Elecciones universitarias: Una lucha por la democracia y la autonomía

Cuando el 27 de febrero de 2020 se conoció vía Twitter y Facebook la nota de prensa sobre la sentencia 0047 bajo el título “Sala Constitucional del TSJ suspende medida cautelar consistente en celebrar elecciones de las autoridades de la UCV”, algunas personas se apresuraron a cantar victoria. Sin embargo, quienes tienen más de una década luchando por la autonomía universitaria y enfrentando las decisiones, e incluso largos silencios, del órgano judicial sabían que debían afrontar una nueva etapa en la defensa de las casas de estudio.

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, señaló que, aunque en la última decisión no se refleja el tiempo de seis meses fijado para la realización de las elecciones vencidas y no quedaron vacantes los cargos de las autoridades universitarias, no se sabe si realmente la suspensión por parte de la sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es parcial o temporal.

“Hay que hacer la aclaratoria, por eso ya se introdujo (la solicitud) y espero que ellos contesten. Yo creo que la presión está todavía sobre las universidades porque la Sentencia 0047 dice que hay que referirse a los parámetros que establece la Sentencia 00324; esos son los 5 sectores. En la 0047 no se habla de cuánto valen, pero al referirla a la 00324 te está diciendo que cada sector vale 20%, que el candidato a rector o rectora que se presente, si en la segunda vuelta gana 3 de los 5 sectores, ya es rector. Esos cinco sectores son profesores, estudiantes, egresados e incluye dos nuevos que son los trabajadores, los obreros y dentro de los trabajadores a los profesionales”, explicó.

García Arocha recuerda que la situación actual de las universidades la propició el mismo Tribunal Supremo de Justicia en el 2012. En esa oportunidad la UCV, mediante la Comisión Electoral, convocó a comicios para votar el 8 de junio en primera vuelta por el rector, los vicerrectores y el secretario, y fijó para el 15 de junio de ese mismo año la segunda vuelta. Sin embargo, la Sala Electoral del TSJ ordenó la suspensión del proceso por considerar que incumplía los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Dicho instrumento indica en su Artículo 34, numeral 3, que las universidades podrán elegir y nombrar a sus autoridades “en igualdad de condiciones de los derechos políticos” de los integrantes de la comunidad universitaria conformada por “los profesores, estudiantes, personal administrativo, obrero y egresados”.

Esto va en contra del Artículo 109 de la Constitución Nacional que señala que el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía y el claustro universitario lo integran profesores, estudiantes y egresados. “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”, indica el texto.

La rectora recuerda que se introdujo un recurso ante el TSJ por considerar inconstitucional la LOE. La respuesta llegó casi 9 años después con la Sentencia 00324, la cual no se pronuncia sobre el tema planteado y, además, pretende inmiscuirse en la forma en que la comunidad universitaria debe cambiar su reglamento para escoger a sus autoridades.

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, explicó que el concepto de democracia en las universidades es distinto al que se maneja al momento de votar en un municipio, estado o país, debido a que no se trata de una participación abierta, sino de los miembros de la academia.

Raffalli destacó que las medidas cautelares se revocan o suspenden así que una modificación es un hecho atípico e, incluso, confuso. “El problema matriz de esto es que la contaminación del claustro universitario se mantiene porque esta decisión (0047) que revoca la medida (00324) realmente no eliminó esa contaminación del claustro, sino que más bien la ratifica y, en consecuencia, hay que ver cómo van a hacer las universidades para reformar sus reglamentos internos y aproximarse a lo que dice esa decisión, pero tratando de mantener la autonomía universitaria en la elección de sus autoridades”, explicó.

El vicerrector académico de la UCV, Nicolás Bianco, señaló que no puede hablarse de victoria o éxito alguno para las universidades porque la decisión 0047 complica más el panorama que existía con la Sentencia 00324 dictada el 29 de agosto de 2019. Destacó que después de un trabajo arduo realizado desde esa fecha, en la Central se declaró en enero de 2020 un ambiente electoral; el 30 de abril tendrán los comicios de los egresados y esperan realizar posteriormente la elección de los representantes profesorales, decanales y rectorales.

Las competencias del ministro

La Sentencia 0047 ordena al ministro de Educación Universitaria, César Trompiz “en su condición de presidente del Consejo Nacional de Universidades” (CNU) hacer seguimiento al cumplimiento de la modificación de los reglamentos de las casas de estudio, conforme lo indica el fallo, e informar a la Sala Constitucional la ejecución de la decisión.

