En la aldea
20 mayo 2024

Chavismo desoye a los organismos internacionales en la batalla contra el Covid-19

Los informes emitidos por la ONU, la CIDH y la OIT exponen que las acciones adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro no son las adecuadas para enfrentar el coronavirus y sobre todo para asegurar la democracia y paliar los efectos sobre la economía. El panorama dibujado por los tres organismos deja en claro que el Covid-19 no solo está poniendo en riesgo las vidas de los venezolanos, sino sus ya debilitadas libertades civiles y políticas así como sus empobrecidos bolsillos.

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Juan Francisco Alonso | 24 abril 2020

“Guerra avisada no mata soldado y lo si lo mata es por descuidado”. En el chavismo parece que han olvidado este refrán popular, pues en lugar de atender las recomendaciones que los organismos internacionales vienen formulado para combatir el Covid-19; y hacerlo sin afectar la democracia y los Derechos Humanos, al tiempo que amortiguar sus efectos sobre la economía, han optado por mantener su tradicional conducta y hacerse de los oídos sordos.

Así lo dejan en claro los informes que a lo largo del mes de abril la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los cuales se observa que las medidas aplicadas por la administración de Nicolás Maduro no están en sintonía con lo propuesto por dichas instancias o son insuficientes e ineficaces.

Pese a que desde el Palacio de Miraflores se jactan de haber actuado rápidamente y haber impuesto duras medidas de distanciamiento y aislamiento físico, nada más detectar, el pasado 13 de marzo, los primeros casos del virus en el país, lo cierto es que en materia sanitaria no han seguido al pie de la letra las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo ha llamado a los gobiernos a realizar pruebas masivas para detectar el virus, pero en Venezuela esta medida no fue atendida, al menos al principio.

“En Venezuela es prácticamente inexistente el sistema crediticio o de préstamos a través de la banca, lo que frena las inversiones, el emprendimiento y la sostenibilidad y expansión del aparato productivo, comercial y de servicios”

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

“Hasta el 31 de marzo se han realizado 1.779 pruebas, con una tasa de 8% de casos positivos”, reveló la OCHA en un reporte publicado el 2 de abril, en el cual se deja claro que los datos fueron suministrados por las autoridades venezolanas. Los datos contrastan con lo sostenido por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien por los mismos días afirmó que se estaban practicando 3 mil pruebas diarias.

Las declaraciones de voceros oficiales han asegurado que estaban realizando más y más pruebas, gracias a que China envió 500 mil kits, han sido puestas en duda por las revelaciones de que el Instituto Nacional de Higiene (INH), el único ente oficial capacitado para analizar dichos estudios, solamente puede tramitar unas 100 pruebas diarias debido a la falta de equipos y de personal, informó recientemente la agencia Reuters.

La democracia y los DDHH a terapia intensiva

Pero posiblemente donde el comportamiento de las autoridades venezolanas se ha alejado más de lo recomendado por los organismos internacionales, es en lo relacionado con la protección de la democracia y las libertades individuales durante la pandemia.

Desde el 16 de marzo Maduro decretó un Estado de Alarma, con lo cual el país pasó a estar doblemente bajo Estado de Excepción, porque desde enero de 2016 está vigente el Estado de Emergencia Económica. Sin embargo, desde el Palacio de Miraflores no han cumplido con la obligación de notificar de esta decisión a la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció la CIDH el pasado 18 de abril, al pasar revista del grado de cumplimiento por parte de los gobiernos del Continente de la resolución que publicó ocho días antes para enfrentar la actual crisis sin afectar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La Comisión, en su primera revisión, expresó su “preocupación” ante las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información que había recibido.

En las primeras cuatro semanas del confinamiento, comunicadores y ciudadanos han sido detenidos y se les han abierto procedimientos penales por difundir informaciones sobre la pandemia o por expresar cuestionamientos a la gestión del Gobierno. La instancia con sede en Washington destacó los casos del periodista Darvinson Rojas, quien fue detenido y acusado por “instigación al odio e instigación pública” por publicar información sobre los contagios, y el caso del médico Julio Molino, quien habría sido acusado de “incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento” por lo que se habría dictado prisión domiciliaria en su contra, luego de denunciar el mal estado en el que se encuentra uno de los hospitales públicos venezolanos.

“Garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial”

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

La CIDH también tomó nota de las denuncias de bloqueos a sitios web o a Internet, como los sufridos a las páginas del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó; y en los que vivieron los habitantes de los estados Apure, Aragua, Guárico y Cojedes el día 19, de acuerdo a los reportes de la organización NetBlocks. Estos ejemplos son algunos de los 130 ataques contra la libertad de expresión que la organización Espacio Público ha contabilizado hasta el momento.

Pero la pandemia no ha impedido al Gobierno seguir con su ola represiva y así unos 10 colaboradores de Guaidó han sido aprehendidos, de acuerdo a una denuncia que desde el entorno del Presidente interino formularon a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Esta actitud representa una flagrante violación a lo dispuesto por la Comisión, la cual en su resolución sobre la pandemia, urgió a los Estados a “garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial”.

Y sobre el trabajo, oremos por él

Altos jerarcas del chavismo, como el fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, no ha dudado en utilizar la pandemia para atacar a otros gobiernos. “Superpotencias económicas mundiales, como EE.UU. e Inglaterra, construyen fosas comunes para enterrar miles de personas fallecidas a causa del Covid-19. La pandemia deja al descubierto que el capitalismo no invierte en la salud”, escribió recientemente en su cuenta de Twitter el otrora poeta.

Sin embargo, la OIT en un informe publicado este mismo mes de abril no dudó en tachar al sistema sanitario venezolano como “el más deficiente de América”, debido “a su limitado presupuesto, ínfimos salarios que paga a su personal fundamental y masiva migración de profesionales de la salud”.

Este reporte posiblemente sea el más duro de todos, pues el organismo con sede en Ginebra considera que el grueso de las medidas adoptadas por el Gobierno chavista para proteger los puestos de trabajo e ingresos de los trabajadores son “innecesarias”, “ineficientes” o “ineficaces”.

La primera es la inamovilidad laboral, por cuanto la misma ya estaba vigente desde antes de la pandemia y ella no había sido capaz de impedir el aumento del desempleo, el cual de menos de 10% en 2013 saltó a finales de 2019 a 47,2%, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual pronosticó que este año llegará a 50,5%.

El organismo tampoco valoró positivamente el “Bono Quédate en Casa”, por cuanto su monto de 450 mil bolívares (menos de 3 dólares) no ayuda a cubrir las necesidades de una familia, en especial en un país que vive su tercer año bajo una hiperinflación y cuya economía está dolarizada.

Por último, la OIT lamentó que las autoridades venezolanas no hayan tomado en cuenta sus recomendaciones y eximido del pago de impuestos a empresas, ni tampoco le hayan ofrecido a estas algún tipo de ayuda, en forma de créditos, para asegurar su pronta reactivación para el control de la pandemia.

“En Venezuela es prácticamente inexistente el sistema crediticio o de préstamos a través de la banca, lo que frena las inversiones, el emprendimiento y la sostenibilidad y expansión del aparato productivo, comercial y de servicios”, alertó.

El panorama dibujado por los tres organismos deja en claro que el Covid-19 no solo está poniendo en riesgo las vidas de los venezolanos, sino sus ya debilitadas libertades civiles y políticas así como sus empobrecidos bolsillos.

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