Presionan los titanes
Luego de lo ocurrido en la Asamblea Nacional (AN) este 5 de enero, las posturas de Washington y Moscú ponen en evidencia la magnitud de los hechos y algunos trasfondos. El Departamento de Estado de EE.UU. ya comenzó a solicitar información sobre los principales diputados que lideraron la toma de la AN, como Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, para sancionarlos, y también levanta información sobre sus familiares y socios. En una primera etapa se espera la suspensión de visas para los que sean identificados; pero no se descartan medidas adicionales. Rusia, por su parte, se limitó a señalar que la elección de la directiva que preside Luis Parra fue democrática, con lo cual le dio su reconocimiento, lo cual es clave porque a comienzos de enero el viceministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak, dijo esperar que Juan Guaidó no fuera reelecto presidente de la AN para que su país pudiera comenzar a asistir a Nicolás Maduro a salir de la crisis económica, con énfasis en el sector petrolero. Específicamente se quejó de que algunos cambios no se habían hecho porque debían pasar por el Parlamento. “Creo que la situación comenzará a cambiar a mediados de enero”, aseguró Storchak. No hay que olvidar los grandes intereses de Rusia en el sector petrolero venezolano, especialmente a través de Rosneft.
¿Y qué pasó con las investigaciones de la AN?
Cuando a inicios de diciembre se hicieron públicos documentos y fotos que ponían en evidencia la participación de varios diputados opositores, liderados por Luis Parra, en una red para lavarle la cara a Alex Saab, sus socios y empresas, de inmediato los partidos políticos abrieron investigaciones disciplinarias y hasta hubo algunas expulsiones. Pero más allá de lo que fue la gestión interna de cada organización política, Juan Guaidó anunció que la Asamblea Nacional (AN) haría investigaciones de fondo. Al frente de esta misión quedó Edgar Zambrano, para entonces primer vicepresidente de la AN, quien el 4 de diciembre dijo que comenzaría la auditoría de todos los actos adelantados por los parlamentarios involucrados en diversas instancias del Legislativo. La promesa de Zambrano, al frente de la comisión especial investigadora, fue que para el 18 de diciembre se haría público el informe con los resultados de tales indagatorias. Hasta la fecha poco o nada se sabe de sus gestiones. Era un período crítico, donde puertas adentro de la AN no sólo había que lidiar con la persecución judicial de sus miembros, el desencanto popular ante los escándalos de corrupción y la compra de voluntades, a punta de “maletinazos” con dólares en efectivo, para robarle votos a Guaidó, lo que pudo haber incidido en el “retraso” de las investigaciones, ya sea porque la atención estaba en otra parte, porque se intentaba negociar con los disidentes o porque se intentaba evitar que los males escalaran. Sin embargo, ahora cabe preguntarse ¿qué habría pasado si en efecto la AN hubiera mostrado el expediente de corrupción de quienes hoy tratan de hacerse del control del Parlamento por vías írritas?
El papel de los rojitos
Desde las filas del chavismo se impone el discurso de que la directiva de la Asamblea Nacional (AN) presidida por el diputado Luis Parra es de oposición. De hecho, no pierden tiempo en resaltarlo, con lo cual intentan maquillar la situación y marcar distancia del entuerto. Nicolás Maduro asegura que lo que hubo fue “una rebelión” para sacar a Juan Guaidó “por los propios miembros opositores”. Sin embargo, el pequeño lote de 18 parlamentarios de la “fracción CLAP” y de la “Operación Alacrán” no tiene músculo suficiente para ejecutar esta estrategia. Requieren del apoyo de los diputados rojitos del Bloque de la Patria para hacer bulto y, más allá, para recibir lineamientos. Diosdado Cabello, por su parte, también trata de deslindarse. “Pelean por una botella vacía, parecen borrachos en medio de la madrugada, que ellos resuelvan sus berrinches”. Sin embargo, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no parece muy contento con el papel que están jugando los diputados del PSUV, como rebaño de Luis Parra, ni ve con buenos ojos la pérdida de protagonismo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Quinta columna
En el Hotel Paseo Las Mercedes pasaron muchas cosas. No sólo fue el escenario del amedrentamiento de los cuerpos de seguridad y de los fiscalizadores del Estado por servir de base a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) para sus reuniones estratégicas antes de la esperada sesión del 5 de enero, sino que también fue el lugar del espionaje. En la larga jornada del 4 de enero por allí se dejaron ver Luis Loaiza y Guillermo Luces, dos de los diputados que luego respaldarían a Luis Parra. Luces, militante de Voluntad Popular (VP), fue uno de los parlamentarios firmantes en una carta de septiembre 2019 que exime de responsabilidades a un socio y a una empresa del emporio de Alex Saab, investigados por corrupción ligada a los CLAP. Mientras se revisaban las asistencias al Palacio Federal Legislativo, se contabilizaban los diputados titulares y los suplentes activos que pudieran votar por la nueva junta directiva para el período 2020-2021, presidida por Juan Guaidó, toda la información pasaba en directo a las filas disidentes.
Cambios en telecomunicaciones
Cada comienzo de año suele ocurrir que haya movidas y enroques dentro del tren ejecutivo, y parece que ya comenzaron los cambios de funcionarios en las filas de Maduro, pero en el sector de las telecomunicaciones. Manuel Fernández, quien presidía CANTV desde junio de 2010, fue removido de su cargo y reemplazado por Gabriela Servilia Jiménez, quien es la ministra de Ciencia y Tecnología. Igualmente asumirá la presidencia de Industrias Canaima, que antes lideraba Luis Díaz. Otra designación formalizada por Delcy Rodríguez es la de Paola Carolina Gómez como presidenta de Edc Network Comunicaciones S.C.S., cargo que ocupaba Francisco José Ramírez Escalona. Aunque estas decisiones son de fecha 6 de enero se conocieron este martes, el día cuando Juan Guaidó anunció que comenzará a tomar acciones directas sobre el sector para nombrar una junta ad hoc de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y combatir la censura.