“El TSJ le puede pedir al Ministro que supervise que estas cosas se cumplan en las universidades, pero nosotros tenemos muy claro cuáles son las competencias del Ministro y no hay ninguna que lo obligue a él a supervisar lo que nosotros hacemos y mucho menos en materia electoral. Ahora bien, si él quiere conversar con nosotros, estamos a la orden, pero no negociaremos absolutamente nada. Yo soy una persona que no estoy negociando absolutamente nada. Yo estoy defendiendo a la universidad venezolana, pero eso no quita que yo me reúna o converse si me invita a conversar el Ministro. Nosotros los rectores podemos ir, pero no para negociar absolutamente nada, no para traicionar, porque más que negociar yo diría traicionar. Traicionar a la universidad y la autonomía nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer”, aseveró la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, quien reiteró que la Sentencia 0324 es inconstitucional, ilegal, anti autonómica e inejecutable.

El vicerrector académico de esa casa de estudios, Nicolás Bianco, advirtió que el Ministro de Educación Universitaria no tiene ninguna prerrogativa o derecho para vigilar las instituciones. Destacó que él es simplemente el presidente de Consejo Nacional de Universidades y la Ley y Reglamento son muy explícitos sobre las posibilidades que tendría el titular de la cartera ministerial para tomar una decisión.

“Nosotros no tenemos que andar llamando al ministro ni nada. Por el contrario, tendríamos que volver a reclamar que el Consejo Nacional de Universidades sea repuesto porque ha sido confiscado. Ellos hacen con él lo que les viene en gana, al igual que con dos cuerpos que son absolutamente subordinados al Consejo Nacional de Universidades como son la Secretaría Permanente y la OPSU. Que hayan delegado en el ministro es otra usurpación de poderes que incurrió la Sala Constitucional del TSJ, sin duda alguna”, señaló Bianco.

Por su parte, los estudiantes universitarios han manifestado que desconocen al Ministro y que, si bien es cierto que los centros de educación superior están sujetos a un presupuesto otorgado por el Ministerio, no están supeditados a éste para su organización y funcionamiento. “Nosotros vamos a seguir teniendo la voluntad de hacer las elecciones, de condicionar las elecciones bajo el sistema académico que rige la universidad, pero sin esas personas… Nos vamos a basar en nuestra autonomía. No vamos a tomar en cuenta a un TSJ, ni a un Ministerio”, expresó el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios.

Además, el representante estudiantil recordó que tampoco reconocen al Tribunal Supremo de Justicia por la forma en que fueron escogidos sus magistrados y éste no tiene cabida en las instituciones autónomas cuyas decisiones se toman en el Consejo Universitario, órgano superior de las casas de estudio.

Discusiones para reformar sus reglamentos

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, considera que la salida más inteligente que pueden tomar las universidades es evaluar su reglamento y estudiar qué normas pueden aplicarse para permitir un nivel de participación de los dos nuevos sectores, pero sin afectar el peso que debe tener el claustro universitario original.

“¿Quién es empleado y obrero?, ¿quién es un egresado?, ¿alguien que hizo un diplomado o una especialización es un egresado y tiene derecho a votar? Hay millones de aristas dentro de la gruesa definición que hizo la Sala. Por eso creo que hay que aprovecharlo y presentar una especie de muestra de reconocimiento de participación de esos sectores, aunque sea inconstitucional, y sin embargo mantener el peso de la Constitución en cuanto a que la decisión la tienen quienes están expresamente señalados en ella, y no en la Sentencia”, recomendó el experto.

La rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Jessy Divo de Romero, informó que desde hace tiempo evalúan su reglamento, dentro del marco de su autonomía. Indicó que siempre han creído necesario actualizar la legislación universitaria interna según las disposiciones del Artículo 109 de la Constitución y la Ley. Advirtió que cualquier modificación de los preceptos no es competencia de los Consejos Universitarios, sino de la Asamblea Nacional.

En su opinión, sí se le debe dar una participación al personal obrero y administrativo en la elección de las autoridades universitarias. “No creo en el 1 a 1. Nosotros somos una institución académica… No hemos definido el porcentaje de participación, pero naturalmente tiene que ser menor que el que tienen incluso nuestros estudiantes, no puede ser igual. Ellos son parte de nuestra comunidad, pero en la toma de decisión para escoger las autoridades académicas necesitamos que el peso mayor naturalmente sea en los miembros del personal docente y también después de nosotros los estudiantes, así como los egresados”, señaló.

En el caso de la UCV se instaló una comisión que recogerá las distintas propuestas sobre si se debe reformar o no el Reglamento para unas elecciones. El vicerrector académico, Nicolás Bianco, comentó que hay tres tendencias: Aceptar tal y como están las Sentencias 00324 y 0047; permitir algún tipo de participación proporcional de los sectores profesional, administrativo y obrero; o hacer las elecciones con el claustro original de docentes, estudiantes y egresados.

