de Maduro.

Sin embargo, tal renovación puede verse en peligro por varias razones

La primera de ellas es, sin duda, el contexto internacional. Por razones obvias la atención mundial sigue centrada en los terribles acontecimientos que se suceden en Ucrania, producto de la invasión rusa a ese país. Este hecho impide que muchos de los actores clave para la causa de los Derechos Humanos venezolanos inviertan el tiempo necesario para mantener la presión internacional y perseguir la rendición de cuentas de los responsables y perpetradores; así como garantizar los votos necesarios de los miembros del Consejo para lograr una nueva renovación del mandato que permita la continuación de la investigación.

A ello, habría que sumarle la composición misma del Consejo. En el 2019, se pudo adoptar la resolución gracias a los votos de los representantes del Grupo de Lima y de la Unión Europea actuando en conjunto. La votación en ese entonces fue de 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Pero hoy en día la membrecía latinoamericana del Consejo de Derechos Humanos está compuesta por Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela, con lo que se dificulta mucho un apoyo de la región a cualquier iniciativa que perjudique los intereses del régimen. 

Como tercer elemento, se debe destacar la creciente coordinación entre gobiernos híbridos, dictaduras y autocracias para evitar el monitoreo de las acciones llevadas a cabo desde los cuerpos del Estado en contra de sus poblaciones; en franca contravención de los acuerdos y tratados internacionales firmados y ratificados por ellos mismos.

Desde hace varios años, estos países comparten una narrativa que desafía los pilares fundamentales del sistema multilateral, en particular la universalidad de los derechos humanos. La narrativa incluye llamados a una cooperación y un diálogo del Consejo con estos Estados que tienes graves situaciones de derechos humanos en sus países, por encima del monitoreo y la protección de los derechos fundamentales, la relativización de la aplicación de las normas justificada en los distintos niveles de desarrollo, los derechos colectivos por encima de la observancia de los derechos civiles y políticos de cada ciudadano, y el rechazo a una observación externa, considerada como doble rasero, integridad territorial o injerencia en los asuntos internos.

En la sala del Consejo, hemos oído a muchos de sus adherentes como Venezuela, Bielorrusia, Burundi, Bolivia, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, India, Rusia, Siria o Yemen, denigrar de los mecanismos de investigación (de países que no cumplen con los estándares contenidos en los Tratados y Acuerdos Internacionales y que tienen graves situaciones de derechos humanos) calificando su uso como un intento de politización del Consejo. También los hemos visto coincidir en la promoción del uso de la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades,  así como la promoción de mecanismos de monitoreo generales, en los que no se señale ningún Estado, tergiversando la esencia misma del Consejo de Derechos Humanos.

Este grupo ha logrado, además, impedir la condena del gobierno de China ante la situación de los Derechos Humanos en Hong Kong, Xinjiang y Tibet, y más recientemente que se rechazara la extensión del mandato para la Misión de Determinación de los Hechos en Yemen.

Ante este escenario, se hace indispensable regresar a los principios fundacionales del sistema de Naciones Unidas de promoción de la paz y seguridad, a los valores de libertad, respeto a las reglas y los derechos humanos del mundo democrático, y a las normas que el propio sistema creó para poner límites a los Estados que infrinjan sus compromisos.

El 7 de abril de este año la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de acuerdo con lo establecido en las normas del Consejo, que autoriza a la cesación de los derechos de membrecía de un miembro que cometa violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos. Asimismo, la Asamblea General indicó que existían graves violaciones al derecho internacional humanitario. Algunas delegaciones fueron más allá y plantearon que los crímenes cometidos por Rusia podrían equipararse con crímenes de guerra en abierta violación al Derecho Internacional.

La legitimidad de todo el sistema se pone a prueba no sólo cuando un país invade a otro. La batalla es entre formas de gobierno, de vida en libertad y democracia, frente al autoritarismo y el poder por el poder. Por eso, la invasión de Ucrania y las consecuencias que ello ha acarreado a Rusia debe servir de ejemplo y motivación para recordarle a otros miembros del Consejo que sus acciones tienen límites, y que el Derecho Internacional es en definitiva el garante de un orden basado en reglas y no en la ley del más fuerte o el relativismo acomodaticio.

Tal como lo expresó el Embajador de Ucrania ante la ONU: “El mundo ha llegado a una coyuntura crucial. Somos testigos de que nuestro crucero atraviesa una niebla traicionera hacia icebergs mortales. Podría parecer que deberíamos haberlo llamado Titanic en lugar de Consejo de Derechos Humanos… Necesitamos tomar una acción hoy para evitar que el Consejo se hunda”.