Ante la Corte del Distrito de Delaware, en Estados Unidos, reposa una demanda presentada por extrabajadores de PDVSA, quienes alegan haber sufrido daños por la política de persecución iniciada en su contra por el Gobierno de Venezuela. El objetivo final es lograr una sentencia que condene a Venezuela al pago de la reparación debida por la violación de sus derechos, aprovechando el proceso de subasta de las acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding.
Esta demanda, sin embargo, en lugar de servir para la justicia, memoria y reparación, está siendo usada en una estrategia política que comenzó hace cinco años, y que solo ha complicado más la situación de Citgo.
La demanda de los extrabajadores: una causa justa por medios errados
Antes he explicado que los extrabajadores de PDVSA despedidos masivamente, son víctimas de violaciones de derechos humanos y tienen derecho a una reparación integral. En tanto víctimas, y de acuerdo con el Derecho Internacional, sus reclamaciones deberían tener un lugar preferente en la deuda pública externa de Venezuela. Pero hasta ahora, y como ha sucedido en general con todas las víctimas, este derecho de reparación no ha sido honrado.
Lamentablemente, lo que ha debido ser una reclamación de derechos humanos, ha terminado en un enredado caso judicial en el cual se ha usado, con fines políticos, el reclamo de las víctimas.
En efecto, hace cinco años, los mismos que ahora pretenden defender los derechos de los extrabajadores de PDVSA, me acusaron públicamente de haber “prevaricado”, pues a pesar de haber actuado como testigo en uno de los casos de Crystallex, luego me desempeñé como Procurador Especial. Según esta explicación, yo “inventé la tesis del alter ego”.
Desde el primer momento en que estos señalamientos se hicieron públicos, procedí a desmentirlos en una entrevista. También publiqué un libro, en el que aporté todos los detalles. Los hechos, en resumen, son los siguientes:
- En abril de 2017, presenté un informe experto independiente de Derecho Venezolano, en la demanda intentada por Crystallex en contra de PDVSA y Venezuela. En noviembre de ese año presenté un segundo reporte. Esas declaraciones son públicas (cualquiera puede leerlas en el expediente del caso). El primer reporte, de hecho, ha circulado en el ámbito académico. Aquí, por ejemplo, puede leerse una copia.
- Mi reporte explicó, desde el Derecho de Venezuela, por qué la autonomía de PDVSA había sido violada a partir del 2002. Para ello me basé en mi obra escrita, especialmente, el libro publicado en 2016 por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Es falso que yo haya inventado la tesis del alter ego, que fue en realidad creada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en especial, en el caso Bancec, de 1983. La palabra “alter ego” no aparece, siquiera, en mis reportes, enfocados solo en el Derecho de Venezuela.
- En febrero de 2019 fui designado procurador especial. Nunca oculté -ni habría podido hacerlo- mi participación en el caso Crystallex. A fines de 2018 me había retirado del ejercicio de la profesión en Venezuela, así que, para enero de 2019, no tenía ningún caso profesional a mi cargo.
- Una vez que el llamado Gobierno Interino tomó control del caso de Crystallex en la Corte de Delaware, y mediante comunicación de 13 de marzo de 2019, me inhibí. Cualquier conflicto de interés, quedó así resuelto.
En lugar de defender la causa de los derechos humanos de los extrabajadores, se repiten las mismas mentiras, ya desgastadas, sobre mi rol en el caso Crystallex, mentiras difundidas incluso por activistas pro-rusos. De eso solo resulta más ruido, y por ende, mayor confusión en el que es un caso bastante complejo.
Además, desde el punto de vista legal, la demanda presentada en la Corte de Delaware en nombre de los extrabajadores no va a prosperar. De hecho, ni siquiera se ha logrado citar a PDVSA. Ahora los que dicen defender a los extrabajadores han anunciado un escrito ante la Corte de Delaware, pero esto no es más que la repetición de la misma estrategia fracasada intentada en 2020.
