Internacionalmente, la victoria de Luiz Inácio “Lula” da Silva, ha sido interpretada como un momento decisivo en las políticas globales del cambio climático y la protección de la selva amazónica. Con el buen ojo de las celebridades de Hollywood y de la administración Biden, los observadores progresistas de Occidente han percibido a los líderes de la nueva marea rosa -junto a las promesas de Gustavo Petro de terminar el extractivismo- como héroes ambientales. El gobierno venezolano -ya un dinosaurio incomodo entre las izquierdas de la región- parece no haber desaprovechado la oportunidad.
Apenas tres meses después del inicio de la presidencia de Petro y una semana después de la victoria electoral de Lula, Nicolás Maduro asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático2022 (COP27) en Sharm el-Sheikh, Egipto; siendo Petro y él, los dos únicos mandatarios latinoamericanos en asistir a la Conferencia. Para Maduro, el evento fue una suerte de anillo al dedo diplomático: conversando con el primer ministro portugués António Costa y el presidente francés Emmanuel Macron (quien lo llamó “presidente”, aunque oficialmente no lo reconozca como tal). Además, interactuó con el enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry (un vocero del Departamento de Estado de EE.UU. que dijo que fue un encuentro no planeado).
Sobre todo, Maduro utilizó la Conferencia para promover una suerte de posición regional -aprovechando el entusiasmo verde de medios y mandatorios occidentales ante la nueva marea rosa- sin desligarse de la posición tercermundista: denunció una “desigualdad abismal” con “el llamado primer mundo” y propuso crear “sin demoras” un “fondo de financiamiento de pérdidas y daños” que ofrezca “auxilio financiero” e indemnización a los pueblos más afectados del mundo.
“PDVSA está entre las 10 empresas petroleras más contaminantes del mundo: una situación agravada por la quema y venteo de gas natural, que podría explotarse y comercializarse, en la Faja Petrolera del Orinoco y el estado Zulia”
La propuesta de una posición regional nació en una conversación con Petro y Chan Santokhi, presidente de Surinam. Allí, propuso “reactivar” el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978 por ocho países de la región y que daría paso a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en 1995, para “detener la destrucción del Amazonas e iniciar la recuperación coordinada, consciente y activa” de la selva amazónica. Este proceso, dijo Maduro, sería llevado a cabo junto a Lula: como si Maduro buscase insertarse en una suerte de trinidad ambiental junto a los dos líderes regionales (Petro y Lula) que han captivado la atención de los liberales de izquierda y progresistas occidentales.
De hecho, Petro propuso incluir a los Estados Unidos en la iniciativa de recuperación del Amazonas y crear un fondo con presupuestos de los países involucrados, pero también de otros países, el Fondo Monetario Internacional y el sector privado: incluso propuso incluir naciones africanas y asiáticas, donde se encuentran las otras selvas tropicales del mundo. Petro espera fijar una reunión para esta iniciativa a principios de 2023. Pero, a pesar de los bombos y platillos verdes, la realidad venezolana quiebra las propuestas y afirmaciones de Maduro.
Devastación minera
En la conferencia, Maduro recalcó que Brasil vivió una “devastación” amazónica en los últimos cuatro años bajo la presidencia de Jair Bolsonaro. Venezuela, de hecho, tiene una tasa de deforestación relativamente baja en comparación al promedio de la región: entre 2000 y 2001, años que coinciden con los gobiernos chavistas, Venezuela perdió 4,1% de los bosques que tenía en el 2000 según un informe del grupo de derechos humanos ambientales Clima21 -por debajo del promedio regional de 9,9%-. Sin embargo -y aquí entran los años de Bolsonaro, que tanto capturaron la atención del mundo occidental- Venezuela muestra la velocidad de aumento de deforestación más alta de la región desde el 2016: 170% anual.
Aquel año, tras el colapso de los precios del petróleo y el inicio de la crisis venezolana, Maduro anunció la creación del Arco Minero del Orinoco: un área, en el estado Bolívar, en forma de creciente, casi tres veces el tamaño de Suiza. Allí -en uno de los estados más biodiversos del país y con vastas extensiones de la selva amazónica- se permitió la extracción de oro, hierro, cobalto, bauxita, diamante, coltán y otros minerales. La minería informal no solo se extendería hacia áreas externas al Arco Minero -incluso en los recintos del Parque Nacional Canaima, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, donde la organización SOS Orinoco ha registrado 59 minas dentro del Parque- y al estado Amazonas, sino que el área se convertiría en un panorama de violencia donde proliferan bandas, grupos irregulares, fuerzas de seguridad del Estado, garimpeiros brasileños y guerrillas colombianas.
De hecho, según un estudio de SOS Orinoco, más de un tercio de los indígenas muestreados en la Gran Sabana tenía niveles de mercurio en su cuerpo superiores a los que la OMS considera seguros: lo que puede generar que las madres den a luz a niños con daños cerebrales.
