Pactar con EE. UU. o someterse al chavismo, el dilema de los «entregables»

Agotado física y mentalmente luego de denunciar torturas, intentos de extorsión y el uso de drogas durante sus interrogatorios al ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el juez le concedió una pausa en una de las salas de audiencia del Palacio de Justicia en Caracas. En ese breve respiro en medio del juicio en su contra, el una vez llamado “hombre fuerte” del chavismo, dijo algo que dejó sorprendidos a quienes le rodeaban.

El relato viene de una fuente del Poder Judicial que pidió la reserva de su identidad. Más que la declaración de un deseo, la frase expone una afirmación de intenciones con altas probabilidades de materializarse.

Reportes periodísticos internacionales y fuentes de La Gran Aldea coinciden en señalar que, tras el operativo militar de enero que removió a Nicolás Maduro del poder, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez accedieron a hacer una serie de “entregas” de personas con acusaciones diversas en Estados Unidos.

Como contraprestación la dupla de hermanos recibe una inmunidad que le garantiza no correr la misma suerte de sus predecesores. Los recientes traslados de Alex Saab y Álvaro Pulido a Miami y la remoción de la lista de sancionados de Washington de Jorge Rodríguez, en una suerte de quidpro quo, confirman aún más la veracidad de los informes.

El Aissami permanece detenido en Venezuela desde abril de 2024 por su participación en el llamado caso Pdvsa-Cripto, una causa en la que las autoridades venezolanas lo acusan de liderar un esquema corrupto por el que la estatal petrolera perdió miles de millones de dólares. Los detenidos han denunciado torturas, malos tratos e irregularidades en el proceso. Antes de esta detención, El Aissami ya estaba acusado por distintas instituciones de Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y evasión de sanciones internacionales.

Paradójicamente, ante esta encrucijada judicial, el exministro -que llegó a referirse a los señalamientos de Estados Unidos como un “ataque imperialista”, hoy prefiere someterse a la justicia de ese país.

Hace un mes los abogados de El Aissami denunciaron su desaparición, mientras que fuentes judiciales indican que fue traslado, nuevamente, hasta el Fuerte Tiuna en donde permanece recluido. El 13 de octubre pasado la cuestionada justicia venezolana lo imputó por tres nuevos delitos: apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.

Estas nuevas acusaciones, relacionadas con presuntas irregularidades en la Corporación Venezolana de Guayana, parecen destinadas a reforzar las ansias del exfuncionario por colaborar con las autoridades estadounidenses. Medios internacionales coinciden en que los dos exjerarcas del chavismo con más probabilidades de ser los próximos trasladados a Estados Unidos son El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

Según pudo conocer La Gran Aldea, el exmagistrado también estaría entre los interesados en explorar una posible colaboración con la administración Trump. Aunque la fuente aclara que desconoce si ha habido algún contacto.

“El mensaje que ha mandado Estados Unidos, a los que están en esas condiciones, es muy claro: ‘acérquense acá y lleguemos a acuerdos, porque no tienen salida”, dijo uno de los consultados.

Moreno fue acusado por un jurado federal de Miami de cargos relacionados con lavado de dinero. No sería la primera vez que surgen versiones sobre la disposición del ex magistrado a colaborar con los “enemigos” de la llamada “revolución bolivariana”. El dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, aseguró que este se había mostrado de acuerdo con el intento de levantamiento militar que encabezó el propio López en el 30 de abril de 2019 y que fracasó en horas.

Los reacios

El medio español ABC fue el que inicialmente reveló la “lista de interés” que la administración Trump entregó a los hermanos Rodríguez. En esta aparecen siete nombres: Alex Saab, Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Tareck El Aissami, Samark López y Pedro Luis Martín Olivares. A estos se suman los de Diosdado Cabello y el exministro de Defensa, Vladimir Padrino, a quienes dejaron fuera de las solicitudes porque Washington quiere “evitar que (Delcy) Rodríguez se enfrente de golpe a una crisis interna”.

El diario aclaró que esto no significa que todos sean inmediatamente entregados a la justicia estadounidense. Explica que hay una primera fase para facilitar interrogatorios, registros administrativos y documentación sensible. Una segunda para permitir que equipos estadounidenses participen o supervisen parte del trabajo de investigación y una tercera, que contempla fórmulas de entrega, como las de Saab y Pulido, “con el cuidado extremo de evitar la palabra extradición”.

