Horacio Medina: «Cuesta pensar que el esfuerzo por preservar Citgo deba entregarse a quienes ocasionaron el problema»

El 30 de septiembre se cumple la fecha límite para que Pdvsa ad hoc haga el cierre administrativo y entregue las responsabilidades legales y el control de Citgo a Pdvsa en Caracas. Se trata de una decisión de la administración de Donald Trump, tras el reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela desde enero pasado. Sin embargo, Horacio Medina, ingeniero petrolero, insiste en que este proceso no ha podido concretarse debido a la «irresponsabilidad» y la «falta de comunicación» por parte de Pdvsa.

«Me cuesta mucho trabajo pensar que todo este esfuerzo que se hizo por preservar y recuperar Citgo haya que entregárselo a quienes ocasionaron el problema», mencionó en la entrevista este martes 1 de septiembre.

La entrega

Medina insiste en que sigue siendo el presidente de Pdvsa ad hoc y que la entrega se hará a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, quien se encuentra en Venezuela en representación de un sector de la oposición en la mesa de diálogo con la AN oficialista, presidida por Jorge Rodríguez.

«Es parte del proceso de transferencia de responsabilidades, que no ha culminado por el nivel de negligencia que tiene Pdvsa en Venezuela», afirma Medina, y asegura que los abogados de Caracas no han querido reunirse con el equipo legal ad hoc porque eso daría «reconocimiento» a la figura paralela establecida por la AN de 2015 para resguardar los activos de la estatal en el exterior.

Desde Pdvsa ad hoc han reiterado de manera sistemática que la amenaza sobre Citgo no se debe a la gestión de la junta alterna, sino a las expropiaciones sin indemnización ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez (como en los casos de ConocoPhillips y Crystallex), a emisiones de bonos (Pdvsa 2020) que colocaron las acciones como garantía y a la figura jurídica del alter ego dictaminada por la corte de Delaware, que responsabilizó los activos de Pdvsa por deudas soberanas de la República.

«Sigo creyendo que Citgo es un activo que hay que preservar (…). Tengo el temor de que ahora muchos de los juicios vayan por los caminos incorrectos», añade Medina.

Sobre el alcance del acuerdo petrolero

El número de preguntas en torno al acuerdo petrolero sigue siendo mayor que la cantidad de respuestas, a pesar de la información publicada el pasado lunes por la Casa Blanca y de las declaraciones previas de Delcy Rodríguez. Ante la opacidad, Medina plantea interrogantes clave, entre ellas: ¿cómo se contrasta este pacto con la Constitución Nacional? Para el ingeniero, hay señales «muy claras» de que este anuncio «no está dentro del marco constitucional».

La legitimidad del acuerdo

«¿Quién va a firmar el acuerdo? ¿Lo va a hacer Delcy? ¿En nombre de quién y por qué?». Estos son otros cuestionamientos que plantea Medina, quien reitera que sigue al frente de Pdvsa ad hoc, directiva paralela creada en 2019 por el Parlamento de 2015.

En cuanto a la validez del proceso, el experto sostiene que, hasta el momento, no es posible determinar la legitimidad del pacto, mucho menos con la participación de Alejandro Betancourt, empresario venezolano que ha sido investigado en al menos tres países, incluido Estados Unidos.

Pese a los señalamientos, la concesión de operaciones recayó en la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), dirigida por Betancourt. Esta petrolera privada cedió el 35 % de sus acciones al Departamento de Guerra de EE. UU. y tendrá, además, la obligación de vender al Departamento de Estado el 20 % del crudo extraído a precio de producción.

«Eso merece ser analizado al detalle», advierte Medina. ¿Es viable económicamente entregar el 20 % de la producción a precio de costo, es decir, sin margen de ganancia?

¿Por qué Alejandro Betancourt?

En entrevista con el periodista Sergio Novelli, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la designación de Betancourt y de su empresa Nabep como los protagonistas del pacto, y aclaró que el acuerdo se firmará con la compañía y no directamente con el gobierno interino de Caracas.

«Desde mi perspectiva es necesario que (Betancourt) sea investigado a fondo (…). No comparto la idea de que este sea un magnate petrolero», insiste Medina, al tiempo que cuestiona cómo Nabep construyó una supuesta producción de 200.000 barriles diarios —la mayor en el país detrás de Chevron— y de dónde saldrá la inversión prometida de 100.000 millones de dólares.

Medina recuerda que en 2010 Betancourt recibió contratos del chavismo por más de 5.000 millones de dólares para atender la crisis eléctrica nacional, cuyos efectos aún padecen los venezolanos, especialmente en las regiones del interior.

El ingeniero no duda de que Estados Unidos pueda ser el mejor socio comercial y estratégico para el país: «Es el mercado que mejor valora el precio de nuestro crudo», insiste. No obstante, recalca su preferencia por la llegada de empresas estadounidenses tradicionales que inviertan en el país y permitan convertir a Venezuela en un suministrador seguro y confiable para ese mercado.

«Por el camino que vamos se crea demasiada incertidumbre; hay otras vías para hacer las cosas bien», concluye Medina.

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