Sesenta y cinco años después de la llegada de John F. Kennedy a Caracas, Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en los cálculos de Washington. El 16 de diciembre de 1961, John y Jacqueline Kennedy aterrizaron en Maiquetía para reunirse con el presidente Rómulo Betancourt, que llevaba casi tres años en el poder. En aquel momento, Estados Unidos veía en Venezuela una pieza decisiva para responder al desafío planteado por la Revolución Cubana y para demostrar que la democracia podía ofrecer una alternativa al modelo revolucionario. Hoy, en un escenario histórico distinto, Venezuela vuelve a concentrar la atención de Washington. Entre ambos momentos hay diferencias profundas, pero también una coincidencia que atraviesa seis décadas: la percepción estadounidense de que las consecuencias de lo que ocurra en Venezuela rebasan sus fronteras.
Un análisis de los hechos exige volver a 1961; no, por cierto, para buscar una repetición del pasado. La Venezuela que recibió a Kennedy era una democracia joven que intentaba consolidarse tras la dictadura de Pérez Jiménez. Betancourt había llegado a la Presidencia por elecciones libres y había asumido el cargo el 13 de febrero de 1959. Cuando recibió a su homólogo norteamericano en Caracas, su gobierno ya había enfrentado el atentado de Los Próceres, perpetrado el 24 de junio de 1960 por agentes vinculados al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo; la ruptura con sectores de izquierda que habían acompañado el nacimiento de la democracia; las conspiraciones militares y el comienzo de la insurgencia armada.
Para Washington, Venezuela era entonces una pieza fundamental de la disputa que encendía el continente. La Revolución Cubana había triunfado en 1959 y, después de la radicalización del régimen de Fidel Castro y su acercamiento a la Unión Soviética, Estados Unidos buscaba una estrategia que no se limitara a la confrontación militar. La respuesta fue la Alianza para el Progreso, anunciada por Kennedy en marzo de 1961: un programa de cooperación económica destinado a impulsar el desarrollo de Hispanoamérica mediante inversiones en vivienda, educación, salud, infraestructura, agricultura y reforma agraria. Kennedy prometió movilizar veinte mil millones de dólares durante una década, con la participación de recursos estadounidenses y del propio continente. La idea medular era que la democracia debía demostrar capacidad para transformar las condiciones sociales que daban combustible a las revoluciones.
Venezuela ocupaba un lugar privilegiado en ese proyecto. No solo porque era una democracia —tras una larga dictadura—, sino porque era el principal productor de petróleo de la región y porque Betancourt encarnaba una experiencia política que Washington consideraba valiosa, puesto que encabezaba un gobierno civil capaz de enfrentar presiones internas y externas sin traicionar el sistema constitucional.
Los documentos desclasificados de la Biblioteca Presidencial Kennedy permiten reconstruir una visita mucho más compleja que la imagen oficial. La Casa Blanca, más allá del programa ceremonial, elaboró un amplio expediente de trabajo con memorandos específicos para cada asunto que Kennedy discutiría con Betancourt. Las conversaciones privadas fueron organizadas por temas y dejaron constancia de una agenda que iba mucho más allá del anticomunismo.
Hubo una reunión dedicada al petróleo venezolano, en cuyo curso Betancourt explicó que las restricciones estadounidenses a las importaciones de crudo afectaban un asunto esencial para Venezuela. El venezolano no actuaba como un gobernante que recibía instrucciones de Washington, sino que defendía intereses nacionales concretos ante un aliado de gran envergadura. Una diferencia crucial entre ambos momentos.
También hubo una conversación sobre la asistencia militar. Las autoridades venezolanas plantearon la necesidad de modernizar el equipamiento de sus Fuerzas Armadas en un momento en que el Caribe estaba atravesado por la confrontación entre Washington y La Habana. La seguridad interna y regional ocupaba un lugar central en las preocupaciones del gobierno de Betancourt.
