Jennifer Osuna, “su discreción vale tanto como un secreto de Estado”

“Jenni” sabe que a Hugo Chávez le gustaba el guayoyo bien caliente con poca azúcar y en taza pequeña de peltre, pero el jugo de parchita le gustaba bien frío como el refresco de naranja y en vaso alto sin hielo. También sabe que a Nicolás Maduro le gusta tanto el jugo de guanábana que lo toma todos los días y que de Cilia Flores no sabe nada.

Porque Jennifer Carolina Osuna fue una de las azafatas del despacho de la Presidencia de Venezuela. Trabajó en el horario nocturno, de 9:00pm a 7:00am, en el Palacio de Miraflores y en la jornada que le tocara durante los servicios especiales para eventos presidenciales. Así fue como sirvió a ministros, viceministros, militares de alto rango, directores del despacho presidencial y hasta a Pepe Mujica cuando, en la Cumbre de la CELAC de 2011, se quedó dormido durante una reunión y ella no sabía si despertarlo o dejar que siguiera  descansando.

La azafata Jenni destacó siempre en sus diez años y siete meses de labores. Se esmeró como le enseñaron en la carrera de turismo de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA). Cuando comenzó, con 23 años, lo hizo con el entusiasmo más chavista, aunque pronto se dio cuenta que atender al Presidente era también atender, como dice ella misma, a “mucha gente buena y mala” casi las 24 horas sin salir del Palacio. Y no le importó: Chávez la llamaba “hija” y ella sabía que su trabajo era tan importante como coordinar agendas y organizar carpetas.

Pero la lección más importante que sabe Jennifer es que su discreción vale tanto como un secreto de Estado, aun cuando ya no trabaje en Miraflores.

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El explosivo Composition 4, conocido como C4, es uno de los que sabe con mayor potencia y es tal su nivel de desarrollo que no estalla ni con golpes, ni cortes, ni disparos, solo con un detonador remoto. Por eso se usa en ataques terroristas y operaciones bélicas. En 2001, por ejemplo, Richard Reid, el “Shoe Bomber”, llevaba C4 en el zapato para explotar un avión de American Airlines durante un vuelo desde París hacia Miami. En 2016, el robot-bomba con el que la policía estadounidense logró neutralizar a Micah Jhonson, “El francotirador de Dallas”, estaba cargado con C4. Dicen que los drones que explotaron en la Avenida Bolívar de Caracas, en agosto de 2018, también llevaban C4 y que, en 2020, los metieron en el Palacio Presidencial.

Dani Castillo, camarero y compañero de labores de Jennifer, dijo en un video de supuesta confesión: “Me encontraba haciendo una transacción por un explosivo que me entregó mi compañera de trabajo Jennifer Osuna, que eran de su esposo, el capitán Alfredo Peña”. Los explosivos que mencionó Dani parece que, en vez de C4, eran unas esquirlas que Alfredo recogió cuando trabajaba en las Fuerzas Especiales del Ejército y las guardó en su casa, hasta que Dani las fue a buscar para venderlas a sus familiares mineros.

–Creo que las esquirlas -explica Jennifer- son residuos de algún material explosivo. Eso dizque lo usan para implosionar y realizar extracción de minerales. No te sé decir, porque nunca he visto eso.

El 19 de diciembre de 2020, Dani llevaba esas esquirlas en un morral para que se las revisaran en Miraflores y le dijeran si todavía servían. Pero unos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) pararon a Dani antes de llegar al Palacio, le revisaron el morral, le pidieron dólares para no decir que llevaba “armamento de guerra” y, como no tenía dinero, lo detuvieron y lo entregaron en Palacio a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Alrededor de las 5:00pm de ese mismo día, Jennifer estaba de guardia y también se la llevaron a la DGCIM de Palacio. Le pusieron una bolsa negra en la cabeza y la esposaron con las manos hacia atrás.

–Me preguntaron por Alfredo, si yo le di el material a Dani y qué iba a hacer con eso, que si eso me lo había dado algún colectivo del [sector] 23 de Enero… Yo dije que no sabía nada, porque yo no tuve nada de eso en las manos; cuenta Jennifer.