“Estamos trabajando arduamente para que esta comisión pueda terminar en un par de semanas, tres semanas, y tener una visión que llevaríamos al Consejo Universitario para tomar decisiones fundamentales, pero que en todo caso se separan del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a imposición se refiere. Nosotros no vamos a dejar a un lado lo que nos costó 50 años que es el carácter constitucional de ser profesor universitario. Nosotros no somos trabajadores universitarios como ellos pretenden. No, nosotros somos profesores, docentes de la UCV”, aseveró.

Por su parte la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, agregó que dicha comisión se reunirá con los distintos sectores y aunque sea complicado cambiar el claustro universitario, la mayoría no se opone a una participación bien justificada de los dos nuevos grupos. Eso sí, dejó claro que cualquier modificación será impulsada por la propia universidad y no impuesta. Recordó que las comisiones electorales son las encargadas de pasar a los Consejos Universitarios el cronograma y, una vez aprobado, se hará la convocatoria respectiva.

“Yo creo en la participación, eso está muy bien, pero esto es una institución académica.  No es un derecho político, esto no es ninguna alcaldía, ni ninguna gobernación. Esto es una comunidad en donde la academia tiene y debe predominar y por lo tanto deben ser electas las personas que están en la parte académica y ésta es la que tiene que orientar las diferentes políticas de una universidad. Hay muchas formas de participar en la selección de las autoridades de la universidad. Hay un plan estratégico que establece un consejo administrativo y uno académico. En ese consejo administrativo debe estar presente alguno de los sectores de la parte administrativa ¿Por qué no? Creo que los profesionales son muy importantes, al igual que los trabajadores y los obreros, pero la parte académica es de los académicos. Esta es una institución académica, formadora de jóvenes, al servicio del país”, expresó la rectora.

El presidente adjunto de la FCU-UCV, Luis Palacios, informó que desde el 27 de febrero los estudiantes llevan una agenda interna que incluye mesas de trabajo para recabar durante dos semanas las sugerencias y opiniones sobre la actualización o no del Reglamento. Posteriormente, se concentrarán en una asamblea para votar, llevarán el resultado ante la comisión y solicitarán al Consejo Universitario que se realicen las elecciones.

Palacios considera, a título personal y no en nombre de la FCU-UCV porque aún están en discusiones, que incorporar estos sectores de obreros, personal administrativo y profesional no puede implicar un voto igualitario. “La proporción de profesores no es la misma que la de estudiantes, o la de egresados y mucho menos a la de trabajadores administrativos y obreros… Yo no puedo tener en esos cinco o seis años que estoy en la universidad un voto igual que mi profesor que va a tener 10, 15, 20 años. El voto que yo pueda ejercer en ese momento que haya elecciones puede perjudicar o no a mi profesor que es el que va a estar haciendo academia. Unas personas que aportan al mantenimiento de nuestras universidades no pueden manejarse en un mismo voto; ni los egresados que ya no están tan cercanos a la realidad de la universidad”, argumentó.

Según el presidente adjunto de la FCU-UCV, en conversaciones con representantes del sector obrero, estos han expresado que no exigen un voto igualitario pero sí la posibilidad de poder participar en el proceso electoral.

El representante estudiantil explicó que en una reunión con la Comisión Electoral de la UCV, se les informó que a finales de julio podría comenzar el proceso comicial y posiblemente en noviembre darse en conjunto la elección de decanatos y rectorado; siempre y cuando en menos de dos meses estén los reglamentos.

Las autoridades universitarias reiteraron que quieren elecciones y, según señaló el vicerrector académico de la UCV, Nicolás Bianco, no han vacilado en promoverlas. Explicó que en el caso de esa casa de estudios están vencidos los cargos de rector, vicerrector académico y administrativo, y secretario; todos los decanos, los representantes profesorales, de egresados y en junio se cumple un año de las elecciones estudiantiles. Además, falta renovar la junta directiva de la Asociación de Profesores y de los sindicatos.

En el caso de la Universidad de Carabobo (UC), su rectora Jessy Divo de Romero indicó que también consultarán con todos los factores y la Comisión Electoral tendrá la responsabilidad de hacer la convocatoria. “No es competencia de los Consejos Universitarios, sino de la Comisión Electoral y nuestro consejo evaluará esa propuesta. Reglamentaremos con base en la consulta… No puedo hablar de fecha para los comicios porque no depende de nosotros, sino de la Comisión Electoral. No me he reunido con ellos, ellos son completamente autónomos en sus funciones y serán quienes nos informen a nosotros sobre el desarrollo de este proceso. Lo que sí es verdad es que la Universidad de Carabobo no va a actuar ajena a la postura de las universidades miembro de la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU)”, explicó.

En la UC están vencidas todas las autoridades decanales y rectorales, así como los representantes profesorales en los diferentes organismos de gobierno universitario, los representantes en los Consejos de Escuela, Facultad y Consejo Universitario.