Hay dos mitos firmemente atornillados en la consciencia popular venezolana que, dados por ciertos, se utilizan como premisas para otros razonamientos. El primero es que Venezuela es un país de baja carga tributaria, es decir, que los venezolanos pagamos muy pocos impuestos en relación con el tamaño de la economía y el gobierno se sostiene sin echar mano de nuestros bolsillos, como hacen las administraciones de países desarrollados. El segundo mito es que los aumentos de precios, y el consecuente infierno de la inflación, son resultado de la conducta especulativa de los empresarios, los negociantes, los vendedores, y no el producto de distorsiones estructurales producidas por la política económica.
Estos lugares comunes, son falsos. No solo es Venezuela un país de alta carga tributaria que, sin embargo, no devenga de sus altos impuestos los beneficios que estos producen en otros países, sino que esta alta carga tributaria forma parte importante de la estructura de costos que, junto a erradas políticas económicas, distorsiona y eleva los precios de los productos venezolanos.
Los impuestos deben tener cuatro propósitos que financiar:
- Sostener la estructura de defensa de la nación mediante fuerzas armadas, así como la seguridad dentro de esta con policías;
- Sostener políticas sociales de salud y educación públicas, así como redistribución de ingresos entre aquellos de mayores y menores ingresos;
- Infraestructura de servicios como lo son acueductos, autopistas y calles o aeropuertos, entre otros, así como el mantenimiento de estos; y, finalmente,
- Sostener el entramado de otros servicios que el gobierno provee, desde mantener relaciones consulares hasta servicios de identidad u operar el sistema de justicia.
De estos propósitos, se comienza a ver lo que el ciudadano venezolano no recibe. El régimen, al haber visto mermar sus ingresos petroleros y descubrir que los impuestos son una tan extraordinaria fuente adicional de recursos, ahora utiliza las fiscalizaciones para exprimir los bolsillos de las personas y las compañías y no, como solía ser hasta hace poco, para castigar políticamente o exhibir su poder cerrando empresas cuando se exigían soportes en tinta azul en lugar de tinta negra.
Venezuela, ningún paraíso fiscal
Hay impuestos que son directos y otros que son indirectos. Los directos son aquellos en los cuales uno debe sacarse dinero del bolsillo y entregarlo a una cuenta del ejecutivo nacional, municipal o a un instituto de gobierno. Los indirectos son aquellos en los cuales el gobierno nacional, regional o municipal devenga ingresos por explotar activos que pertenecen a los ciudadanos. Los directos son principalmente cobrados por vía del Seniat o las alcaldías; los indirectos vienen por la explotación del petróleo, el hierro, la bauxita, el coltán, el oro o el espectro radioeléctrico que pertenece a los venezolanos. Dado que el petróleo tiene un peso tan relevante, no solo en Venezuela sino también en todos los Petroestados, haremos referencia a este, aun cuando el análisis es igual para los demás activos.
“De acuerdo con datos de la Encuesta Encovi y del Banco Mundial, Venezuela puede haber sido en 2021 el país con mayor desigualdad en todo el continente americano”
En el caso del petróleo, el gobierno se queda con la totalidad del ingreso por la factura de la venta de este, rebajando los costos operativos y los costos de nuevas inversiones. Es decir, se queda con los impuestos que la venta de petróleo genera, las regalías que por ley corresponden y los dividendos que resultan de las ganancias obtenidas. Barajando números gruesos, estimamos que el ingreso petrolero venezolano de este año 2022 puede ascender a unos 5.000 millones de dólares, con un volumen de exportación promedio de 450 mil barriles diarios, y rebajando las consideraciones propias del precio ajustado por sanciones y de costos elevados por las ineficiencias y la importación de diluyentes.
El que los activos de los venezolanos, aun cuando por ley pertenezcan al Estado, generen ingresos al gobierno y no a los ciudadanos es un tema pertinente de debatir. Existen distintas fórmulas puestas en práctica por diversos Petroestados para manejar los cuantiosos ingresos que el petróleo genera. Un ejemplo de redistribución es el “Alaska Permanent Fund”, un fondo de inversiones creado en el estado de Alaska, en Estados Unidos, para retribuir a cada uno de sus ciudadanos con un ingreso anual en efectivo derivado de la explotación de petróleo y minerales que yacen en el subsuelo estadal. Otro ejemplo es el “Fondo Soberano Noruego”, creado en 1967 para servir de vehículo de inversión que preserva la extraordinaria riqueza petrolera para futuras generaciones y permite al gobierno noruego afrontar períodos de crisis.