Otro documento registra la discusión sobre Cuba y la próxima reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Kennedy consultó la opinión de Betancourt antes de definir posiciones diplomáticas, un detalle significativo porque muestra el respeto y la consideración que la Casa Blanca tributaba al líder de Guatire como interlocutor regional.
El país que Kennedy encontró en 1961 y el actual pertenecen a momentos históricos opuestos. En aquel había expectativas de crecimiento, una democracia naciente y una economía petrolera que parecía ofrecer recursos suficientes para la modernización. El de hoy es un país marcado por una tragedia económica, institucional y migratoria que transformó su posición regional. También Estados Unidos es otro. Kennedy gobernaba en un mundo bipolar donde el coco de Washington era la expansión del comunismo soviético. La política exterior de Donald Trump se desarrolla en un escenario diferente, signado por la competencia con China, la presencia rusa en América Latina, la migración, la seguridad energética y la lucha contra redes criminales transnacionales. No son las mismas amenazas ni los mismos instrumentos.
No hay, desde luego, una repetición de 1961. La Alianza para el Progreso no equivale a la política estadounidense actual hacia Venezuela. Kennedy representaba una visión en la que el desarrollo económico y la reforma social eran herramientas centrales de la política hemisférica. La administración Trump responde a prioridades diferentes y a un contexto internacional distinto.
La continuidad está en otro lugar. Cada vez que Washington percibe una transformación profunda del equilibrio continental, Venezuela aparece como un país clave para la estabilidad del continente. En 1961 era el escenario donde debía demostrarse que una democracia podía enfrentar el desafío revolucionario cubano. Hoy es un país cuya devastación y captura por las mafias afectan la seguridad, la economía y la política regional.
La actual situación tiene un origen preciso. El 3 de enero de 2026, cuando la Operación Determinación Absoluta —bombardeos sobre tres estados y un operativo de fuerzas especiales estadounidenses— sacó del poder a Maduro y a Cilia Flores. La pareja dictatorial fue llevada a Estados Unidos, donde permanece encarcelada en Brooklyn a la espera de juicio por narcoterrorismo. El vacío de poder lo ocupó Delcy Rodríguez, designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia el 5 de enero, en un proceso supervisado por Washington.
El 24 de junio, un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 afectó la costa norte del país, en medio del proceso político posterior a la caída de Maduro. Estados Unidos respondió con un despliegue de aproximadamente 2.000 militares, el buque de asalto anfibio USS San Antonio y 380 millones de dólares en asistencia. El jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, declaró que las tropas permanecerán hasta la conclusión de la misión humanitaria, sin precisar una fecha.
La diferencia principal entre 1961 y 2026 puede resumirse así: en la reunión sobre el petróleo, Betancourt negoció con Kennedy como representante de un gobierno con mandato propio, defendiendo un interés nacional ante un aliado poderoso. En 2026 no existe una negociación equivalente entre pares: hay una presidenta encargada sin mandato electoral y con altísimo rechazo, un país bajo supervisión externa y una potencia que determina unilateralmente los términos y la duración de su propia presencia militar en territorio venezolano. La Alianza para el Progreso articulaba cooperación económica con un objetivo político explícito. La intervención de 2026 combina, sin esa mediación, una acción militar y una operación de ayuda humanitaria ejecutadas por el mismo actor y en el mismo periodo.
En los 65 años transcurridos desde la visita de Kennedy pasamos de ser una nación que se construía a sí misma a una tierra arrasada que depende de otros para sobrevivir. En 1961, pese a la inestabilidad real, Betancourt negociaba con Kennedy como par y el país se sentía protagonista de su destino. En 2026, tras dos décadas de destrucción, una intervención militar extranjera y un terremoto que lo dejó a expensas de tropas foráneas para el auxilio básico, ese país ya no negocia su lugar en el mundo porque otros lo deciden por él. Hasta que nos levantemos sobre nuestros propios pies, que es lo que más anhelamos.