Allí, en Miraflores, donde hace unas semanas le dijeron a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en Venezuela se garantizan los Derechos Humanos, al menos seis funcionarios le pegaron a Jennifer mientras le halaban el cabello hasta arrancárselo. Todo esto delante del capitán del ejército Germán Antonio Sánchez, alias Santiago, denunciado como torturador, como sembrador de falsos positivos que incriminan a militares y civiles, y como repartidor de dinero y bienes de allanamientos ilegales.

–Tenía la cabeza rota. Por la herida en el cuero cabelludo, sangraba y me mareaba… Me dijeron que yo estaba en un atentado contra el Presidente y que tenía que decir, que “confesar”, que estábamos comercializando eso.

Pero Jennifer no lo hizo, porque eso no es verdad ni porque lo repitan muchas veces.

La subieron a una Vans y la llevaron a una “casa de seguridad” en El Hatillo, de esas que, de acuerdo con la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, fueron creadas para la protección de funcionarios en caso de amenazas o golpe de Estado, pero que acabaron siendo centros clandestinos de encarcelamientos y torturas. Allí, todavía esposada y pese a no poder sostenerse por sí misma, a Jennifer la obligaron a estar de pie alrededor de cuatro horas.

Más tarde, la llevaron a la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) en la sede de la DGCIM en Boleíta, el centro de torturas a donde llevan a quienes están en contra de Maduro o a los que agarran para que digan que están en contra de Maduro. Le cambiaron la bolsa negra por una mojada para asfixiarla mientras le daban patadas que ya la dejaban sin aire. Le dieron hasta con libros en la cara, de frente y de lado, con burla, saña y ñapa:

–Los funcionarios, hombres, me manosearon la vulva y los senos… Me maldecían y decían: “Perra, ahora sí vas a saber lo que es bueno”… Me dijeron que tenían a mi hija en pedacitos en un bolso. En ese momento ella tenía tres añitos. Me amenazaron con que le harían daño a mis papás, a mi hermana, a la mamá de Alfredo, que es la abuela de mi hija.

Entonces, le cambiaron la bolsa mojada por una carpeta manila y tirro, y la llevaron a “La pecera”; el área de visitas de familiares y abogados, y más torturas. La dejaron allí cuatro o seis días con la menstruación, los rastros de sangre de otros y la suya que le seguía corriendo desde la cabeza.

Así, manchada de todas las sangres como una muestra de torturas, el 21 de diciembre de 2020, Jennifer fue a la audiencia de presentación. Le imputaron los delitos de tráfico ilícito de municiones, asociación para delinquir y terrorismo. Al salir, la llevaron a un galpón para aplicarle descargas eléctricas en todo su cuerpo.

Siguiendo la cifra de la ONG Foro Penal, Jennifer Carolina Osuna es una de las 65 mujeres que en 2020 fueron detenidas de manera arbitraria en Venezuela, y de las cuales 26 acabaron siendo presas políticas. Para el cierre de ese año, el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, advirtió que la represión se duplicó: “Tenemos casi el doble de las mujeres que estaban presas a principios de 2020 y es una situación reveladora”.

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En abril de 2021, trasladaron a Jennifer al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Pese a estar enferma por COVID-19, la dejaron 27 días en un área de la Enfermería junto con una detenida que tenía tuberculosis. Dormían en el piso y no recibió más alimentación que la del centro de reclusión: frijoles o arroz para el desayuno, el almuerzo y la cena. Sus familiares le llevaron agua, comida y artículos de higiene personal, pero nunca recibió nada de esto.

Ahora está recluida en el área de Admisión, con sangrado vaginal diario y dolores en los ovarios desde hace más de un año, y sin chequeo médico que determine la causa. Poco  habla de todo esto y mucho menos del que fue su trabajo:

–Eso es muy delicado. Ni con mi familia hablo de eso. Lo gracioso sí lo he contado: una vez al general Jorge García Carneiro le prepararon un sánduche club house tan mal presentado que dijo: “¡Esto es un rancho house!”.

Durante el juicio, a la azafata de Miraflores se le desestimó el delito de terrorismo y el 20 de julio de 2022 fue sentenciada a 16 años y 9 meses por tráfico ilícito de explosivos y agavillamiento.

–No sé cómo tengo esa condena… Los técnicos explosivistas del SEBIN que supuestamente hicieron las experticias fueron a atestiguar en el juicio con un informe en un papel y nada más. Nunca hubo evidencia física, porque el SEBIN dijo que no tenía donde tener ese material y tuvo que destruirlo. Así que material físico no existe.