Los venezolanos no recibimos, en cabeza individual, ningún ingreso directo por la factura petrolera ni beneficios a través de un vehículo de inversión como el fondo noruego. Por ello, este monto completo, dado que entra al Tesoro Nacional, debería contribuir al sostenimiento del Estado, complementando y disminuyendo los tributos directos que se recaudan de los ciudadanos.
En el caso de los impuestos directos haremos referencia a los que consideramos los dos principales -el Seniat y las alcaldías-, aun cuando existen muchos otros. A modo de ejemplo, además de la tributación al Seniat y a las alcaldías, consideremos que una empresa química debe pagar impuestos derivados de las leyes de deportes, de ciencia y tecnología y antidrogas; impuestos por registros, notarías y timbres fiscales; pagos por Seguro Social Obligatorio; Fondo de Vivienda y Hábitat y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). También impuestos al Servicio Nacional de Normalización, Calidad y Metrología (Sencamer); al Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Controladas (Resquimc); al Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (Racda), y así una larga lista de elaborados permisos que causa el Estado a través de distintos entes. La mayoría de estos pagos se basan en propósitos teóricos que en gran medida no se cumplen, y que van agregando gastos a las compañías nacionales, formando parte del costo asociado al fabricar productos y prestar servicios en Venezuela. Otros sectores, como lo son licores, alimentos, fármacos, operadores turísticos o el financiero, y así otros, son pechados con más tributos diseñados específicamente para ellos. Nadie se escapa.
Regresando al Seniat: este recauda por Impuesto Sobre La Renta (ISLR), mediante anticipos quincenales y un pago al final del ejercicio fiscal. Los anticipos se dan aun cuando no exista certeza de que la empresa pagadora tendrá ganancias (esto es, renta) al final del año fiscal. Es decir, que las empresas pagan sobre ganancias que no saben si materializarán. El Seniat también recauda por Impuesto al Valor Agregado (IVA), con retenciones y anticipos quincenales; Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que abarcan casi todas las transacciones que hacen las empresas; Impuesto a los Activos Empresariales; y aranceles aduaneros.
La publicación de cifras es notoriamente opaca, por lo que apoyamos aquí nuestro análisis en estimaciones gruesas y cálculos basados en distintas fuentes. Estimamos que la suma de la recaudación del Seniat en el año 2021 fue de aproximadamente 2.300 millones de dólares, mientras que para el año 2022 será de aproximadamente 4.200 millones de dólares. Cifras todas pagadas en bolívares y convertidas de acuerdo con las distintas tasas del Banco Central de Venezuela (BCV) al momento.
“De forma agregada y en términos relativos, la economía venezolana paga a su gobierno central más impuestos que los suizos, los norteamericanos, los chilenos y los españoles”
Las alcaldías son el otro sujeto importante de recaudación directa. Estas cobran un porcentaje que puede ir desde el 1,5% al 5% sobre las ventas brutas de las empresas (lo que se denomina “patente”), pero también cobran por derecho de frente, recolección de basura y publicidad, entre otros conceptos.
Es muy difícil acceder a cifras de lo que recaudan las alcaldías, y menos aún a cuál es la suma nacional de esta recaudación. Sin embargo, tratando de estimar con base en las erogaciones de una compañía que consideramos “típica”, llegamos a una aproximación gruesa según la cual estos impuestos, a nivel nacional, podrían alcanzar la mitad de la recaudación del Seniat. Esta cifra supondría para el año 2022 un monto equivalente a 2.000 millones de dólares, igualmente recaudando en bolívares.
Cuando sumamos los tributos del Seniat y las alcaldías con los ingresos petroleros antes cuantificados y comparamos con otros países, se comienza a desmontar el mito de que Venezuela es una nación de baja tributación.
Agregando los ingresos del Seniat a los del petróleo llegamos a una cifra equivalente a 9.200 millones de dólares, estimados para el año 2022. Esta cifra equivale a más del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, calculado en 49.000 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este mismo año. En términos de carga impositiva ejercida por el gobierno central sobre la actividad económica, este porcentaje coloca a Venezuela por encima de países como Suiza (9,2%), Estados Unidos (9,9%), España (13,5%) y Chile (16,3%), todo de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Es decir, de forma agregada y en términos relativos, la economía venezolana paga a su gobierno central más impuestos que los suizos, los norteamericanos, los chilenos y los españoles. ¿Somos acaso un país de baja tributación?
