Revuelto, por decir lo menos, está el mundo. A los padecimientos y fallecimientos de la pandemia no solo se han sumado los de la brutal guerra de agresión emprendida por Rusia y las condiciones económicas y sociales críticas que se siguen agudizado en buena parte del planeta. A ello se suma lo que confirman denuncias e informes desde organizaciones internacionales y no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, índices que registran la erosión y pérdida de democracia y estudios sobre la difusión y profundización de prácticas autoritarias.
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No hay que ir muy lejos para encontrar evidencias de cómo las prácticas que cercenan libertades y centralizan el poder sin contrapesos pescan en este río revuelto, cada uno a su manera, todos sin disimulo.
En Cuba, en el tiempo transcurrido desde las protestas del 11 de julio del año pasado, se acentuó el sofoco a la disidencia y se extremaron medidas represivas para mantener el control a todo trance en la isla agobiada por la pobreza. El régimen cubano ha reprimido, apresado y sentenciando a condenas extremas (de 25 años a la mayoría, entre ellos menores de edad) a cientos de participantes en las protestas que se extendieron por toda la Isla. La opresión y el empobrecimiento han forzado la emigración a niveles que en pocos meses ha superado el éxodo de 1980. Se añade el impedimento al ingreso de opositores -artistas, intelectuales, políticos- y la modificación del Código Penal que amplía el espectro de delitos y endurece las penas a imponer. Esto viene acompañado de propaganda interior y exterior con la que el Gobierno descalifica a la disidencia y se exhibe triunfante: con campañas sobre su apoyo doméstico y sus planes de superación de las serias penurias que viven los cubanos.
“La tarea inmediata incluye defender, como faros, los esfuerzos también perseverantes por mantener viva la memoria y el cultivo de valores y prácticas democráticas, aún no tan lejanas”
Nicaragua sufre la abierta operación de arrase del Estado de Derecho, la democracia y, por supuesto, los derechos humanos. Es lo que viene en marcha acelerada desde la segunda reelección consecutiva de Daniel Ortega en 2017, se intensificó con su represión de las protestas de abril de 2018, mucho más a medida que se acercaba el momento del gran fraude electoral de noviembre del año pasado y sigue en marcha. El apresamiento, las torturas y el exilio de opositores, el cierre de medios de comunicación independientes, la inhabilitación de partidos, la ilegalización de organizaciones no gubernamentales y la toma de alcaldías gobernadas por opositores son parte de la “pesca” reciente del régimen Ortega-Murillo.
En este punto, al llegar al caso de Venezuela, no hace falta elaborar mucho el argumento sobre cómo estos regímenes aprenden y se enseñan unos a otros. Tras más de dos décadas de depredación material, institucional, de libertades y derechos, el tiempo de la pandemia fue aprovechado para consolidar medios de control político, con necesarios ajustes en su gestión económica y muy limitados y calculados gestos políticos. También ha servido, no menos importante, para recuperar margen de maniobra internacional, buscar reconocimiento o al menos lograr indiferencia, siempre con especial énfasis en la cruzada contra las sanciones. Pero no solo es eso.
La lista de estos pescadores antidemocráticos es muy larga, también diversa por sus orientaciones y capacidades. Tienen sin embargo en común su búsqueda de un modus vivendi internacional sin restricciones a sus modos de gobernar: que la seguridad se concentre en la de los gobiernos, que el imperio de la ley se refiera a la ley de quien impera en cada país y que el orden internacional y el multilateralismo se amolden, para comenzar, a esos dos preceptos. Para esto, que parece tan abstracto, hay pistas concretas y muy relevantes.
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Hace pocos días el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en la rueda de prensa que siguió a su encuentro con el canciller Carlos Faría, de reciente designación tras casi cinco años como embajador en Rusia -nombramiento expresamente celebrado por Lavrov- felicitaba los esfuerzos para promover el desarrollo social y económico para el avance en sectores clave. Siempre, claro, con referencia a las sanciones y en abierta campaña contra ellas. Sobre lo primero, ese se ha convertido en el mensaje recurrente desde Caracas y en la gira que -tras casi dos años en los que solo viajó a Cuba y a una cumbre regional en México– llevó a Maduro más lejos: a Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Catar y Azerbaiyán. Fue lo que en cada uno de sus destinos definió como paulatina recuperación social y económica, visto que el lema “Venezuela se arregló” ha tenido el efecto de llamar la atención sobre todo lo contrario: la depredación institucional, el empobrecimiento y la continuada Emergencia Humanitaria Compleja, y el foso económico sobre el cual se hacen las cuentas del crecimiento.
