A un año de la muerte del concejal de Primero Justicia sus familiares y amigos insisten que no se suicidó, como sostienen las autoridades; sino que Fernando Albán fue asesinado por los agentes del Sebin.
Hoy, un año atrás, los venezolanos eran sorprendidos con la noticia de que el concejal Fernando Albán había muerto. Tres días antes el dirigente de Primero Justicia (PJ) había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) nada más bajarse del avión que lo trajo de vuelta de Estados Unidos, donde participó en reuniones en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las autoridades aseguraron que el político se quitó la vida al lanzarse desde el piso 10 de la sede central de los servicios secretos, ubicada en Plaza Venezuela, Caracas; versión esta que fue puesta en duda de inmediato por sus compañeros y conocidos. “Imposible que una persona como Fernando Albán, de profunda convicción católica, se suicidará”, afirmó el ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges; quien señaló a los funcionarios que lo tenían aprehendido de torturarlo, con el propósito de que involucrara a otros líderes opositores de participar en el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido en agosto de ese año.
Además, las contradicciones en las que incurrieron las autoridades fue otro de los motivos para dudar de la tesis gubernamental. Por un lado, el fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, aseguró que Albán se habría suicidado al lanzarse de una ventana cuando le permitieron ir al baño sin escolta, algo que personas que han estado detenidas en esas instalaciones aseguran que no ocurre nunca; y posteriormente el ministro de Interior, Néstor Reverol, aseguró que la muerte se habría producido cuando al opositor lo iban a trasladar al tribunal.
Meudy Osio: “Desde el primer momento en que me informaron que había muerto, me dije: Lo mataron”
Pero más allá de las versiones no coincidentes, otra razón para sospechar es el nefasto record del Sebin. Antes que Albán otros dos venezolanos que permanecían detenidos en el Sebin murieron allí. El primero el piloto Rodolfo González, quien en 2015 se habría suicidado también tras permanecer más de un año sin juicio, y al que se le señalaba de colaborar logísticamente con las protestas antigubernamentales que en 2014 sacudieron al país; y el segundo se registró en 2017 cuando, el también concejal de Primero Justicia, Carlos García murió por una dolencia no tratada en su mazmorra.
“El Sebin se ha convertido en uno de los símbolos del terrorismo de Estado que se ha venido implantando en Venezuela. Es un organismo que ha desarrollado una política de graves violaciones a los Derechos Humanos”, denunció el abogado y activista de Derechos Humanos, Marino Alvarado, quien acusó a la instancia de venir cometiendo sistemáticamente delitos como: Detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas, secuestro, abuso de poder, usurpación de funciones, tortura y asesinato.
En similares términos se pronunció el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien acusó al organismo de comportarse como un Estado dentro del Estado. “El Sebin es un organismo al que todo el mundo le tiene miedo, y se ha ganado ese miedo por su forma de actuar en contra de las leyes y de los Derechos Humanos. Para el Sebin no hay decisión de juez o de fiscal que valga, es él quien impone su ley y eso es avalado por Maduro (…) El Sebin es un órgano de represión y de inteligencia para vigilar a los opositores, pero no sólo a los políticos sino a periodistas, defensores de Derechos Humanos, empresarios, y a todo el que piense distinto al Gobierno”, dijo.
Récord de miedo
Desde su creación en 2009, el Sebin ha estado envuelto en polémica y se le ha acusado de ser un instrumento del Gobierno para perseguir a la disidencia. Sin embargo, ha sido durante la administración de Nicolás Maduro cuando ha mostrado su peor rostro. Así por ejemplo durante los disturbios ocurridos el 12 de febrero de 2014 en el centro de Caracas, funcionarios del organismo habrían dado muerte al joven Bassil Da Costa y al dirigente chavista Juan Montoya, de acuerdo a las fotografías y videos registrados por periodistas y vecinos.
Este cuerpo de seguridad también participó activamente en la represión a las manifestaciones que desde ese día y por seis meses sacudieron al país, tal y como lo registraron organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic).
Carlos Nieto Palma: “Para el Sebin no hay decisión de juez o de fiscal que valga, es él quien impone su ley”
Asimismo su director, el general Gustavo González López, metió de lleno al Sebin en su polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), iniciativa contra el crimen, que sólo en su primer año cobró la vida de más de 500 personas y a la que expertos señalan como la responsable del aumento en el número de ajusticiamientos ocurridos en el país. Entre 2015 y 2017 el Ministerio Público contabilizó casi 8.000.
No es de extrañar que González López figure en la lista de funcionarios venezolanos a los que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La viuda pide ayuda
A doce meses de la muerte de Fernando Albán, su viuda, Meudy Osio, insiste en que éste fue asesinado. “Desde el primer momento en que me informaron que había muerto, me dije: Lo mataron”, dijo, al tiempo que hizo un resumen de las últimas horas del concejal. “A él lo detuvieron el viernes en el aeropuerto y estuvo desaparecido un día, al día siguiente le permitieron hablar conmigo, y allí me dijo que el comisario que lo tenía allí le decía que si quería salir que le echara la culpa o inculpara a Julio Borges. El domingo lo llevaron a los tribunales y sus abogados pudieron hablar con él y lo vieron bien físicamente, preocupado por supuesto, pero bien; y horas después sus hermanas pudieron visitarlo en el Sebin. Todo eso me hizo pensar que lo iban a dejar en libertad, pero no fue así”.
Desde Estados Unidos, donde ahora reside con sus hijos, Osio se encuentra a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita la solicitud que le formuló en abril para iniciar una investigación transparente de lo ocurrido. “No confío para nada en la Fiscalía y por eso pido a los organismos internacionales su intervención”, dijo, al tiempo que denunció que en Venezuela ya no sólo hay una política de persecución a la disidencia sino de “exterminio”.
Las autoridades, por su parte, insisten en que Albán se quitó la vida y para reforzar esta teoría el mes pasado el intervenido Ministerio Público anunció la imputación contra los agentes del Sebin, Miguel Dos Santos (29) y Keyberth Cirelli (30), a los que señaló de “quebrantamiento de las obligaciones de custodia”.
Sin embargo, las sospechas en este caso y la ausencia de una investigación imparcial y transparente, tal y como lo demandaron desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh) y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parecen explicar por qué Albán no ha sido la última víctima de los cuerpos de seguridad.
En los últimos doce meses al menos tres venezolanos más han perdido la vida mientras estaban detenidos en el Sebin o en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siendo el último caso, el del capitán Rafael Acosta Arévalo, el más escandaloso, porque en este sí se ha demostrado que el fallecimiento se produjo debido a los malos tratos que recibió.