“Entre 2000 y 2001, años que coinciden con los gobiernos chavistas, Venezuela perdió 4,1% de los bosques que tenía en el 2000 según un informe del grupo de derechos humanos ambientales Clima21 -por debajo del promedio regional de 9,9%-“
El Arco Minero no es una traba en el funcionamiento del sistema chavista. Es, más bien, un instrumento crucial para su supervivencia y hegemonía: sobre todo por la participación del estamento militar en el proyecto extractivista. En 2016 se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas (Caminpeg), y posteriormente se declaró una “Zona Económica Militar” presuntamente para proteger el área. “El objetivo estratégico es consolidar al área militar, a través de nueve empresas que maneja el viceministerio que regento (…) donde desde ya estamos trabajando entre el Motor Militar y el Motor Minero para coadyuvar al desarrollo del país y a la defensa integral de la nación”, dijo Gloria Mercedes Castillo, la viceministra de del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico.
Incluso, en 2021, uno de los puntos cruciales de la “Nueva Amazonas” propuesta en la campaña por la reelección del gobernador chavista de Amazonas -Miguel Rodríguez- proponía “promover el gran debate sobre la actividad minera en Amazonas” aunque la minería en dicho estado esté prohibida desde 1989. Esto, por supuesto, no ha evitado que el extractivismo desatado por el Arco Minero haya penetrado en las selvas del estado. Las propuestas de Venezuela, por ende, parecen meros juegos comunicacionales: a la par del enfoque casi exclusivo que el mundo desarrollado le ha dado a la deforestación bajo Bolsonaro en Brasil. “Este foco de atención, centrado en Brasil, Colombia y Bolivia, trata la destrucción acelerada de la Amazonía como una ocurrencia tardía”, escribeCristina Vollmer Burelli, directora de SOS Orinoco, en Americas Quarterly, “pero Venezuela tiene la tasa de deforestación más rápida en el Neotrópico”.
Venezuela también calienta el planeta
En la COP27, Maduro aseguró que Venezuela solo emite 0,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y que “paga” por la “irresponsabilidad” de otras naciones. Sin embargo, en 2016, la jefa de Delegación de la Unión Europa en Venezuela, Aude Maio-Coliche, dijo que Venezuela emitía 0,86% de las emisiones globales por su explotación de crudos pesados y extrapesados: situación que ha empeorado en los últimos años. De hecho, Maio-Coliche explicó que -desde 1970, año que iniciaron los registros de emisiones de dióxido de carbono- 2012 fue el año que Venezuela emitió la mayor cantidad de toneladas de dióxido de carbono.
De hecho, PDVSA está entre las 10 empresas petroleras más contaminantes del mundo: una situación agravada por la quema y venteo de gas natural, que podría explotarse y comercializarse, en la Faja Petrolera del Orinoco y el estado Zulia. Según cifras preliminares de 2021 hasta octubre, reportó Tal Cual, solamente el norte de Monagas llegó a quemar un promedio de gas natural que equivale casi a la producción anual de Colombia.
Aunque Petro habló en la Conferencia de los “sinsabores” de las industrias de hidrocarburos en la región, Maduro no mencionó el tema -tan crucial para atacar el cambio climático y su desarrollo: Venezuela ha sido históricamente un petroestado y no ha mostrado intenciones reales de dejar el modelo, mucho menos de crear planes para transicionar a una economía pos-petrolera. Además, el colapso de la industria petrolera venezolana ha empeorado la situación: según Clima21, Venezuela está sufriendo 7 derrames petroleras en promedio al mes -un número mayor al que calculó el Observatorio Venezolano de Políticas Ambientales en 2021.
Petro, además, basó su campaña electoral en superar el modelo extractivista y catalogó seguir dependiendo del petróleo como una “política de la muerte”. Sin embargo, su embajador ha propuesto importar gas natural de Venezuela y Petro acordó con Maduro crear mesas de trabajo para establecer “esquemas de complementariedad” en cuanto a “energía y minas” en su encuentro en Caracas: donde la selva amazónica fue mencionada entre los puntos a tratar, pero no apareció en la declaración conjunta final.
El naufragio de los científicos
Finalmente, Maduro propuso intercambiar información y personal con otros países como también la creación de instituciones de investigación, para ampliar conocimientos. Además, propuso crear “un sistema regular de intercambio adecuado de investigaciones” con países amazónicos que produzca informes anuales.
Sin embargo, un proyecto de tal envergadura se ve afectado por la destrucción institucional en Venezuela, y dependería, precisamente, de una reinstitucionalización. En Venezuela, las purgas políticas han afectado el funcionamiento del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC): allí, las gestiones de Ángel Viloria y su predecesor estuvieron marcadas por el despido o retiro temprano de investigadores opositores y por criticas frontales a la “meritocracia” (similar a lo sucedido en PDVSA) que llevaron incluso a cambios en el sistema de elección interna del IVIC. Además, el desvanecimiento de los presupuestos de las universidades públicas, la falta de gasolina, la violencia en regiones rurales y la migración masiva de personal competente ha puesto en peligro la supervivencia de proyectos como el monitoreo sistemático de 50 bosques permanentes que lleva la Universidad de Los Andes junto con otras instituciones.
Así, ¿es posible un sistema de intercambio de información anual sobre la Amazonía venezolana?