Esa insistencia es parte del desafiante empeño en convencer sobre la tendencia a las mejoras y la normalización del autoritarismo adentro y en incentivar vínculos políticos y económicos con regímenes internacionales de diversa afinidad. A la vez, es manifiesta voluntad de sumarse, cuéstele lo que le cueste al país, a la agenda de desafío al orden internacional, sus principios, reglas y alcances. A esto último se refirió explícitamente el canciller Lavrov cuando felicitó y propuso dar nuevo aliento al llamado Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas promovido por Venezuela y formalmente presentado en julio del año pasado. Solo 19 países hacen parte de este grupo que, además de Venezuela, incluye a China, Rusia, Angola, Argelia, Belarús, Bolivia, Camboya, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Nicaragua, Palestina, Siria, Laos, Corea del Norte, San Vicente y las Granadinas y Zimbabue. Pese a lo pequeño del grupo y lo poco extraordinario de este tipo de iniciativas, su tema y la presencia de China y Rusia lo hacen relevante.
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La sola lista de amigos recoge muy bien el perfil y sugiere la orientación de la supuesta defensa de la Carta de la ONU. Indica quiénes están dispuestos a trabajar desde dentro y fuera la ONU para redefinirla en los términos que expone la “Nota conceptual” que adjuntan. No parece importar a Rusia ni a quienes apoyan o callan ante su invasión armada de Ucrania que en sus primeros párrafos se lea que la Carta es “el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante, de carácter multilateral, que prohíbe de forma expresa y definitiva el recurso a la guerra como instrumento de política exterior, sino también el código de conducta que ha regido las relaciones internacionales entre los Estados durante los últimos 75 años, sobre la base del respeto al principio de la igualdad soberana, la libre determinación y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, así́ como a la integridad territorial e independencia política de toda nación”.
“En medio de las confusiones que se producen en un río tan revuelto y para no perder el rumbo, conviene conocer, proteger y apoyar el fortalecimiento de esos puntos externos de apoyo”
En el fondo, entre pocas críticas razonables y varias propuestas generales, lo que destaca es la defensa del principio de no intervención en términos que en realidad dejan en manos de quienes se adueñan del poder su administración del derecho de autodeterminación de los pueblos. Rusia y China, con diferentes recursos y propósitos finales, condenan el unilateralismo de otros y defienden el multilateralismo en las Naciones Unidas contando con su derecho a veto, su incidencia en los votos de la Asamblea General y en la revisión y definición de reglas desde dentro de la ONU.
Los cierto es que este texto recoge muchas palabras, expresiones y conceptos que ya hemos leído en declaraciones conjuntas de China y Rusia, especialmente desde 2013, la más reciente en febrero pasado. Pero también contiene trazos reconocibles de posiciones más elaboradas y de mayor alcance del régimen chino bajo Xi Jinping, expresamente presentadas en sus libros blancos sobre democracia (agosto 2021) y derechos humanos, (diciembre 2021), así como de sus iniciativas globales de seguridad (abril 2022) y desarrollo (renovada en junio 2022). Son textos refinados y adornados en su descripción de reorientaciones en profundidad, que redefinen conceptos conocidos: no hablan de democracia pluralista sino de la que “funciona” para el orden y la prosperidad, no se detienen en los Derechos Humanos individuales y las libertades fundamentales, sino en los derechos ambientales y al desarrollo.
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Finalmente, en tiempos difíciles para las democracias y los demócratas en el mundo, conviene recordar que tan necesario como un buen diagnóstico de las adversidades es la identificación de las fortalezas críticas a cultivar.
En el torbellino presente de las relaciones internacionales no se ha perdido la atención y el rechazo a las violaciones de derechos humanos, aunque haya objeciones autoritarias ante escrutinios, evaluaciones y condenas. En esto sigue siendo importante argumentar contra esos rechazos y las campañas de descalificación que los suelen acompañar, a la vez que favorecer los avances de las organizaciones no gubernamentales y los organismos y tribunales internacionales en materia de derechos humanos. En medio de las confusiones que se producen en un río tan revuelto y para no perder el rumbo, conviene conocer, proteger y apoyar el fortalecimiento de esos puntos externos de apoyo. Desde el bote propio, también se trata de valorar los puntos de referencia y apoyo que ofrece la perseverancia, admirablemente ilustrada en Venezuela, de iniciativas genuinamente no gubernamentales como las centradas en asistencia humanitaria, acceso a la justicia, información veraz y libertad de expresión, calidad de la educación, transparencia gubernamental o seguridad ciudadana. En el mismo sentido, la tarea inmediata incluye defender, como faros, los esfuerzos también perseverantes por mantener viva la memoria y el cultivo de valores y prácticas democráticas, aún no tan lejanas.