Para el subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, es muy preocupante la nueva ola de represión y detenciones políticas que ha desatado la administración de Nicolás Maduro y exhorta a la comunidad internacional a trabajar para frenar estas decisiones y lograr que las presidenciales de este año cuenten con las condiciones mínimas necesarias.
Asegura que la Corte Penal Internacional (CPI) ha dejado muy claro que “los abusos del régimen de Maduro no van a ser tolerados”; pero descarta cualquier posibilidad de que las instituciones internas en Venezuela puedan hacer justicia mientras el chavismo siga en el poder: “las posibilidades de que se investigue al régimen en esos tribunales son prácticamente nulas, el poder judicial es un brazo más de Maduro”.
Pappier pide tener confianza en la CPI y explica que, aunque son organismos complejos y burocráticos, representan la única garantía de justicia que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos. “Cuando el fiscal avance, veremos eventuales órdenes de captura contra funcionarios del régimen venezolano”, alega. Asimismo, sostuvo que es muy importante que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU) regrese al país, pero solo si mantiene la independencia en el trabajo que realiza.
– ¿Cómo ve usted la reciente decisión de la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional que ordena continuar las investigaciones en Venezuela?
-Fue una decisión trascendental para el pueblo venezolano y para las víctimas que han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo que ha hecho la cámara de apelaciones de la CPI es dar luz verde a la investigación del fiscal, por posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto, eventualmente, puede conducir a órdenes de captura contra funcionarios de Maduro que el fiscal considere responsables de perpetrar delitos como encarcelamientos abusivos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y atropellos graves. La resolución representa una luz de esperanza y envía un mensaje de que va a haber justicia.
–¿Cómo se puede evitar que Maduro y su equipo legal sigan aplicando estrategias para dilatar el proceso y que no avance?
-Creo que con esta última decisión se da una luz verde prácticamente definitiva para la investigación del fiscal. Ahora lo que corresponde es que él avance de forma decidida y, en su momento, solicite órdenes de captura contra los funcionarios responsables de los crímenes de lesa humanidad que el régimen de Maduro ha cometido en Venezuela.
–En pasos concretos ¿cómo sería ese avance?
-Lo que sigue es que la oficina del fiscal recopile la información aportada por las víctimas, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y, también, la suministrada por el propio Estado venezolano y, sobre esa base, determinar responsabilidades individuales, no estatales, individuales contra los perpetradores de estos gravísimos delitos. Una vez que el fiscal considere que tiene evidencia suficiente puede solicitar que se dicten las órdenes de captura que ya mencionamos. Así ocurrió en Rusia, donde el fiscal de la CPI dictó una orden contra Vladimir Putin por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo mismo podría ocurrir en Venezuela.
–¿Los denunciantes, las víctimas y los venezolanos en general pueden tener confianza en el sistema penal internacional?
-Ha quedado demostrado que el sistema penal internacional es la única vía creíble para que haya justicia por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, es un sistema complejo, con distintos componentes; los más importantes son la CPI, donde está avanzando el proceso, y el otro es la Misión de Determinación de Hechos, que ha producido informes muy sólidos y ha concluido que hay evidencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos son los mecanismos creíbles que podrían garantizar justicia por los abusos ocurridos, porque pensar en alguna vía a lo interno no tiene sentido. Mientras esté Maduro en el poder, no habrá acceso a la justicia.
–¿Por qué dentro de la legislación interna venezolana no se han incorporado los crímenes de lesa humanidad?
-Los estados que son parte del Estatuto de Roma, tienen la obligación de ajustar sus códigos penales a la legislación internacional; estableciendo el crimen de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra en sus códigos penales. Pero hay muchos estados en el mundo que están atrasados en esta tarea; y eso incluye dictaduras como la venezolana, pero también países democráticos que no han avanzado en cumplir con esta normativa. Sin embargo, pienso que eso no es el obstáculo principal para la ausencia de justicia en Venezuela; porque para mí el problema verdadero es que el poder judicial es un brazo más del régimen de Maduro.
–¿Considera que en Venezuela hay una política de Estado para garantizar impunidad alrededor de los crímenes de lesa humanidad?
-Así es, hay una política de Estado para garantizar la impunidad a la represión política que ejercen; esto no solo lo refleja las investigaciones de HRW, también lo dice los informes que ha producido la Misión de Determinación de Hechos: el Poder Judicial en Venezuela responde al régimen de Maduro y ha sido cómplice de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
–¿Qué valoración hace de la expulsión de Venezuela de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por parte del régimen de Maduro?