Para lo único que está sirviendo este caso es para repetir mentiras desgastadas y, además, colaborar en una política de persecución. El resultado es paradójico: quienes dicen proteger a quienes han sido perseguidos, ayudan -al menos, indirectamente- a que se avance con otra campaña de persecución.
Cómo se salvó Citgo en 2019
En nombre de los legítimos derechos de los extrabajadores, se repite que Citgo se perdió por responsabilidad compartida entre Maduro y (sobre todo) el Gobierno Interino.
Veamos los hechos.
El Gobierno de Hugo Chávez expropió los derechos contractuales de la empresa Crystallex, que obtuvo un laudo a su favor el 4 de abril de 2016. El laudo quedó firme, pues el Gobierno de Maduro decidió no ejercer los medios de defensa para pedir la nulidad. El 25 de marzo de 2017 la Corte de Distrito de Washington D.C. confirmó el laudo. A partir de entonces, Crystallex pasó a ser un acreedor con una sentencia firme a su favor, lo que quiere decir que los hechos del arbitraje son ya irrelevantes. Lo que Crystallex reclama en la Corte de Delaware no es la indemnización por la expropiación, sino el cumplimiento de una sentencia firme dictada por una corte federal.
Ahora bien, en agosto de 2018 la Corte Delaware dictó embargo a favor de Crystallex sobre las acciones de PDV Holding. Muy poco después, el Gobierno de Nicolás Maduro aceptó esa demanda, al firmar una transacción que, en principio, ha debido poner punto final al juicio, siempre y cuando se pagara el monto adeudado con base en la sentencia de la Corte de Washington D.C.
Así que, para febrero de 2019, muchos pensaban que ya no había nada que hacer con la demanda de Crystallex, a la cual se le habían sumado muchos otros acreedores, quienes requirieron ejecutar sumariamente las acciones de PDV Holding.
Y sin embargo, el Gobierno Interino logró lo que parecía imposible: diferir la inminente ejecución del embargo declarado sobre las acciones de PDV Holding en agosto de 2018. Para ello, la República compareció por primera vez ante la Corte de Delaware, pues por razones poco comprensibles, la estrategia legal del Gobierno de Maduro había impedido a la República defenderse. Esto permitió introducir nuevas defensas que llevaron a la Corte de Delaware, el 26 de noviembre de 2019, a reconocer que necesitaba tiempo para considerar todos los nuevos asuntos.
Asimismo, el Gobierno Interino logró cambiar la interpretación de la OFAC, para extender la protección sobre Citgo, como Venezuela hizo saber a la Corte el 9 de diciembre de 2019. A partir de entonces, Citgo “quedó protegida”.
Poco después, el 12 de diciembre la Corte de Delaware declaró procedente las defensas de Venezuela, negando cualquier posibilidad de ejecutar sumariamente el embargo a favor de otros acreedores. Al mismo tiempo reconoció que, debido a la nueva interpretación de la OFAC, no era posible avanzar en el embargo.
La protección sobre Citgo quedó fortalecida con el escrito presentado por el Gobierno de Estados Unidos el 16 de julio de 2020, en el cual ratificó que Citgo era un activo estratégico y que, por ende, Estados Unidos no otorgaría licencias para favorecer el embargo de las acciones de PDV Holding.
Como consecuencia, el embargo de las acciones de PDV Holding, que parecía inminente e irreversible en 2019, se logró detener.
Por ello, como repetí muchas veces después de mi renuncia al cargo de Procurador especial, en mayo de 2020, la estrategia judicial adoptada en 2019 logró su objetivo de diferir los riesgos más inminentes, permitiendo al nuevo Gobierno de Venezuela afrontar el problema de la deuda en muchas mejores condiciones. Pero ese nuevo Gobierno nunca llegó, e inevitablemente, los problemas se fueron acumulando.