El caso de Samark López está atado al de El Aissami, pues tanto el gobierno venezolano como el estadounidense lo procesaron por considerarlo su testaferro. López controló un emporio económico en Venezuela cuyos tentáculos incluso llegaron hasta Bancamiga, una de las entidades financieras de mayor expansión en Venezuela. El excontratista también quedó detenido por el caso Pdvsa-Cripto y denunció maltratos y violaciones al debido proceso. A pesar de esto, López no está entre los convencidos de que lo mejor es entregarse a la justicia estadounidense.

¿Y Gorrín?

Situación similar es la del abogado Raúl Gorrín, dueño de la televisora Globovisión, de línea editorial cercana al chavismo. Gorrín enfrenta una acusación en Estados Unidos por delitos relacionados con el lavado de dinero proveniente de Pdvsa, luego de que funcionarios venezolanos lo favorecieran en operaciones de cambio de moneda. Hoy no existe confirmación de su paradero. Versiones

extraoficiales indicaron que fue detenido, a la par que Alex Saab, a petición de Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia del contratista colombiano, a Gorrín se le habría permitido regresar luego a su domicilio en dónde residiría bajo una estricta vigilancia.Una fuente añadió que, a pesar de que ha habido aproximaciones para una eventual colaboración con Estados Unidos, el abogado sigue reacio a esta opción.

Cuestionamientos jurídicos

Uno de los grandes inconvenientes de la cooperación entre el gobierno de Venezuela y el régimen venezolano es que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales, como lo son López y Gorrín. Esto explica el sigilo que caracteriza los procesos. Se intenta disminuir los costos políticos que puede acarrear la violación de este principio constitucional, así como la posibilidad de una rebelión dentro del chavismo que pueda desestabilizar el proceso.

En el caso de Saab el chavismo habló de una “deportación” y se le acusó de falsificar su cédula de identidad venezolana, esto a pesar de que fue el mismo régimen el que por años sostuvo que era un diplomático de Venezuela. Sobre Pulido todavía no hay una explicación oficial de cómo llegó a Miami. El caso más opaco, sin embargo, es el de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, venezolano de nacimiento, a quien acusan de ser miembro del Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses señalan que lo atraparon en “aguas internacionales”, una versión que causó suspicacia entre fuentes consultadas. Lo que sí queda claro es que esta fórmula podría usarse para justificar los traslado de los solicitados que tengan la nacionalidad venezolana.

“No hay que buscarle cuatro patas al gato, ni buscar formas jurídicas. Es esencialmente una entrega. Necesito a esta persona y la requiero porque está siendo procesada y se acabó”, indicó un jurista que también prefirió permanecer en el anonimato.

Estas trabas legales podrían explicar que todavía no mencionen otros nombres de la lista entre los próximos que trasladarán a Estados Unidos. Este es el caso de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro apodado “Nicolasito”, o el de Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro, sancionado por el Tesoro estadounidense bajo acusaciones de recibir sobornos de Alex Saab relacionados con los contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La inmunidad prometida

Otra dificultad que aumenta con el mismo desarrollo de los juicios es como procesar a estas personas librando, al mismo tiempo, de responsabilidad a los que se le ha prometido “inmunidad”.

Por ejemplo, en el caso de los nuevos cargos de tortura que el Departamento de Justicia formuló contra Maduro, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez tenía bajo su mando al Sebin, uno de los cuerpos de inteligencia acusado de graves violaciones a Derechos Humanos.

Gorrín, por su parte, fue identificado como “co-conspirador” en la causa Money Flight, un esquema para lavar dinero con fondos de Pdvsa. Otro de los “co-conspiradores” fue Alejandro Betancourt, quien ahora es protegido por Washington, hasta el punto de ser escogido para firmar un contrato con el Pentágono para la explotación de decenas de miles de millones de barriles de petróleo de las reservas de crudo venezolano.

En estos casos, y bajo fórmulas jurídicas cuestionables, la justicia estadounidense parece quitarse la venda que cubre sus ojos para cumplir su parte del trato con el Rodrigato.