-Es un retroceso grave. Esa oficina, con sus limitaciones, cumplía un rol muy importante de apoyo a las víctimas, de respaldo a los testigos de violaciones de derechos humanos, de documentación y de monitoreo dentro de Venezuela. Creo que suspender la expulsión de dicha instancia no tiene ninguna justificación. Espero que en las conversaciones recientes entre el régimen y el alto comisionado de Naciones Unidas, logren llegar a acuerdos para que esta instancia pueda volver al país a seguir desempeñando el rol de siempre.
–¿Qué información maneja sobre el caso de la directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel?
-Estamos muy preocupados, porque es un caso que sigue los mismos patrones de las detenciones arbitrarias sistemáticas que hemos visto anteriormente en Venezuela. La detienen junto a su familia y la mantienen aislada e incomunicada. Las acusaciones contra ella están basadas en delitos políticos y hechos vagos que no parecen tener ningún sustento fáctico. Es un caso que nos preocupa mucho y creo que una de las prioridades de la comunidad internacional hoy en día debe ser exigir la liberación inmediata de Rocío San Miguel, que ha sido una referente para los derechos humanos y los temas de seguridad en Venezuela; pero también para la búsqueda de una solución negociada que permita un tránsito hacia la democracia en el país.
–¿La detención de Rocío San Miguel debería entenderse como un adelanto de lo que veremos en las semanas previas a la elección presidencial?
-Es probable, porque estamos viendo a un régimen que incumplió los compromisos que asumió en Barbados, por eso nos preocupa enormemente la nueva ola de represión y detenciones políticas que estamos viendo en Venezuela. El encarcelamiento de Rocío San Miguel, la suspensión del trabajo de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas y las recientes detenciones a miembros de la oposición, son hechos muy alarmantes. Pienso que es un gobierno no democrático que tiene miedo de perder las elecciones. Por eso es muy importante que la comunidad internacional siga trabajando para garantizar las elecciones con unas condiciones mínimas que permitan iniciar una transición democrática en el país.
–¿Qué cree que debe hacer la comunidad internacional en este momento con Venezuela?
-El2024 es una oportunidad crucial, pero cada vez se está cerrando más y la comunidad internacional tiene que trabajar de forma mancomunada para que esa ventana no termine de clausurarse. En Venezuela debemos poder lograr una elección con garantías mínimas. Si tiramos la toalla, vamos a tener, al menos, seis años más de crisis humanitaria, de represión sistemática y de exilios; y eso es algo que ni los venezolanos ni el resto de América Latina puede soportar.
–¿Ve similitudes el proceso electoral que se está encaminando en Venezuela y lo ocurrido en Nicaragua?
-Lo que ha pasado en Nicaragua es más brutal, porque ahí hubo una detención sistemática de cada uno de los opositores independientes que se postularon o señalaron que se iban a postular a las
elecciones; por ahora, no hemos visto algo así en Venezuela. Pero, por supuesto, la represión es alta y creo que corremos el riesgo de ir a una elección parecida a la de Nicaragua, lo cual sería gravísimo.
–¿Como a María Corina Machado en este contexto?
-La inhabilitación de María Corina Machado es violatoria de las obligaciones internacionales de Venezuela, creo que la comunidad internacional tiene que seguir presionando para que ella pueda participar en las elecciones. No puede aceptarse un escenario en el cual es el régimen quién decide cuál es el candidato contra el que va a competir. La persona que ganó de forma contundente la interna opositora fue María Corina Machado; y por lo tanto, todos los gobiernos e instancias democráticas de la región deben defender su derecho a ser la candidata que se mida con Nicolás Maduro.
–¿Por qué el canciller de Maduro puede ir a Ginebra a intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
-Bueno, todos los estados pueden ir a intervenir al Consejo de Derechos Humanos, lo importante es que los otros gobiernos, luego de escucharlos, lleguen a sus propias conclusiones e insistan en que el récord del régimen de Maduro es completamente inaceptable y debe frenarse. En el Consejo de Derechos Humanos se viene un desafío importante, que es la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, será en septiembre de este año y es crucial que los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos, trabajen coordinadamente para renovar el mandato de este grupo de expertos dedicado a Venezuela.
–¿Qué le diría al alto comisionado, Volker Turk, sobre su relación con Venezuela?
-La labor de Turk es garantizar que su oficina pueda monitorear la situación en Venezuela y pueda apoyar a las
víctimas; para eso, deben lograr volver al país, para que sus funcionarios puedan trabajar dentro del territorio. También es fundamental que puedan seguir garantizando la independencia e imparcialidad de su oficina; y no dejarse limitar por las pataletas del régimen. Creo que eso el alto comisionado lo tiene claro y espero que regresen pronto a retomar la labor tan importante que vienen realizando.