Ahora bien, si a los ingresos centrales del Seniat sumamos no solo los petroleros, sino nuestra aproximación gruesa de lo recaudado por alcaldías (entendiendo que estas son parte del Estado), la recaudación fiscal total ascendería a 23% del PIB. Es decir, que estos tres principales tributos suponen casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto venezolano -uno de cada cuatro dólares que se producen en nuestra economía se paga al Estado, de acuerdo con esta estimación-. Y esto sin contar los muchos otros tributos sectoriales brevemente referidos, pero excluidos de nuestro cálculo.
El precio de los impuestos
Una persona no conocedora de este complejo tema tributario podría pensar que estos altísimos niveles de tributación no le afectan, pero estaría totalmente equivocada. Cada vez que un ciudadano adquiere un bien o un servicio está pagando, dentro del precio, toda la estructura de costos asociada a fabricar dicho bien o prestar ese servicio. Todo el conjunto de tributos arriba señalados, así como sus ineficiencias asociadas, son parte de esta estructura de costos.
Pensemos en un ciudadano que compra en un comercio un producto fabricado en Venezuela con algunos insumos importados. Este ciudadano paga el IVA al comercio, así como el IGTF. Paga también el costo de los insumos, así como los aranceles por la porción importada de ellos, con sus respectivos cobros por IGTF, más las «matracas» o «coimas» de los funcionarios en los puertos o carreteras. Además, paga el costo de financiar los anticipos sobre el ISLR que el Seniat cobra, y paga también la porción del Seguro Social, el Inces y la política habitacional de los trabajadores que participaron en la confección del producto. El consumidor también paga en el precio del producto por los registros que requieren tener al día las compañías, como de metrología, y paga su cuota-parte por las leyes de deporte, de ciencia y tecnología, y así.
“Agregando los ingresos del Seniat a los del petróleo llegamos a una cifra equivalente a 9.200 millones de dólares, estimado para el año 2022. Esta cifra equivale a más del 18% del PIB de Venezuela, calculado en 49.000 millones de dólares por el FMI para este mismo año”
El que el ciudadano pague estos impuestos a través de la compra de productos tiene sentido en la medida en que los impuestos se conviertan en servicios; es decir, en policías que resguarden y protejan, en lugar de extorsionar; en sistemas de salud y educación públicos de calidad; en un sistema de justicia funcional; en un seguro social con un sistema de pensiones que sostenga a los jubilados con ingresos de clase media; en asistencia real al financiamiento para la adquisición de viviendas; entre tantos otros posibles. Este, sin embargo, no es el caso.
Más allá del pago, el ciudadano debe cargar con el costo que significan las ineficiencias en el (des)manejo tributario del Estado. Así, por ejemplo, este ciudadano también paga por el costo de operarios que no pudieron asistir a sus trabajos porque el Metro, carente de financiamiento, no funcionaba unos días, o que no pudieron asistir porque fueron asaltados camino al trabajo, en ausencia de una fuerza policial capaz de mantener el orden público. El ciudadano paga por la cuota-parte de repuestos de camiones que se rompen antes de tiempo en los huecos de las carreteras venezolanas, y también paga el costo generado cuando los camiones son asaltados en las autopistas del país y la mercancía que transportan es robada. Este consumidor paga los cortes de luz que interrumpen las operaciones de las fábricas; paga por el agua sucia que las empresas de servicios básicos hacen fluir por las tuberías y que obstruye los intercambiadores de calor de las máquinas.
Todas las erogaciones de las empresas -erogaciones por insumos, por gente, por distribución, por mantenimiento, por impuestos y por extorsiones- forman parte del costo asociado a fabricar productos y prestar servicios en Venezuela, y el consumidor venezolano los paga cuando adquiere un bien o un servicio. Es en una medida por esta enorme torre de costos e ineficiencias que los productos venezolanos son menos competitivos.
¿Y la contraparte de la recaudación?
Ahora bien, cuando vemos lo alta que es la recaudación de impuestos respecto al tamaño de la economía, y nos comparamos internacionalmente, surgen otras reflexiones.
