“En Vargas estamos casi en la misma situación de riesgo de 1999 -afirma la geógrafa Virginia Jiménez Díaz-. Después del desastre de hace veinte años, la población fue generando su propia reconstrucción, con sus posibilidades y en los mismos lugares. Estamos, pues, ante una restauración de las condiciones de vulnerabilidad”.
La doctora Jiménez Díaz es geógrafa de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con doctorado en la Universidad de Londres. Es profesora universitaria y trabaja para varios organismos internacionales en gestión de riesgos de desastres en espacios urbanos.
“Los desastres”, -explica-, “los construimos todos los días. El desastre de dentro de veinte años lo estamos abonando hoy. Mientras nosotras estamos conversando, hay alguien construyendo una vivienda en una quebrada, en una ladera o vertiente inestable, o en una zona propensa al deslizamiento. Esto ocurre porque la institución es débil. La construcción de la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la ineficiencia del Estado”.
Según un estudio publicado en 2003, por Marianela Lafuente y Carlos Genatios, durante los últimos 40 años del siglo 20, las lluvias registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tuvieron un promedio anual de 510 milímetros. En 1999, las precipitaciones fueron tan copiosas, que alcanzaron 1.910mm; esto es, se multiplicó por cuatro el promedio. “Pero hacia finales de año se produjeron importantes incrementos en relación con la referencia promedio. En noviembre y especialmente en diciembre se produjeron precipitaciones significativas: 15 días de lluvias torrenciales continuas desde finales de noviembre, hasta alcanzar 911mm en 3 días. Durante un periodo muy corto tuvimos lluvias de gran magnitud y en particular, el día 15 de diciembre en la noche llegamos a tener lluvias, que en una hora acumularon más de 72 milímetros. Todo esto generó una perspectiva catastrófica para el estado Vargas”.
“La construcción de la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la ineficiencia del Estado”, ratifica Virginia Jiménez Díaz
-Doctora Jiménez, ¿cuál es la situación en Vargas, ahora llamado estado La Guaira, a dos décadas de la tragedia?
-Para el momento del desastre de 1999, allí había solamente tres presas de control de sedimentos. Eso, a pesar de los eventos anteriores, que en Vargas son constantes. Piénsese que Alejandro de Humboldt, en 1798, referenció un evento similar al del ‘99. El sabio alemán documentó una creciente extraordinaria del río Osorio, “que arrastró troncos de árboles y rocas de un volumen considerable”. Ocurrió luego en 1902, 1938, 1944, 1948, 1951, 1954… Esto no empezó ayer. En la década de 2000, se construyeron 62 presas, pero, en la actualidad, el 60% de esas presas están sedimentadas: Tienen rocas, están invadidas por la vegetación. Se encuentran taponadas, porque no tienen mantenimiento. Es cierto que las lluvias y el cambio climático nos hacen más propensos a estos problemas, pero también es verdad que allí hay, por ejemplo, actividades de extracción en las canteras para sacar material de construcción. Eso aumenta los riesgos. No es culpa de la lluvia ni del clima. Como las presas están allí, la población cree que se puede pegar al río y construir. Y están construyendo muy cerca de los canales, en zonas de alto riesgo. Pero lo más grave es que no solamente la población construye donde no debe, también el mismo Estado. La Misión Vivienda construyó edificios en zonas expuestas a ser afectadas por los aludes torrenciales. La causa del riesgo no es la lluvia, que es un fenómeno natural, es nuestro atrevimiento frente a la naturaleza. La única frase del Libertador con la que no estoy de acuerdo es la que dijo tras el terremoto de Caracas, en marzo de 1812: “Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. Demasiada prepotencia. Estaba muy equivocado.
-¿Diría usted que estamos en cero, otra vez?
-No. No tanto. Pero seguimos siendo vulnerables. La mancha urbana de Vargas se fue reconstruyendo en estos veinte años en los mismos espacios afectados en el ‘99. Con excepción de las áreas ocupadas por las obras de canalización. Carmen de Uria es un caso típico de construcción en escenarios de riesgo. Estamos hablando de una reconstrucción de la vulnerabilidad, con anuencia del Gobierno, incluso por omisión, porque la gente construye y el Estado no dice nada.
-Si vuelve a llover en las magnitudes de 1999, ¿qué pasaría en Vargas?
-Puede producirse un nuevo desastre. Quizá no en las mismas dimensiones, porque, como dije, en algo se han mitigado las condiciones de riesgo de la zona, pero, sin duda, nos veríamos en serios problemas, aún con las presas y con todos los reales que se metieron allí. Usted me pregunta qué pasaría en Vargas con lluvias como las de 1999, pero no se plantea qué pasaría en Caracas. Bueno, en Caracas puede pasar lo mismo; y no tenemos el mar que reciba los sedimentos, escombros y rocas arrastrados por un deslave. En 1999 hubo daños muy considerables en San Bernardino. No hay que olvidarlo.
“Los varguenses deben conocer y cuidar sus canales, como lugares a respetar, no a temer”, recomienda la geógrafa Virginia Jiménez Díaz
-¿Qué pasaría con los edificios de Misión Vivienda?
-En el caso de Camurí Chico, por el solo hecho de dónde están, esas viviendas son vulnerables, aún sin tomar en cuenta la calidad de la construcción… No he hecho un estudio de la construcción en Vargas, pero sí participé en una evaluación de Misión Vivienda en Caracas; y puedo afirmar que tienen serios problemas con la calidad de los materiales y que algunos de ellos están en terrenos geológicamente inestables, como el Complejo El Morro, en Petare. Incluso, muchos tienen planta baja libre, una modalidad de diseño que puede ocasionar el colapso de las edificaciones, porque la distribución de energía es asimétrica y lo hace vulnerable en los movimientos.
