El Gobierno desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez ha mantenido una política de escasa colaboración con los organismos internacionales, a los que ha negado invitaciones para visitar el país y constatar la situación, además se ha demorado hasta una década en presentar informes.
Este jueves 17 de octubre, los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberán elegir a los 14 países que se incorporarán al Consejo de Derechos Humanos (CDH) del organismo y entre los aspirantes figura Venezuela, quien ya ocupó un asiento en la instancia con sede en Ginebra (Suiza) por allá en 2016.
La candidatura nacional ha generado gran revuelo, debido a que el Consejo apenas el mes pasado aprobó crear una misión para investigar las violaciones a las garantías fundamentales ocurridas en el país desde al año 2014, y de las que ha tenido conocimiento gracias a las denuncias de ONG venezolanas y de boca de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El grupo no sólo tendrá la misión de verificar las más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2015 y 2017, las decenas de desapariciones forzadas, las miles de detenciones arbitrarias y las torturas, sino certificar que las autoridades toman medidas para evitar que este tipo de crímenes vuelvan a producirse. Desde la administración de Nicolás Maduro ya han advertido que no colaborarán con esta iniciativa.
Con estos antecedentes no es de extrañar que organizaciones internacionales como Human Rights Watch hayan pedido abiertamente a los miembros de la ONU no votar por Venezuela. “Los países deberían transmitir un mensaje claro al gobierno de Nicolás Maduro de que no premiarán las políticas crueles y abusivas que han destruido las vidas de millones de personas, otorgándole un asiento en el máximo órgano de Derechos Humanos de la ONU. La elección de Venezuela representaría una afrenta a un órgano cuyos miembros se supone deben observar los más altos estándares en materia de Derechos Humanos”, afirmó el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, en un comunicado difundido la semana pasada.
Desde el movimiento nacional de Derechos Humanos la candidatura venezolana tampoco ha sentado bien por considerarla contradictoria, y por ello varias organizaciones han iniciado una dura campaña contra la misma.
“Desafortunadamente en el Consejo de Derechos Humanos ha habido una serie de países con terribles historias en materia de derechos humanos. En el momento que cae Libia ella era parte del Consejo, Siria, Bielorrusia, Myanmar también han sido parte del Consejo, de manera que lo que se está buscando con esta campaña es que haya por parte de los Estados, que son los que eligen a los miembros, un mínimo de coherencia, de respecto de quiénes pueden o no formar parte del Consejo. Después de la publicación de los tres informes de la Alta Comisionada, los cuales revelan que no ha habido en lo absoluto un avance sustantivo en esta materia, sería un terrible mensaje que Venezuela fuera elegida”, afirmó Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria y Civilis, y uno de los impulsores de la iniciativa.
Una tercera opción
La decisión del presidente costarricense, Carlos Alvarado Quesada, de presentar el nombre de su país para ocupar uno de los dos sillones que le corresponden a América Latina ha sido bien recibida por los activistas venezolanos.
“Ha aparecido una tercera opción (Costa Rica), lo cual daría a los países una alternativa, pues antes dos opciones para dos puestos (Venezuela y Brasil)”, agregó Reyna.
En similares términos se pronunció la investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Ligia Bolívar, quien aseveró que “la candidatura de Costa Rica permitirá a los países democráticos tener un mejor candidato y le restaría votos a Venezuela”.
Para resultar electa Venezuela debería obtener más de 97 votos, en caso de no reunirlos los países podrían optar por otra opción, como ha ocurrido en anteriores ocasiones con los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad; o simplemente podrían dejar la silla vacante.
¿Por qué y para qué?
El Consejo de Derechos Humanos fue creado por la Asamblea General de la ONU en 2006, en reemplazo de la denostada Comisión de Derechos Humanos, y tiene 47 miembros. Entre sus labores está velar por la situación de las garantías fundamentales en los países del orbe mediante mecanismos como el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, al cual cada país debe someterse cada cinco años.
Pero si el Gobierno desde tiempos del fallecido Hugo Chávez ha mantenido una política de escasa colaboración con los organismos internacionales, a los que ha negado invitaciones para visitar el país y constatar la situación, además se ha demorado hasta una década en presentar informes; entonces, ¿para qué quiere formar parte de uno de ellos?
“Seguramente Venezuela va a tratar de venderlo como un reconocimiento de su récord en materia de Derechos Humanos, pero no se pueden olvidar las dos resoluciones que ha aprobado el Organismo y la Comisión de investigación”, dijo Bolívar, quien acto seguido agregó: “Será un intento por lavarse la cara y decir que todos los problemas son culpa de las sanciones y de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump”.
Respecto a la posibilidad de que las autoridades busquen desde dentro del Consejo bloquear cualquier iniciativa molesta, ambos expertos descartaron que esta posibilidad tenga éxito.
“Venezuela, de ser electa, no puede obstaculizar decisiones que se adopten por mayoría. Cuando estuvo en el Consejo, Venezuela se alió con países que actúan igual y que hacen un bloque para tratar de impulsar regresiones cuando se va a adoptar una resolución que pueda implicar avances en Derechos Humanos, pero eso no le ha permitido bloquear nada”, recordó Reyna.
“No pueden obstaculizar nada sino tienen mayoría”, apuntó Bolívar.
Aunque Reyna admitió que la eventual elección de Venezuela podría generar desazón en esos sectores de la sociedad que han puesto sus esperanzas en los organismos internacionales como palancas para una salida a la grave crisis política, social y económica que atraviesa el país, el activista pidió no desfallecer y aseveró que “a pesar de estar allí no le será fácil impedir los señalamientos que reconocen violaciones a los Derechos Humanos y el dolor de las víctimas”.
Tanto el Consejo de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han convertido en cajas de resonancia, desde donde las organizaciones y víctimas pueden dar a conocer al mundo las violaciones ocurridas en el país.