No solo es que otros países con niveles de recaudación tan altos como el nuestro tienen condiciones de vida muy superiores a las que tenemos los venezolanos, en términos de los servicios públicos que estos impuestos financian. Más allá de ello, los países con niveles de recaudación tan altos utilizan sus ingresos fiscales para compensar las desigualdades de ingresos entre los ciudadanos que ganan más y los que ganan menos. Usan lo que llamamos redistribución para abordar el problema de la desigualdad. Esto lo hacen mediante los distintos sistemas de seguridad social, así como con transferencias directas de dinero a los ciudadanos de bajos ingresos.
La desigualdad de ingresos entre los ciudadanos de un país se analiza a través del índice de Gini -un número que mide qué tan equitativa o inequitativamente se distribuyen-. Valores de Gini cercanos a cero indican que todos los ciudadanos en un país ganan ingresos más o menos equitativamente; valores altos (cercanos a uno) del índice de Gini indican que unos pocos ciudadanos tienen muchos ingresos, y la mayoría tiene pocas entradas.
“El que los activos de los venezolanos, aun cuando por ley pertenezcan al Estado, generen ingresos al gobierno y no a los ciudadanos es un tema pertinente de debatir”
Consideremos el ejemplo de un país como Francia. Entre 1980 y 2010, los franceses tenían un índice de Gini en torno a 0,5 -a medio camino entre iguales y desiguales. Usando las transferencias financiadas por la recaudación de impuestos, sin embargo, los franceses redistribuyeron ingresos hasta reducir el coeficiente de Gini a 0,3 en promedio – una disminución de aproximadamente 33% en la desigualdad de ingresos.
Así, países como Francia y Austria, con niveles de recaudación como porcentaje del PIB superiores al de Venezuela, alcanzan a reducir la desigualdad de ingresos entre sus ciudadanos en hasta un 35%, de acuerdo con Our World in Data. Países como Suiza y Estados Unidos, ambos con cargas impositivas cobradas por el gobierno central muy inferiores que las que estimamos para Venezuela (en términos relativos), usan los impuestos que recaudan para reducir la desigualdad de ingresos entre sus ciudadanos en 15% y 17%, respectivamente.
Venezuela, con su carga tributaria tan elevada, es a la vez un país de muy alta desigualdad de ingresos entre sus ciudadanos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) y del Banco Mundial, Venezuela puede haber sido en 2021 el país con mayor desigualdad en todo el continente americano. ¿Se usan en Venezuela las recaudaciones tributarias para reducir esta pronunciada brecha de desigualdad? Venezuela, cuyo nivel de recaudación tributaria relativa al PIB está por encima de Suiza, Estados Unidos, España y Chile, tiene un nivel de pobreza de 96%, según datos de la encuesta Encovi.
Surge, así, una pregunta obligada: ¿Qué hace el Estado en su conjunto, incluyendo alcaldías, con las importantísimas entradas impositivas que recibe? Porque…
–No hay obras públicas de consecuencia;
–No hay inversiones en producción de bienes por empresas de la nación;
–No hay sistema de salud que resguarde a la población; el sistema de educación público está totalmente desmantelado;
–No hay programas de redistribución de ingresos que alivien la enorme desigualdad.
Nuevamente, ¿qué hace el Estado con tanta plata que le saca del bolsillo a los ciudadanos?
La respuesta debe estar en los muy elevados niveles de corrupción que sufrimos los venezolanos, y que organizaciones como Transparencia Venezuela se esfuerzan en documentar. Es decir, los ciudadanos venezolanos somos más pobres porque tenemos un gobierno que nos sustrae ingresos sin darnos, a cambio de ello, retribuciones.
Nos podríamos extender en los costos adicionales que los venezolanos debemos afrontar por la ausencia de servicios que el Estado no provee. Ejemplos de ello son los vigilantes privados que se contratan en ausencia de policías, o las pólizas de seguros para hospitalización y cirugía que se contratan en ausencia de un seguro social que funcione. Dejamos, sin embargo, este tema a los lectores, que tendrán sus propios ejemplos.
Debemos revisar la conceptualización misma de cómo debe operar el Estado venezolano. Debemos pensar cómo reducir las ineficiencias que discutimos, y pasarnos por el ejemplo de otros Estados que, con políticas para hacer crecer sus economías, han disminuido las cargas tributarias individuales y, a la postre, han recaudado más en términos absolutos. De igual modo, necesitamos pensar en el rol del Estado como benefactor y propietario en nuestro capitalismo de Estado pues, hasta ahora, la concepción que hemos cultivado no ha logrado otra cosa que ser una fábrica de pobreza. Esto, una vez restituida la democracia institucional.