-En Vargas se creó una institucionalidad que supuestamente iba a reparar los daños y prevenir réplicas catastróficas.
-En los primeros diez años, de 1999 a 2009, la Autoridad Única de Vargas (AUV) y Corpovargas tomaron la batuta en la reconstrucción del estado. La AUV tenía a su cargo la elaboración y ejecución de los planes, mientras que Corpovargas (Corporación para la Recuperación y Desarrollo del estado Vargas), creada en agosto de 2000, debía llevar esos planes a la realidad. La AUV hizo un buen trabajo, con Funvisis (Fundación Venezolana de Investigación Sismológica), con el Instituto de Mecánica de Fluidos de la UCV, y con el entonces Ministerio del Ambiente, para elaborar un plan de restauración ambiental del estado Vargas. Pero una cosa fue lo que se planificó y otra, la que se ejecutó.
-¿Qué pasó con esos planes?
-Poco. Para empezar, los planes tardaron cuatro años en ser aprobados. Y la gente no podía esperar tanto. Si el Estado no daba respuesta, la gente no iba a dormir en la calle mientras tanto. De manera que la mayoría reconstruyó sus viviendas exactamente donde estaban antes. Por otra parte, alguien decidió distribuir los damnificados por todo el país. Los desarraigaron y se olvidaron de ellos. ¿Qué hizo la gente al poco tiempo? Pues se regresó, volvió a sus lugares de siempre, a reconstruir y volver a sus dinámicas. Lamentablemente, se rehízo el riesgo. No se respetaron los lineamientos para el desarrollo urbano del estado Vargas, por la desconexión entre el Estado y la gente, y por la tardanza en la aprobación e instrumentación de los planes. Hubo, además, otro desfase: El Gobierno central puso dinero en la ejecución de obras, pero le quitó autoridad a los actores locales, gobernación y alcaldía. A mi juicio, incapacitaron al estado Vargas y le pusieron dos muletas.
-¿Por qué vuelven a construir en el mismo lugar?
-Por arraigo y porque no tienen dónde más hacerlo. La gente tiene necesidades más acuciantes que estarse cuidando de los riesgos: La comida de hoy, enviar a los niños para el colegio, eso es más urgente. Muchas veces no saben que esos espacios son riesgosos, porque la tradición oral no permanece: Se olvida que allí ocurrió una tragedia. Y, si el Estado no ejerce la debida vigilancia, vuelven a construir. Lo que impulsa a la gente a ubicarse en zonas de amenaza no es opcional, es por un imperativo económico: Son las zonas que quedan para las familias de bajos recursos; y entonces viene el Estado y les pone servicios…
-¿No hay una ley que impida esa reconstrucción de la vulnerabilidad?
-Claro que sí. Tenemos legislación y tampoco se cumple. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, aprobada en enero de 2009, no ha servido de nada. Quién vigila su cumplimiento, nadie. Y el caso es que es violada de manera flagrante.
-Cada vez que llueve más de la cuenta sale un vocero del Estado a sugerirle a la población que tome “las medidas pertinentes”. ¿A qué se refieren?, ¿cuáles son esas medidas?
-Para gestionar el riesgo hay que hacer tres cosas: 1)Identificar el riesgo y sus casusas. Eso puede involucrar sofisticadas técnicas de evaluación de las amenazas naturales (hay modelos probabilísticos que estiman el potencial de ocurrencia de los eventos y la susceptibilidad de la población a ser afectada por esos eventos), pero también la población puede elaborar sus mapas comunitarios de riesgos, escuchando a la gente mayor, el registro de eventos históricos es muy importante. 2)Minimizar el riesgo, bien porque hacemos frente a la amenaza (construimos canales, reforestamos las cuencas), o porque intervenimos las condiciones de vulnerabilidad (reubicamos a la población en espacios más seguros, reforzamos sus edificaciones y la educamos para que reconozca sus riesgos). Y 3)Con preparativos para las emergencias y los desastres: Que la gente tenga planes de emergencia, que detecte las zonas seguras de su vecindario y las de evacuación. Funvisis tenía una iniciativa muy interesante, el Aula Sísmica, pero ese programa fue “transformado”.
-¿Y quién puede “tomar esas medidas”? Muchas de ellas rebasan la capacidad de la gente.
-Esos procesos tienen que acompañarse por el esfuerzo del Estado, sobre todo en educación permanente. Y si no se hace no es porque no haya quien lo haga. Nosotros tenemos gente muy buena en muchas instituciones, como, por ejemplo, en Funvisis y en el Inameh (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología).
-En estos veinte años, ¿qué cambió en la mentalidad de los varguenses?
-En el momento de la tragedia hubo muy poca ayuda psicosocial. Se removió la tierra y se construyeron canales, pero no se atendió el trauma y no se hizo nada para facilitar la recuperación de su tejido familiar y comunitario. Ahora, cada vez que llueve, la gente evoca el desastre. El temor de que pueda volver a ocurrir está allí. La gente ha avanzado, sin duda, pero todavía necesita ayuda. Por ejemplo, debemos enamorar a esa población de la lluvia, como recurso de creación y renovación, y no sólo como amenaza. Los varguenses deben conocer y cuidar sus canales, como lugares a respetar, no a temer.