La defensa de víctimas de derechos humanos como excusa para perseguir
En lugar de ejercer una defensa técnica de los extrabajadores de PDVSA, vemos cómo se aprovechan de ese caso para repetir, letra a letra, las mismas mentiras lanzadas en 2019, y que por cierto, han sido planteadas sin éxito ante la Corte de Delaware. No solo con ello se afecta severamente la credibilidad de lo que debería ser un reclamo legítimo de víctimas de violaciones de derechos humanos, sino que, por supuesto, se brinda nuevas excusas al régimen de Maduro para perseguir políticamente.
Eso lo sé yo muy bien. Cuando los mismos que hoy dicen defender a los extrabajadores lanzaron una injuriosa campaña en mi contra, en julio de 2019, el régimen de Maduro rápidamente actuó para anunciar una investigación criminal en mi contra, que fue la primera de muchas. El régimen de Maduro ha usado su sistema de justicia para anunciar órdenes de detención en mi contra, allanar, confiscar y requisar el hogar de mi familia en Venezuela, y en suma, desplegar una campaña de persecución, que es parte de la política sistemática que hoy día está en investigación ante la Corte Penal Internacional.
Hoy, bajo la excusa de defender a los extrabajadores, se quiere repetir la misma estrategia, ya desgastada. Lo lamento mucho por los extrabajadores, que han sido usados en una estrategia que no tiene por norte proteger sus derechos, y que como expliqué, no va a prosperar en la Corte de Delaware, no por falta de pruebas, sino por falta de una estrategia profesional.
El embargo de Citgo no es inminente (pero sí es el escenario más probable)
En defensa de los extrabajadores de PDVSA, se ha iniciado un conteo que nos hace ver que Citgo será embargada el 15 de julio. Pero esto no es cierto.
El 15 de julio la Corte de Delaware fijó una audiencia para conocer del resultado de la segunda ronda de ofertas para comprar las acciones de PDV Holding.
Asumiendo que esa audiencia no sea diferida, la Corte tendrá que dictar una sentencia, la cual será apelable ante el Tercer Circuito. Debido a las complejidades técnicas y legales, todo ello dilatará la decisión final sobre el embargo, que se tomará, probablemente, en el 2025. Luego de esta decisión final, la OFAC deberá dar una licencia.
Esto quiere decir que, con toda probabilidad, cuando inicie el nuevo período presidencial en Venezuela el 10 de enero de 2025, Citgo seguirá siendo filial de PDVSA. El riesgo no es inminente.
Pero el riesgo está allí, sin duda. Las defensas implementadas en 2019 solo pretendieron diferir los riesgos y, desde esta perspectiva, tales defensas fueron asombrosamente efectivas, pues todavía hoy se mantienen, muy frágiles y debilitadas, en todo caso.
También he explicado que cualquier estrategia para salvar a Citgo requiere, cuando menos, de una posición técnica presentada por el Gobierno de Venezuela reconocido en Estados Unidos, y que hasta el 10 de enero de 2025, está representado por la Asamblea Nacional de 2015. Lamentablemente, el nuevo Estatuto de Transición dictado en 2023 debilitó institucionalmente la capacidad de ejercer esa defensa, lo que ha creado complicaciones adicionales.
Esta posición técnica, por supuesto, requiere de un acuerdo con Maduro, como fue anunciado en los acuerdos de Barbados. Pero tampoco aquí Barbados ha sido cumplido. Maduro, por el contrario, ha amenazado a los acreedores que negocien con la Asamblea Nacional de 2015, encargándose de Citgo solo con fines políticos.
Lo que suceda en el evento electoral pautado para el 28 de julio sellará, en muchos sentidos, la suerte de Citgo. Para ese día, y por muchas semanas más, Citgo seguirá siendo filial de PDVSA, a pesar de los riesgos derivados de la deuda pública legada de Chávez y Maduro, que supera los 140.000 millones de dólares.